El presidente Gustavo Petro pidió al Gobierno suspender la entrega de subsidios de vivienda a las constructoras que aumenten los precios de los inmuebles indexándolos al salario mínimo, al considerar que esa práctica constituye una “estafa delictiva” contra los compradores.
El pronunciamiento del mandatario se da en medio del debate por el aumento del salario mínimo, que ha generado ajustes en distintos sectores de la economía, incluido el de la construcción. Petro cuestionó que algunas empresas estén informando a sus clientes que los precios de la vivienda deben subir en la misma proporción del incremento salarial.
“Eso no es cierto. El costo laboral es solo una parte del valor total de la vivienda y muchos materiales importados han bajado de precio”, afirmó el jefe de Estado, al tiempo que ordenó a las autoridades investigar y sancionar a quienes incurran en esa práctica.
En esa línea, instruyó al Ministerio de Vivienda a abstenerse de girar recursos de subsidio a las constructoras que, según dijo, estén perjudicando a los compradores mediante incrementos injustificados.
Respuesta del gremio constructor
Las declaraciones del Presidente provocaron una reacción inmediata de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que cuestionó el tono del mensaje presidencial y aseguró que el debate ha sido planteado desde la confrontación.
“El problema no es solo de fondo, sino de forma. Su aproximación ha sido desde la descalificación y la amenaza, no desde el diálogo técnico”, señaló el gremio, al advertir que ese lenguaje contradice los principios de “política del amor” y “paz total” promovidos por el propio Gobierno.
Camacol aclaró que los topes de precios de la vivienda de interés social (VIS) están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el actual Gobierno, y que estos valores están indexados al salario mínimo como límites máximos, no como aumentos automáticos.
“El gremio no ha definido incrementos de precios”, enfatizó Camacol, y agregó que el aumento del salario mínimo tomó por sorpresa a la economía y agravó una situación ya compleja para el sector.
Sector en alerta
Según el gremio constructor, en 2025 más de 24.000 familias desistieron de comprar vivienda tras la suspensión del programa Mi Casa Ya, lo que ha impactado de manera directa la demanda y la sostenibilidad del sector.
“En este contexto, nuestra prioridad no es la confrontación política, sino acompañar a los compradores y proteger la viabilidad de la construcción”, concluyó Camacol.
El cruce de declaraciones evidencia un nuevo foco de tensión entre el Gobierno y el sector privado, mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro de los subsidios y el acceso a vivienda para miles de familias colombianas.