La Procuraduría General de la Nación intervino de manera preventiva para frenar un polémico proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo que pretendía imponer un límite del 10 % al personal contratado a través de Empresas de Servicios Temporales (EST), una medida que habría puesto en riesgo a más de 474 mil trabajadores en misión en todo el país.
El Ministerio Público envió una comunicación formal al ministro Antonio Sanguino, en la que expuso reparos técnicos y constitucionales frente a la iniciativa, advirtiendo que la reglamentación debía ajustarse estrictamente a la protección de los derechos fundamentales y a la estabilidad del empleo formal.
De acuerdo con la Procuraduría Delegada para los Asuntos Civiles, del Trabajo y de la Seguridad Social, las EST generaron más de 50.000 empleos formales en 2025 y hoy concentran el 4,8 % del empleo formal dependiente en Colombia, lo que evidencia su peso en el mercado laboral.
El órgano de control alertó que imponer un tope del 10 % y restringir el trabajo en misión para actividades ligadas al objeto social de las empresas podría provocar un impacto negativo en la continuidad de miles de empleos, afectando directamente a trabajadores que hoy cuentan con vinculación formal.
Ante el llamado de atención, el Ministerio de Trabajo acogió las observaciones y aceptó la creación de una mesa técnica preventiva, que será liderada por la Procuraduría y contará con la participación de los distintos actores del sector laboral.
El objetivo de este espacio será analizar, debatir y ajustar el proyecto de decreto, con el fin de evitar decisiones que pongan en riesgo la estabilidad laboral y garantizar que cualquier modificación normativa respete los derechos colectivos y el empleo formal en Colombia.
Con esta intervención, la Procuraduría busca blindar a 474.188 trabajadores que podrían verse afectados por una regulación considerada desproporcionada y mantener el equilibrio entre control laboral y sostenibilidad del empleo.