El líder social y comunitario de Luruaco, Enildo Altamar, celebró la decisión del presidente Gustavo Petro de frenar la instalación de nuevos peajes en la Región Caribe, calificándola como una victoria para las comunidades, el comercio y el transporte regional.
La medida se consolida tras el acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Autopistas del Caribe S.A.S. para la liquidación anticipada del contrato de concesión del Corredor de Carga Cartagena–Barranquilla, lo que pone fin al litigio que avanzaba en un tribunal internacional y cierra un proceso marcado por dificultades para alcanzar el cierre financiero del proyecto.
Altamar aseguró que la decisión responde a una exigencia histórica de los habitantes del Caribe, quienes durante años han denunciado que los peajes se convirtieron en una carga excesiva para comerciantes, transportadores y ciudadanos que dependen diariamente de las vías para su sustento.
“Esta es una decisión que escucha al pueblo. En municipios como Luruaco, los peajes afectan directamente la economía local, encarecen los productos y dificultan la movilidad de la gente trabajadora”, afirmó.
Reversión de la vía y peajes a Invías
Según lo pactado, la concesión mantendrá la operación y el mantenimiento de la vía y de las estaciones de peaje por 200 días. Al finalizar ese plazo, la infraestructura será entregada al Instituto Nacional de Vías (Invías), incluidos los peajes de Turbaco, Sabanagrande y Galapa.
El director de la ANI, Óscar Torres, explicó que la terminación anticipada cumple compromisos con las comunidades:
“Llegamos a un compromiso con las comunidades y buscamos la terminación anticipada. El 29 de diciembre de 2025, por mutuo acuerdo, la concesión y la ANI establecimos esa terminación”.
Torres añadió que el proceso de reversión inicia el 2 de enero de 2026 y se espera culminar trámites hacia junio de 2026, para dejar el corredor en manos de Invías. También precisó que se garantizó el no cobro a las categorías 1 y 2, bajo resolución del Ministerio de Transporte.
Contexto y posiciones encontradas
La liquidación se da tras protestas sociales y desacuerdos por la instalación y el cobro de peajes, factores que afectaron el recaudo y la viabilidad del proyecto. En ese contexto, la concesionaria había demandado a la ANI en mayo de 2024 por más de $1,29 billones, monto que no será reconocido en su totalidad tras el acuerdo.
Desde el sector de infraestructura, el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Héctor Carbonell, lamentó la decisión, señalando que el corredor habría impulsado la competitividad regional y advirtiendo que los peajes continuarán operando bajo Invías y que no todo el recaudo se invertirá necesariamente en la misma vía.
En contraste, Rubén Llanos, vocero del Comité No Más Peaje, celebró la liquidación anticipada:
“Lo mejor es que no habrá una condena millonaria contra el Estado y que desde el 2 de enero, las categorías 1 y 2 pagarán cero pesos”.
Altamar cerró con un llamado al Gobierno Nacional para que el desarrollo vial del Caribe se construya con diálogo social y equidad territorial:
“No estamos en contra del progreso, pero sí de que siempre sea el Caribe el que cargue con los costos. Necesitamos vías dignas sin golpear el bolsillo de la gente”.
La decisión ha sido respaldada por líderes sociales y sectores ciudadanos del Caribe, que la consideran un paso clave hacia una política vial más justa para la región.