Una investigación periodística reveló presuntas comunicaciones que comprometerían a Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y al general Juan Miguel Huertas, con la estructura disidente de las Farc comandada por Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’.
Según el material divulgado, por medio del general Huertas las disidencias habrían tenido acceso anticipado a información sobre operaciones militares en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar.
En una de las comunicaciones, un integrante cercano a ‘Calarcá’ afirma que, gracias a gestiones del general Huertas, ese grupo ilegal obtuvo códigos de radio del Ejército, lo que les habría permitido conocer claves, frecuencias y movimientos de las tropas.
La investigación también señala que el general habría ofrecido contactos institucionales, movilidad, protección en retenes e incluso la creación de una empresa de seguridad para facilitar las operaciones del grupo criminal, aprovechando sus relaciones con funcionarios del Ministerio de Defensa, inteligencia militar y la DNI.
A estos señalamientos se suman dos testimonios presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por exmilitares que lo vinculan con casos de falsos positivos.
El teniente retirado Edwin Leonardo Toro relató que el entonces capitán Huertas le insinuó participar en un asesinato para ser presentado como baja en combate.
Por su parte, el subteniente Emerson Castañeda Morales declaró que el oficial ofrecía armas “en caso de que diéramos bajas y no tuvieran armamento”.
Frente a estos hechos, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión por tres meses del general Huertas y del funcionario de la DNI, Wilmar Mejía, mientras avanza la investigación por sus supuestos vínculos y suministro de información a miembros de las disidencias de las Farc.