El megaproyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, considerado la obra hidráulica más importante del Caribe colombiano en las últimas décadas, atraviesa una de sus peores crisis: la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) acumula un retraso de más de seis meses en los pagos al concesionario, poniendo en riesgo la estabilidad ecológica e hidráulica de toda la región.
El gobernador del Atlántico y presidente de la RAP Caribe, Eduardo Verano de la Rosa, elevó una alerta máxima al enviar una carta al presidente de la ANI, Óscar Javier Torres, exigiendo la priorización inmediata de los pagos pendientes, que ascienden a $492.381 millones desde junio de 2025.
“Sacyr tiene más de seis meses sin recibir pagos. Así es imposible que avance el proyecto al ritmo que el país necesita”, advirtió Verano.
¿Qué implica esta deuda?
La falta de recursos ya está afectando actividades esenciales, entre ellas:
- Dragado de mantenimiento para evitar sedimentación crítica.
- Protección de orillas para prevenir colapsos de taludes.
- Intervenciones hidráulicas que reducen riesgos de inundaciones.
- Programas sociales y ambientales con comunidades ribereñas.
Según la RAP Caribe, la suspensión del dragado compromete la estabilidad del sistema hídrico, acelera la degradación de ecosistemas y abre la puerta a graves emergencias ambientales.
⚠ Cartagena, en riesgo: la ciudad podría quedarse sin regulación hídrica
Uno de los principales puntos de alerta es la situación en Puerto Badel, donde la exclusa proyectada garantizaría el suministro estable de agua hacia Cartagena.
El retraso en las obras podría llevar, incluso, al cierre de la dársena que permite la navegabilidad alrededor de la ciudad.
La crisis no solo amenaza la operación portuaria y turística, sino también la estabilidad ecológica de:
- La Bahía de Cartagena,
- La Ciénaga de la Virgen,
- Manglares y cuerpos de agua altamente vulnerables del litoral.
Más de 1,5 millones de personas expuestas a inundaciones
Según el gobernador Verano, el impacto de la parálisis pondría en riesgo directo a familias en Atlántico, Bolívar y Sucre, con consecuencias que van desde:
- Inundaciones masivas,
- Afectaciones en vivienda,
- Pérdida de cultivos y pesca,
- Riesgo para la seguridad alimentaria.
Riesgos jurídicos millonarios para el Estado
La RAP Caribe advirtió que el incumplimiento de la ANI podría desencadenar:
- Demandas contractuales,
- Procesos arbitrales,
- Indemnizaciones multimillonarias,
- O incluso la liquidación anticipada del contrato, considerado estratégico para la nación.
Verano pidió que se convoque de inmediato una mesa de conciliación y acuerdo de pago, con acompañamiento de la RAP Caribe, para evitar que la situación escale.
Una advertencia final
La región insiste en que el Estado debe actuar ya. Cada mes de retraso profundiza el deterioro de los ecosistemas y aumenta el riesgo de desastres.
“Estamos ante una amenaza real para el Caribe colombiano. No es un problema financiero: es un problema de supervivencia ambiental y social”, concluyó la RAP Caribe.