La controversia política del día gira en torno a la Unión Patriótica (UP), luego de que una hora después de que se revelara una carta en la que el partido aceptaba los cargos del CNE por presunta violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro (2022-2026), su representante legal, Gabriel Becerra Yáñez, anunció una retractación parcial a través de redes sociales.
En su comunicado, la UP afirmó que la retractación se realiza tras “advertirse errores en la identificación de los magistrados y del objeto del proceso”, lo cual habría inducido a un error material en la aceptación inicial. “En consecuencia, la retractación resulta válida y ajustada a derecho, toda vez que no se ha proferido ningún acto administrativo definitivo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, señala el trino oficial del partido.
No obstante, fuentes del Consejo Nacional Electoral aclararon a EL TIEMPO que no han recibido ningún documento formal revocando la aceptación. “Al CNE no se le notifica por redes sociales”, dijo una fuente del organismo, agregando que la retractación solo será válida una vez se radique oficialmente.
¿Qué dice la retractación?
El nuevo comunicado de la UP explica que la aceptación inicial “no reflejó una voluntad plenamente informada ni libre”, ya que no se precisaron los magistrados ponentes ni el alcance del expediente CNE-E-DG-2023-002164. Por ello, el partido solicitó dejar sin efectos esa aceptación, aunque mantiene en firme su allanamiento en otros dos expedientes ante el CNE.
En la carta firmada por Gabriel Becerra, la colectividad insiste en que mantener la aceptación habría significado desconocer su “posición histórica de oposición frente a los cargos formulados”. Aun así, reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia dentro del proceso de fusión que dio origen al Pacto Histórico, movimiento que busca consolidar su personería jurídica plena.
Fuentes del CNE confirmaron que el ente electoral evaluará la validez de la retractación y el alcance jurídico de la aceptación previa. En caso de mantenerse el allanamiento, la campaña de Petro y su gerente, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, podrían ser sancionados por superar los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos.
El episodio deja en evidencia las tensiones internas dentro del Pacto Histórico y la sensibilidad política que rodea las investigaciones por financiación electoral del 2022, en las que la Unión Patriótica ahora busca aclarar su papel.