El pasado 21 de octubre, Luis Carlos Leal, ex Superintendente Nacional de Salud, reveló un presunto entramado de corrupción dentro de varias Entidades Prestadoras de Salud (EPS) intervenidas por la Superintendencia. Sin embargo, solo una semana después, el Gobierno Nacional decidió removerlo de su cargo, lo que ha suscitado inquietudes sobre la continuidad de la lucha contra la corrupción en el país.
Por David Awad V.
Una semana después de que el entonces Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, denunciara una presunta red de corrupción dentro de varias Entidades Prestadoras de Salud (EPS) intervenidas, el Gobierno Nacional decidió removerlo de su cargo. Este hecho se suma a la preocupante tendencia de destituciones de funcionarios que han intentado combatir la corrupción en el país, especialmente bajo la administración del presidente Gustavo Petro.
En septiembre, Leal había ordenado auditorías en las EPS intervenidas, las cuales revelaron posibles irregularidades en la gestión de los fondos asignados a estas entidades. Posteriormente, el 21 de octubre, Leal dio a conocer hallazgos que involucraban a varias EPS, tres de las cuales están actualmente bajo la supervisión de la Supersalud.
Las EPS involucradas en esta controversia son:
- Coosalud EPS S.A.
- Servicio Occidental de Salud S.A. (S.O.S.)
- Asmet Salud EPS S.A.S.
- Emssanar EPS S.A.S.
Las investigaciones apuntan a un entramado destinado a la postulación y direccionamiento de contratos y recursos, lo que generó alarmas sobre la integridad de estas instituciones. Según Leal, Mario Andrés Urán, un conocido lobista y experto en el sistema de salud, estaría vinculado a estas irregularidades, lo que pone de relieve la compleja interacción entre la política y el sector salud en Colombia.
Este caso no solo destaca la lucha interna contra la corrupción, sino que también plantea serias preguntas sobre el compromiso del Gobierno en abordar de manera efectiva estas prácticas. La situación exige un mayor escrutinio y acciones decididas para salvaguardar los recursos destinados a la salud pública y restaurar la confianza de los ciudadanos en el sistema.
Este caso no es aislado; Leal se suma a una serie de funcionarios que han enfrentado el fenómeno de la corrupción y han sido destituidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En septiembre, Leal había ordenado auditorías en las EPS intervenidas, descubriendo irregularidades significativas en la gestión de fondos.
Las investigaciones preliminares indican que se habría encontrado un entramado destinado al direccionamiento de contratos y recursos hacia estas instituciones, lo que pone de manifiesto la complejidad de la corrupción en el sector salud colombiano. Entre los hallazgos, se menciona la influencia de Mario Andrés Urán, un lobista vinculado al manejo de recursos en las EPS, quien presuntamente habría tenido un papel clave en la asignación irregular de contratos.
La situación resalta la necesidad urgente de implementar medidas más efectivas de transparencia y rendición de cuentas en el sistema de salud, dado que las irregularidades no solo afectan a los recursos destinados a la atención médica, sino que también comprometen la confianza de los ciudadanos en el sistema público.
Estos fueron los hallazgos Alarmantes sobre Mario Andrés Urán
Una reciente investigación realizada por la entidad de vigilancia de salud ha revelado serias irregularidades en la gestión de varias Entidades Prestadoras de Salud (EPS), centrando la atención en Mario Andrés Urán, asesor en Coosalud EPS. Los hallazgos apuntan a una red de corrupción que compromete la integridad del sistema de salud en Colombia.
Entre las principales conclusiones de la investigación se encuentran:
- Confabulación para la Asignación de Contratos: Se sospecha que Urán influyó en la asignación de contratos hacia ciertas Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) específicas dentro de las EPS intervenidas, incluyendo S.O.S., Asmet Salud y Emssanar. Esto sugiere un uso indebido de su posición para beneficiar a determinadas entidades.
- Concentración de Pagos Sin Justificación: La investigación detectó que se realizaron pagos concentrados a ciertas IPS sin razones justificadas. Esta práctica habría afectado la distribución equitativa de recursos a otras entidades de salud, generando desigualdades en el acceso a servicios.
- Sobrecostos por Uso de Terceros: Se ha identificado que se generaron sobrecostos al contratar a terceros para llevar a cabo funciones que deberían ser desempeñadas por los agentes interventores. Esto plantea dudas sobre la eficiencia en la administración de los recursos públicos.
- Autorización de Giros Condicionada: Los hallazgos indican que los interventores solicitaban autorización a Urán para realizar giros directos de recursos, lo que sugiere un control indebido sobre las decisiones financieras, comprometiendo la transparencia del manejo de fondos.
- Favorecimiento de Laboratorios y Productos Específicos: Se presume que Urán, en complicidad con Indira Ocando y Tony Negrette, habría diseñado un plan de compras para beneficiar a ciertos laboratorios y marcas, lo que podría haber desviado recursos destinados a mejorar la atención en salud.
- Perfilamiento de Funcionarios de la Supersalud: La investigación reveló solicitudes de perfilamiento de funcionarios de la Superintendencia, lo que representa un grave riesgo para su seguridad y podría interferir en sus labores de inspección y control.
Estos hallazgos han generado una ola de preocupación sobre la gestión de las EPS y el uso de fondos públicos en el sector salud. La situación exige una respuesta contundente de las autoridades para investigar a fondo y restaurar la confianza en el sistema de salud del país. La lucha contra la corrupción en este sector se vuelve cada vez más urgente, mientras se busca asegurar que los recursos se destinen efectivamente a mejorar la atención a los ciudadanos.
Las nuevas revelaciones sobre servicios de salud
En el contexto de una creciente preocupación por la corrupción en el sistema de salud en Colombia, varias Entidades Prestadoras de Salud (EPS) han sido intervenidas por el Gobierno, destacándose casos como el de Servicio Occidental de Salud (SOS), Asmet Salud y Emssanar. Estos procedimientos buscan abordar las irregularidades y garantizar la atención adecuada a los ciudadanos.
Servicio Occidental de Salud (SOS)
La EPS SOS, que cuenta con aproximadamente 750,000 usuarios, principalmente en el Valle del Cauca, fue la sexta EPS intervenida durante la administración del presidente Gustavo Petro. La intervención, llevada a cabo en abril de 2024, se debió a problemas estructurales en su operación. Carlos Marino Escobar Vásquez fue designado como el interventor de la entidad, con un mandato que se extenderá hasta el 10 de abril de 2025.
Asmet Salud
Asmet Salud también fue intervenida debido a constantes fallas en la atención a sus afiliados y una crítica situación financiera. En el momento de la intervención, la EPS tenía más de 2 millones de afiliados distribuidos en 12 departamentos del país. El doctor Rafael Joaquín Manjarrés González fue nombrado como interventor, aportando su experiencia como médico y especialista en seguridad social y seguros.
Emssanar EPS
La intervención de Emssanar, que se llevó a cabo en junio de 2024, se centró en la grave crisis financiera que atravesaba, con una cartera de obligaciones cercana a los $495 mil millones para mayo de 2024. Esta EPS tiene una fuerte presencia en los distritos especiales de Cali y Buenaventura, así como en los departamentos de Nariño y Putumayo. El doctor César Augusto Sánchez fue designado como el agente interventor para manejar la situación.
Implicaciones de la intervención
La intervención de estas EPS es un reflejo de la lucha del Gobierno por enfrentar la corrupción en el sector salud. Sin embargo, los hallazgos realizados por el ex Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, han puesto en duda la eficacia de estas medidas. Antes de su salida del cargo, Leal logró entregar evidencias a la Fiscalía sobre las irregularidades, indicando que a pesar de las intervenciones, las EPS seguían siendo objeto de manipulaciones que comprometen los recursos públicos.
La situación en estas EPS evidencia la necesidad de una reforma profunda en el sistema de salud colombiano. La intervención no solo busca corregir fallas operativas, sino también restablecer la confianza de los ciudadanos en un sector que es fundamental para el bienestar del país. A medida que las investigaciones continúan, la atención se centra en garantizar que los recursos destinados a la salud se utilicen de manera adecuada y transparente.
¿Qué papel jugaría Mario Andrés Urán en este escándalo
El reciente escándalo de corrupción en varias Entidades Prestadoras de Salud (EPS) en Colombia ha puesto en el centro de la controversia a Mario Andrés Urán, un ex asesor de Coosalud con vínculos cercanos al Gobierno de Gustavo Petro. La denuncia presentada por el ex Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, destaca la supuesta participación de Urán en un entramado de desvío de fondos y manipulación de contratos dentro de las EPS intervenidas.
Desvío de fondos y manipulación de pagos
Según el informe de 34 páginas, la auditoría realizada por la Superintendencia de Salud reveló que fondos destinados a la atención médica podrían haber sido desviados hacia paraísos fiscales. La investigación indica que Urán, en su rol de asesor, influyó en la asignación de pagos a clínicas y hospitales, siendo informado sobre estas transacciones antes de que fueran enviadas a la Superintendencia.
Documentos internos y correos electrónicos identificados como ‘Postulación final GD RS Julio’ y ‘Certificaciones abril a junio 2024’ sugieren que Urán recibió solicitudes de pagos desde EPS intervenidas, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de estas gestiones.
Conexiones y apoyos
Urán supuestamente contaba con el respaldo de otros individuos, como Indira Ocando y Tony Negrete, quienes actuaban como intermediarios con empresas de auditoría en el sector salud. Esta red le habría permitido manipular información crítica y gestionar pagos de manera irregular. Parte de los fondos desviados se habrían dirigido a empresas controladas por Ventum Investments 2020, registrada en las Islas Caimán, lo que agrava aún más las acusaciones en su contra.
Un historial cuestionable
El historial de Urán en el sector salud ha sido objeto de críticas. Su paso por Caprecom y Roche estuvo marcado por presuntas irregularidades, incluida la manipulación de procesos de contratación que facilitaron el desfalco de recursos públicos. Investigaciones anteriores han señalado que Urán debilitó los requisitos de contratación en Caprecom, permitiendo que empresas como Distritodo y Farmared se beneficiaran de manera indebida.
A pesar de estas acusaciones, las investigaciones no han avanzado significativamente, dejando entrever un ambiente de impunidad que rodea a Urán y a sus cómplices.
Implicaciones políticas
El caso de Urán ha generado interrogantes sobre sus conexiones con altos funcionarios del Gobierno y cómo estas relaciones podrían haber influido en la gestión de las EPS. Se especula que la salida de Leal de la Superintendencia estuvo relacionada con su papel en la denuncia de estas irregularidades, sugiriendo un conflicto interno en la administración actual.
Un ciclo de corrupción
El escándalo en torno a Mario Andrés Urán y las EPS intervenidas es un ejemplo más de cómo la corrupción se ha arraigado en el sistema de salud colombiano. Las constantes denuncias y los intentos de intervención no parecen suficientes para romper el ciclo de impunidad que devora los recursos públicos y erosiona la confianza de los ciudadanos. Es urgente que Colombia enfrente esta “Matrix” de corrupción y tome medidas efectivas para garantizar la transparencia y la integridad en su sistema de salud.
La investigación sobre este caso continúa, y se espera que se tomen decisiones contundentes para abordar la corrupción y proteger la integridad del sistema de salud en Colombia. La remoción de Leal plantea preguntas sobre el futuro de los esfuerzos por erradicar prácticas corruptas en el sector, lo que podría tener implicaciones significativas para la administración actual y la salud pública en el país.
