En una decisión altamente polémica, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha autorizado a la administración del expresidente Donald Trump a reanudar el desmantelamiento del Departamento de Educación, en una medida que podría provocar el despido de más de 1.400 trabajadores federales y la transferencia de funciones clave a otras agencias del gobierno.
El fallo, emitido este lunes, levanta temporalmente una orden judicial que había bloqueado el proceso, permitiendo que la Casa Blanca continúe con su plan mientras el caso sigue su curso en tribunales inferiores. Aunque no se trata de una decisión final sobre el fondo del litigio, la autorización marca un importante avance para los planes de Trump en su segundo mandato.
Un fallo dividido
La decisión fue adoptada por la mayoría conservadora del alto tribunal, mientras que los jueces de tendencia liberal expresaron su fuerte desacuerdo. En una opinión disidente, calificaron la decisión como «indefendible» y advirtieron sobre el precedente que sienta al permitir que el Ejecutivo desmantele una agencia federal que, por ley, solo el Congreso tiene la autoridad de eliminar o reestructurar completamente.
“Esta decisión socava el equilibrio constitucional de poderes y expone a miles de empleados federales a decisiones arbitrarias del Ejecutivo”, escribió en su disenso la jueza Ketanji Brown Jackson.
El plan de Trump
Desde su campaña, Trump ha prometido una reducción drástica del tamaño del gobierno federal, y el cierre del Departamento de Educación ha sido una de sus banderas políticas más controversiales. La Casa Blanca argumenta que muchas de las funciones de esta dependencia pueden ser mejor gestionadas por agencias estatales o redistribuidas a entidades como el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el de Asuntos de Veteranos.
Voceros de la administración afirmaron que la medida busca “descentralizar la educación y devolver el control a los estados y a las familias”.
Sindicatos y defensores de la educación reaccionan
La decisión del Supremo ha generado fuerte rechazo por parte de organizaciones sindicales y defensores de la educación pública, que consideran el plan como una amenaza directa al acceso equitativo a la educación en EE.UU.
“La eliminación del Departamento de Educación pone en riesgo programas esenciales como el financiamiento de escuelas públicas, becas estudiantiles, protecciones a estudiantes con discapacidad y el cumplimiento de derechos civiles en entornos educativos”, advirtió Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros (AFT).
Un litigio aún en curso
Aunque el fallo permite continuar temporalmente con el plan de desmantelamiento, la batalla legal no ha terminado. El litigio continúa en cortes inferiores, y expertos constitucionales señalan que el caso podría regresar a la Corte Suprema en busca de una decisión definitiva sobre si el Ejecutivo tiene o no autoridad para reestructurar o eliminar agencias federales sin aprobación legislativa.
