Un desalojo de vendedores de frutas y verduras en el mercado de granos de Barranquilla ha desencadenado una ola de críticas y denuncias por parte de la comunidad y representantes de derechos humanos.
La situación ocurrió cuando funcionarios de la alcaldía, acompañados por la Policía, llevaron a cabo un operativo para desalojar a los comerciantes.
El señor Julián Álvarez, señalado como el jefe del operativo de desalojo, fue cuestionado por la veeduría sobre la legalidad del procedimiento. Inicialmente, Álvarez indicó que los documentos pertinentes se encontraban en el cuarto piso de la alcaldía, pero posteriormente afirmó que no podía mostrarlos. Esta falta de transparencia ha llevado a la sospecha de que no contaba con la documentación necesaria para justificar el desalojo.
Además, el operativo se llevó a cabo sin la presencia de organismos de control como la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Procuraduría y la Contraloría, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la legalidad del mismo. Los vendedores, que dependen de su actividad para sobrevivir, denunciaron que la administración de Alejandro Char ha actuado de manera arbitraria y sin considerar sus derechos.
Los comerciantes y defensores de derechos humanos exigen una revisión de los procedimientos utilizados por la administración local y un diálogo abierto para encontrar soluciones que respeten el derecho al trabajo y la propiedad. La situación en el mercado de Barranquilla pone de manifiesto la tensión entre las autoridades y los vendedores informales, así como la necesidad de un enfoque más equitativo y transparente en la gestión del espacio público.
