Se declara víctima de extorsión paramilitar
En medio de un juicio cargado de tensiones históricas, familiares y judiciales, Silvia Gette Ponce, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, fue interrogada este martes en audiencia pública por su presunta responsabilidad en el asesinato del arquitecto Fernando César Cepeda Vargas, ocurrido en agosto de 2003.
La Fiscalía sostiene que Gette habría pagado 150 millones de pesos al Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para ejecutar el crimen. Cepeda era yerno de Mario Ceballos Araújo, fundador de la universidad, y la teoría del ente acusador apunta a un móvil relacionado con disputas de poder y control patrimonial dentro del entorno familiar y universitario.
Sin embargo, Silvia Gette negó de manera categórica las acusaciones durante su intervención. “Fui víctima de extorsión, no autora intelectual de ningún crimen”, afirmó, señalando directamente al exjefe paramilitar alias «Don Antonio», como quien habría intentado chantajearla utilizando su nombre en el caso.
Una herencia y un crimen sin cerrar
Según la defensa de Gette, el trasfondo del asesinato no es un ajuste de cuentas ni una orden paramilitar promovida por la exrectora, sino una compleja disputa familiar por la herencia del fundador de la universidad. Esa versión, sin embargo, ha sido cuestionada por los abogados de la parte civil, quienes insisten en que existen testimonios y antecedentes que vinculan a Gette con miembros de las AUC.
La audiencia, que se celebraba en el marco del juicio oral, fue suspendida debido a la falta de pruebas documentales presentadas por la Fiscalía, que debía sustentar parte clave de su acusación. El juez determinó que el proceso se reanude el próximo 17 de julio, fecha en la que se espera que las partes puedan presentar nuevos elementos de prueba y contrainterrogar a los testigos pendientes.
Un caso que persigue a la exrectora
Silvia Gette ya había enfrentado en el pasado varios procesos judiciales, incluidos cargos por enriquecimiento ilícito, corrupción y concierto para delinquir, aunque ha sido absuelta o ha logrado acuerdos judiciales en varios de ellos. El caso del asesinato de Cepeda, sin embargo, ha sido el de mayor impacto simbólico y mediático, tanto por la naturaleza del crimen como por las figuras involucradas.
Cepeda fue asesinado en una vía rural de Atlántico por sicarios al servicio de las AUC. Su crimen permaneció durante años en la impunidad hasta que, tras versiones entregadas por desmovilizados en el proceso de Justicia y Paz, el nombre de Gette apareció como presunta instigadora del homicidio.
Próxima audiencia: claves por resolverse
Para la audiencia de julio, se espera que la Fiscalía aporte documentación que respalde los testimonios entregados por exparamilitares, además de registros financieros que —según el ente investigador— demostrarían movimientos sospechosos de dinero desde cuentas vinculadas a Gette.
Por su parte, la defensa insistirá en que no existen pruebas materiales que vinculen directamente a su clienta con el asesinato, y que se trata de una persecución judicial motivada por conflictos internos tras la muerte de Mario Ceballos.
El caso sigue siendo uno de los más emblemáticos en la historia judicial reciente de Barranquilla, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino porque pone en tela de juicio los vínculos entre élites académicas, crimen organizado y grupos armados ilegales en la Costa Caribe durante las décadas pasadas.
