El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales continúa aumentando en Colombia. Según cifras presentadas por Unicef, cada 22 horas un menor de edad es incorporado a estas organizaciones, una situación que registró un incremento del 300 % entre 2019 y 2024.
La alerta fue expuesta por Anna Azaryeva Valente, representante adjunta de Unicef en Colombia, durante una entrevista en la que analizó los resultados de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Prevención del Reclutamiento, realizada en Bogotá con participación de Suecia, Canadá y Naciones Unidas.
De acuerdo con los datos divulgados, más de 1.570 menores fueron reclutados en los últimos cinco años. La funcionaria advirtió que las cifras podrían ser mayores debido a que muchas víctimas y sus familias no denuncian estos hechos por temor a represalias.
Azaryeva también señaló que la ONU ha verificado más de 2.500 violaciones contra los derechos de la niñez en el país.
371 menores reclutados durante 2025
El panorama del último año también genera preocupación. Durante 2025 se documentó el reclutamiento de 371 niños, niñas y adolescentes. De ellos, al menos 39 murieron, seis resultaron heridos o mutilados y 16 fueron víctimas de violencia sexual, según los datos expuestos.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes figuran entre las más afectadas. Cerca del 40 % de las víctimas registradas durante 2025 pertenecían a estos grupos poblacionales.
Los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó, en la región Pacífica, así como sectores de la frontera con Venezuela, concentran buena parte de los casos reportados.
Las redes sociales, una nueva herramienta de captación
Unicef también advirtió sobre el uso de plataformas digitales y redes sociales para acercarse a menores de edad, establecer contacto con ellos y facilitar su vinculación a estructuras armadas.
La organización considera que esta modalidad amplía los riesgos para niños y adolescentes, especialmente en comunidades expuestas a la violencia y con pocas posibilidades de protección.
Las cifras presentadas reflejan la persistencia del reclutamiento infantil y la necesidad de reforzar las medidas de prevención, protección y atención a las víctimas en los territorios afectados.







