El presidente Abelardo De la Espriella habría ordenado a los interventores de las EPS bajo control del Estado abstenerse de sostener reuniones, encuentros o comunicaciones con el médico y empresario Mario Andrés Urán, quien es mencionado en investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de recursos del sistema de salud.
La directriz busca evitar que asesores externos tengan incidencia en las decisiones administrativas y financieras de las entidades intervenidas, entre ellas Emssanar, Asmet Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Las investigaciones que rodean a Mario Urán
Según los señalamientos que son materia de investigación, Urán habría tenido acceso a información financiera reservada de estas EPS, incluidos presupuestos y listados de pagos a hospitales, pese a que su participación estaría relacionada con labores de asesoría externa a través de la firma Coosalud.
Las pesquisas también buscan determinar si hubo direccionamiento de recursos hacia determinadas clínicas y laboratorios. Entre los asuntos examinados aparecen al menos 20 contratos considerados sospechosos y una posible participación no declarada de Urán en una clínica que habría recibido más de $59.000 millones.
Otro de los puntos bajo revisión es un eventual intento de adjudicación de un contrato por $180.000 millones mediante una presunta estructura paralela de contratación.
Antecedentes y respuesta de la defensa
El caso tiene antecedentes en octubre de 2024, cuando el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, puso en conocimiento de la Fiscalía posibles irregularidades relacionadas con este entramado.
Por su parte, el abogado Andrés Garzón, representante de Mario Andrés Urán, ha rechazado los señalamientos. Según su defensa, el empresario no tenía facultades legales para ordenar, autorizar o desviar pagos del sistema de salud, pues esas decisiones correspondían exclusivamente a los interventores designados por el Estado. También sostiene que su participación era de carácter técnico.
La directriz atribuida al mandatario contempla que los interventores que incumplan la restricción de contacto podrían ser separados de sus cargos.
El proceso continúa bajo investigación y, según la información suministrada, no existen imputaciones ni condenas en firme contra Urán por estos hechos. Las posibles responsabilidades deberán establecerse mediante las actuaciones de las autoridades judiciales.
