La recuperación de la seguridad en Colombia exigirá tiempo, recursos, inteligencia y una estrategia militar sostenida. Ese es el planteamiento central de un análisis sobre los desafíos que enfrenta el Gobierno de Abelardo De La Espriella frente al control territorial de las organizaciones criminales, las guerrillas y las estructuras armadas ilegales.
El país arrastra problemas de capacidad operativa en sus Fuerzas Militares y la Policía. La falta de personal suficiente, las dificultades de mantenimiento de aeronaves, las limitaciones tecnológicas y el deterioro de las capacidades de inteligencia representan obstáculos para recuperar territorios donde los grupos armados han conseguido imponer sus propias reglas.
Por eso, aunque el cambio hacia una política de seguridad más estricta fue una de las principales apuestas de De La Espriella, sus resultados dependerán de decisiones concretas y de una ejecución que difícilmente podrá cubrir todos los territorios al mismo tiempo.
Uno de los primeros retos será recuperar la moral, la disciplina y la confianza de los integrantes de la Fuerza Pública, además de garantizar condiciones para que soldados y policías puedan cumplir sus funciones. A esto se suma la necesidad de investigar posibles hechos de corrupción dentro de las instituciones, especialmente aquellos relacionados con la protección de estructuras criminales o la obstrucción de operaciones.
El análisis también plantea la necesidad de establecer mecanismos independientes para recibir denuncias contra mandos militares y policiales, con garantías de transparencia, imparcialidad y protección para quienes reporten irregularidades.
Planadas, un ejemplo de dónde concentrar los esfuerzos
Uno de los casos que merece atención es el de Planadas, en el sur del Tolima, donde las autoridades locales han enfrentado la minería ilegal y la expansión de estructuras armadas que buscan controlar corredores estratégicos.
La situación contrasta con la de municipios vecinos como Ataco, donde la actividad minera ilegal ha generado problemas de ocupación territorial y presión sobre los recursos naturales.
La reciente operación militar contra la minería ilegal en esta zona representa una intervención que necesitaría continuidad. Entre las medidas propuestas están mantener presencia permanente de la Fuerza Pública, instalar un batallón de alta montaña, controlar los corredores hacia Cauca y Huila e investigar los predios que presuntamente facilitan actividades criminales mediante mecanismos como la extinción de dominio, siempre con las garantías legales correspondientes.
La preocupación también se extiende a la posible expansión de estructuras vinculadas a las disidencias de las Farc, entre ellas la Segunda Marquetalia y los frentes asociados a alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Los corredores rurales del sur del Tolima y su conexión con el Huila requieren seguimiento militar y judicial.
La estrategia debe comenzar por las zonas donde todavía existe voluntad de defender la legalidad
Una de las propuestas más relevantes consiste en priorizar municipios y comunidades que mantienen actividades económicas legales y han manifestado disposición a enfrentar la presencia de organizaciones criminales.
Esto permitiría concentrar inicialmente los recursos en territorios donde la intervención estatal tenga mayores posibilidades de producir resultados sostenibles, sin abandonar a las poblaciones sometidas al control de grupos armados.
El desafío para De La Espriella será establecer un orden de prioridades: identificar las zonas de mayor riesgo, recuperar corredores estratégicos, proteger a las comunidades, garantizar presencia institucional y evitar que las operaciones militares se conviertan en intervenciones aisladas.
¿Qué tendría que hacer el Gobierno?
Una estrategia viable debería contemplar cinco acciones:
* Elaborar un mapa actualizado de las zonas rojas, identificando estructuras armadas, economías ilegales y corredores de movilidad.
* Concentrar inicialmente las capacidades militares y policiales en territorios estratégicos, con operaciones sostenidas y objetivos verificables.
* Recuperar la inteligencia militar y policial, mejorar la vigilancia con drones y garantizar el mantenimiento de aeronaves y equipos.
* Fortalecer la investigación judicial y financiera para perseguir las rentas criminales, la corrupción y los bienes utilizados por las organizaciones ilegales.
* Mantener presencia estatal después de las operaciones, mediante inversión social, justicia, educación, vías y oportunidades económicas legales.
El principal riesgo sería anunciar grandes ofensivas sin contar con la capacidad logística para mantenerlas. Recuperar el control territorial requiere que, después de la entrada del Ejército, permanezcan las instituciones y se proteja a las comunidades.
Colombia enfrenta un problema de seguridad que no se resolverá de inmediato. De La Espriella tendrá que demostrar que su política de mano dura puede traducirse en resultados medibles, comenzando por las zonas donde la población vive bajo amenazas, extorsiones, desplazamientos y restricciones impuestas por grupos armados.
La prioridad debe ser recuperar territorios estratégicos y evitar que las estructuras criminales sigan ampliando su dominio mientras el Estado intenta responder simultáneamente a todos los frentes.
