El proyecto de ley de sometimiento aprobado por el Senado llegó a su etapa decisiva en la Cámara de Representantes, que debe determinar si acoge el mismo texto o introduce modificaciones que obliguen a una conciliación entre ambas corporaciones.
La iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella establece un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas y estructuras criminales puedan someterse a la justicia a cambio de beneficios penales, siempre que cumplan condiciones como entregar las armas, suministrar información sobre sus redes, revelar bienes y economías ilegales, contribuir al esclarecimiento de delitos y reparar a las víctimas.
Durante el trámite en el Senado fue eliminado el artículo 25, relacionado con la contratación en el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Dos caminos para el proyecto
La Cámara tiene dos alternativas: aprobar el texto exactamente como salió del Senado, lo que permitiría enviarlo a sanción presidencial, o introducir cambios, escenario que obligaría a conformar una comisión de conciliación para unificar las versiones.
La discusión en la Cámara ha estado marcada por cuestionamientos de procedimiento y recusaciones que fueron remitidas a la Comisión de Ética. La ponencia positiva recibió inicialmente 90 votos a favor y 44 en contra. Posteriormente, la votación se repitió y obtuvo 99 votos a favor y 39 en contra.
El plazo que presiona al Congreso
El calendario legislativo añade presión al debate. El Gobierno busca completar el trámite antes de la medianoche del 4 de noviembre, cuando vence la vigencia de la Ley 418 de 1997, conocida como ley de orden público.
La iniciativa también contempla disposiciones relacionadas con la continuidad de herramientas como el programa de protección de testigos de la Fiscalía y el Fonsecon.
Por ahora, el proyecto no puede considerarse ley de la República. Su futuro depende de la decisión definitiva de la Cámara y, si se presentan modificaciones, del resultado de una eventual conciliación.
