Por instrucción directa del presidente Abelardo De La Espriella, el Inpec reubicó a los internos recluidos en centros penitenciarios de Barranquilla, Cartagena, Montería y Sincelejo para frenar llamadas extorsivas y operaciones delictivas.
Ofensiva contra el crimen organizado desde los centros de reclusión
En una contundente medida orientada a desarticular los centros de mando delictivos dentro del sistema penitenciario, el Gobierno Nacional ordenó el traslado inmediato de 91 personas privadas de la libertad que se encontraban recluidas en establecimientos carcelarios de cuatro capitales de la región Caribe. La determinación, ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), busca cortar de raíz las redes de extorsión y la coordinación de homicidios que operaban desde los pabellones.
A través de sus canales oficiales, el presidente Abelardo De La Espriella ratificó que su administración mantendrá un estricto control operativo sobre la población carcelaria para impedir que las celdas sigan funcionando como oficinas delictivas e impunes.
«He dado instrucciones claras: ¡las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones desde donde los criminales se burlan de la justicia y continúan delinquiendo!», enfatizó el jefe de Estado.
Reubicación estratégica y requisa de impacto en Girón
La distribución de los traslados afectó de manera directa a los penales con mayor nivel de hacinamiento e injerencia criminal en la Costa: Sincelejo lideró la lista con 46 internos reubicados, seguido por Montería con 41, mientras que de las penitenciarías de Barranquilla y Cartagena se extrajeron dos procesados de alta peligrosidad en cada ciudad.
De forma paralela a los movimientos de personal, unidades del Inpec en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional adelantaron un operativo sorpresa de registro y control en la cárcel de alta seguridad de Girón, Santander. Durante la inspección a los celdarios se logró el decomiso de una tarjeta SIM, 5,58 gramos de sustancia vegetal estupefaciente, una batería para dispositivo móvil y cables de datos, elementos utilizados presuntamente para mantener comunicaciones clandestinas fuera del penal.