Juan Álvarez Torres, propietario del terreno donde funciona el centro vacacional Kilymandiaro, en Puerto Colombia, fue capturado en la mañana de este martes en el barrio Villa Santos, en Barranquilla, por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
La captura se habría efectuado en cumplimiento de una orden judicial por el delito de acto sexual violento, dentro de una investigación relacionada con la denuncia de una adolescente surfista de 16 años. Los hechos que originaron el caso habrían ocurrido el pasado 2 de octubre en las instalaciones del establecimiento.
Tras el procedimiento, Álvarez Torres fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Barranquilla, donde deberá continuar el proceso judicial correspondiente.
El relato de la adolescente
La joven denunció públicamente que el hombre la habría llevado a una oficina del lugar y que, una vez allí, comenzó a hacerle preguntas sobre su vida íntima.
“Nos encontramos con Juancho afuera, estábamos hablando normal hasta que me agarra del brazo y me mete a su oficina, me dice que lo acompañe para decirme algo. Yo nunca me imaginé nada malo, siempre lo consideré mi tío”, relató la adolescente.
Según su testimonio, las preguntas se volvieron cada vez más personales y de contenido sexual. La joven aseguró que expresó su incomodidad y manifestó que necesitaba retirarse, pero el hombre le habría pedido que se quedara.
“Las preguntas se volvieron cada vez más sexuales e inapropiadas. A todas respondí incómoda y diciéndole que ya me tenía que ir, pero él me dijo que esperara, que solo estábamos hablando. Luego me dice que ya tengo 16 años, que yo puedo tener relaciones sexuales con él”, contó en sus redes sociales.
La denuncia dio lugar a una investigación penal que derivó en la orden de captura ejecutada por el CTI. Las autoridades deberán establecer las circunstancias de lo ocurrido y valorar las pruebas y los testimonios recaudados.
La captura no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad. El señalado deberá afrontar el proceso con las garantías judiciales correspondientes, mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de los hechos denunciados.