La propuesta de captar agua del Magdalena, planteada en 2024 por Alejandro Char, volvió al debate tras una advertencia del concejal Juan Carlos Palacio. El Gobierno aún debe precisar cuál será la alternativa, cuánto costará y en qué plazo podría garantizar el suministro.
Santa Marta llega a un nuevo momento de expectativa por una de sus necesidades más urgentes: contar con un servicio de agua potable estable. El plazo de diez días anunciado por el presidente Abelardo De la Espriella para presentar una solución concreta a la crisis se cumplió y, mientras se espera conocer los detalles de la propuesta oficial, una alternativa que ya había sido planteada hace más de dos años volvió a tomar protagonismo en el debate público.
Se trata de la posibilidad de abastecer a la capital del Magdalena con agua captada directamente del río Magdalena, una iniciativa que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, presentó en julio de 2024 a su homólogo samario, Carlos Pinedo. La idea contempla infraestructura para captar, tratar y transportar el recurso hasta Santa Marta, con la posibilidad de extender el suministro a otros municipios de la zona.
El tema volvió a la discusión por cuenta del concejal Juan Carlos Palacio, quien pidió que cualquier decisión se tome con participación de las autoridades locales y de los responsables de la prestación del servicio.
“Ojalá no sea la APP del río Magdalena, propuesta por unos socios del Gobierno en la ciudad de Barranquilla”, manifestó Palacio durante una intervención en el Concejo Distrital.
Su declaración introduce una discusión que va más allá de escoger una fuente de abastecimiento. La ciudad necesita conocer qué alternativa es técnica y financieramente viable, cuánto tardaría en entrar en operación y qué medidas se adoptarán para atender a los barrios que hoy enfrentan dificultades para acceder al agua.
Una propuesta que Barranquilla puso sobre la mesa en 2024
La iniciativa del río Magdalena fue presentada en julio de 2024 durante un encuentro entre Alejandro Char y Carlos Pinedo, en el que también participaron representantes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de Triple A.
El planteamiento contemplaba captar agua del río, construir una planta de tratamiento y desarrollar redes matrices y tanques para llevarla hasta los hogares de Santa Marta. También se mencionó la posibilidad de que Triple A participara en el proyecto y de que el sistema pudiera beneficiar a municipios como Ciénaga y Puebloviejo.
La propuesta abrió la posibilidad de buscar una fuente de abastecimiento distinta de las que históricamente han sostenido el suministro de la capital del Magdalena. Sin embargo, que una iniciativa haya sido presentada no significa que esté aprobada, financiada o lista para ejecutarse.
Para que el proyecto avance se requiere precisar su diseño, los estudios de disponibilidad y calidad del agua, las obras necesarias para transportar el recurso y el esquema bajo el cual se financiaría y operaría la infraestructura. También debe establecerse cómo se repartirían las responsabilidades entre el Gobierno nacional, las administraciones territoriales y las empresas involucradas.
Hasta que esos aspectos se hagan públicos, la APP del río Magdalena debe entenderse como una alternativa que vuelve al debate, no como una decisión confirmada del Gobierno nacional.
La advertencia de Juan Carlos Palacio
El concejal Juan Carlos Palacio expresó preocupación ante la posibilidad de que la Nación escoja una salida sin concertarla con la Alcaldía de Santa Marta y con los responsables de la prestación del servicio.
Su reparo apunta al proceso de decisión. Una obra de esta magnitud necesita coordinación institucional, claridad sobre las competencias de cada entidad y acuerdos que permitan sostener el proyecto durante sus distintas etapas.
La participación del Distrito resulta relevante porque la solución debe responder a las condiciones particulares de Santa Marta, a sus necesidades de distribución y a la capacidad de su infraestructura para recibir y llevar el agua hasta los usuarios.
No obstante, la concertación no debería convertirse en un nuevo motivo para aplazar decisiones. La discusión institucional tendrá que traducirse en compromisos verificables, responsables identificados y fechas de cumplimiento.
Palacio advirtió que una decisión unilateral podría poner en riesgo la iniciativa y obligar a la ciudad a retomar la búsqueda de alternativas. Esa es su preocupación, pero la viabilidad de la propuesta deberá establecerse con información técnica, financiera y administrativa que permita evaluar sus posibilidades reales.
¿Qué pasó con el proyecto de las desalinizadoras?
La expectativa por una nueva solución también está relacionada con el futuro de las plantas desalinizadoras, una alternativa que contemplaba inversiones superiores a los $786.000 millones y que había sido incluida como estratégica mediante el documento CONPES 4159.
De acuerdo con lo anunciado por el presidente De la Espriella, esos recursos se destinarían a otra alternativa para garantizar el abastecimiento de agua en Santa Marta, después de descartar la opción de las desalinizadoras.
La decisión pone sobre la mesa varias preguntas que todavía requieren respuestas oficiales: cuál será el mecanismo para reorientar esos recursos, qué entidad ejecutará la inversión y si el dinero anunciado cubrirá la totalidad de las obras o será necesario conseguir financiación adicional.
También es necesario conocer qué compromisos técnicos y contractuales existen alrededor del proyecto de desalinizadoras y cuáles serían las consecuencias administrativas de cambiar de alternativa. El alcance de esas decisiones no puede darse por establecido sin documentos oficiales.
El punto central es que el cambio de estrategia debe venir acompañado de una ruta clara. Descartar una tecnología no resuelve por sí solo el problema de abastecimiento; la nueva opción debe demostrar que puede entregar agua potable en las cantidades requeridas, con costos sostenibles y dentro de un plazo definido.
El río Magdalena, una posibilidad que debe demostrar su viabilidad
Captar agua del río Magdalena podría ampliar las fuentes disponibles para abastecer a Santa Marta, pero el proyecto requiere resolver desafíos importantes antes de convertirse en una solución efectiva.
El primero es la calidad del agua. La captación debe acompañarse de estudios sobre las condiciones de la fuente, sus variaciones durante las temporadas secas y lluviosas y las necesidades de tratamiento para garantizar que el recurso cumpla con las normas de potabilidad.
El segundo es la infraestructura. No basta con instalar una bocatoma o construir una planta. Se necesitan sistemas de bombeo, tuberías de conducción, almacenamiento y redes capaces de transportar el agua hasta los sectores que la requieren. La distancia entre la fuente y los usuarios, las diferencias de nivel y los costos de operación pueden influir de manera considerable en el presupuesto.
También debe establecerse cómo se garantizará el abastecimiento durante los periodos de mayor demanda y qué ocurriría ante una interrupción del sistema. Si el proyecto pretende beneficiar a Santa Marta, Ciénaga y Puebloviejo, la planificación deberá definir las necesidades de cada población y evitar que la ampliación de la cobertura comprometa la continuidad del servicio.
Por último, la financiación y la operación necesitan reglas transparentes. Una asociación público-privada puede distribuir responsabilidades entre actores públicos y privados, pero su conveniencia depende de los estudios, los riesgos que asuma cada parte, las condiciones contractuales y el costo final para el sistema y sus usuarios.
La propuesta merece ser evaluada con rigor. Ni su origen en Barranquilla la convierte automáticamente en la solución adecuada ni las dudas planteadas en el Concejo bastan para descartarla.
Los samarios esperan resultados, no solamente anuncios
La crisis del agua en Santa Marta no se mide únicamente en proyectos anunciados o en recursos presupuestados. Su dimensión real se encuentra en los hogares que necesitan disponer del servicio de manera continua y en las comunidades que deben enfrentar dificultades para cubrir una necesidad básica.
Por eso, la discusión sobre el río Magdalena o las desalinizadoras tiene que desembocar en respuestas concretas. La ciudadanía necesita saber cuánto costará la alternativa escogida, cuándo comenzarían las obras, qué entidades estarán a cargo y en qué fecha se espera que el agua llegue de manera estable a los sectores afectados.
También hace falta conocer qué medidas de corto plazo se mantendrán mientras se desarrolla una solución estructural. Una obra de gran escala puede requerir años de estudios, contratación y construcción, por lo que el plan de emergencia y las inversiones de largo plazo deben avanzar con objetivos distintos, pero coordinados.
El vencimiento del plazo anunciado por el presidente aumenta la presión para que el Gobierno explique qué alternativa escogió y con qué cronograma piensa cumplirla. Hasta que exista un anuncio oficial con detalles verificables, no es posible asegurar que la APP del río Magdalena será la opción seleccionada.
Santa Marta lleva años buscando una respuesta duradera a sus problemas de abastecimiento. La pregunta que ahora debe responder el Gobierno no es solamente de dónde vendrá el agua, sino cómo garantizará que llegue a los hogares, cuánto tendrá que invertir y qué fecha puede comprometer ante la ciudadanía.
Para los samarios, la diferencia entre un nuevo anuncio y una solución real estará en la ejecución, la transparencia y la continuidad del servicio.