La fiscal general rechazó la recusación presentada por los representantes a la Cámara Daniel Briceño y David Cote, quienes cuestionaron su actuación tras las revelaciones sobre conversaciones relacionadas con el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia deberá resolver si existen razones para apartarla de las actuaciones cuestionadas.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se resiste a dejar el manejo institucional de uno de los capítulos más delicados del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La controversia tomó fuerza después de que Cambio revelara conversaciones extraídas del teléfono celular de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad. Los mensajes plantearon interrogantes sobre una posible entrega de dinero en enero de 2024 y sobre la participación de Vladimir Fernández, quien para entonces se desempeñaba como secretario jurídico de la Presidencia y actualmente es magistrado de la Corte Constitucional.
La recusación buscaba que Camargo fuera apartada de las actuaciones relacionadas con esos hechos. Sin embargo, la fiscal rechazó la petición en una respuesta fechada el 8 de octubre, según la información publicada por Cambio.
Los mensajes que pusieron a la Fiscalía bajo cuestionamiento
La reconstrucción periodística señala que el 9 de enero de 2024 Pinilla le escribió a su pareja que debía entregar dinero. Ese mismo día, Fernández habría enviado a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, la dirección de un apartamento perteneciente a una abogada. López reenvió el dato a Pinilla.
La secuencia de mensajes despertó preguntas sobre lo que pudo ocurrir en ese lugar y sobre el conocimiento que tenían distintos funcionarios de los movimientos de Pinilla. Sin embargo, las conversaciones divulgadas no bastan por sí solas para demostrar que se entregó dinero ni para establecer quién lo habría recibido.
El otro punto de discusión es el manejo que la Fiscalía dio a esa información. Según Cambio, los investigadores tenían acceso a los registros desde 2024, pero no habían compulsado copias para que otras autoridades examinaran los hechos.
Briceño y Cote pidieron aclarar qué sabía Camargo sobre esos mensajes y cuál había sido su intervención. El cuestionamiento adquiere relevancia por la posición de Fernández en el proceso que condujo a la elección de la actual fiscal general. Esa circunstancia alimenta las dudas planteadas por los congresistas, aunque no demuestra por sí misma una conducta irregular de Camargo.
¿Por qué Camargo rechazó la recusación?
La fiscal fundamentó su decisión en argumentos jurídicos y de competencia.
Uno de ellos es que Daniel Briceño, según la respuesta de Camargo, no acreditó la condición procesal necesaria para presentar la recusación dentro de las investigaciones señaladas.
También sostuvo que las actuaciones específicas están a cargo de fiscales delegados, quienes tienen autonomía para adoptar decisiones en sus expedientes. Con ese argumento, cuestionó que se le atribuyera una intervención directa que comprometiera su imparcialidad.
Camargo afirmó, además, que los solicitantes no demostraron la existencia de un interés particular suyo ni una actuación concreta que justificara apartarla. A su juicio, las dudas sobre el tratamiento de los chats no constituyen por sí solas una causal de recusación.
La discusión jurídica se centra ahora en determinar si los argumentos presentados por los congresistas cumplen los requisitos para que la fiscal general sea separada de las actuaciones correspondientes.
La Corte Suprema tendrá que resolver
Después de rechazar la solicitud, Camargo dispuso remitir el asunto a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Será ese tribunal el que determine si procede la recusación.
La decisión no resuelve las preguntas sobre el contenido de los chats ni establece si hubo una entrega de dinero. Tampoco determina si el manejo que la Fiscalía dio a esos registros fue irregular.
El caso plantea una cuestión concreta para la administración de justicia: si existen elementos suficientes para que la jefa del ente acusador continúe vinculada institucionalmente a las actuaciones cuestionadas o si corresponde apartarla para preservar las garantías de imparcialidad.
La respuesta quedará en manos de la Corte Suprema, mientras el contenido de las conversaciones y el tratamiento que recibieron dentro de la Fiscalía siguen siendo puntos centrales de la controversia.