Eva Ferrer salpica a Verónica Alcocer con denuncias de presunto narcotráfico y De la Espriella exige investigar vuelos oficiales

Las declaraciones de la exconsejera presidencial abrieron un nuevo frente de controversia política. Ferrer mencionó supuestos viajes a Venezuela, el presunto traslado de 2,5 millones de dólares y posibles movimientos de droga y armas. El presidente Abelardo de la Espriella pidió investigar si se utilizaron aeronaves oficiales y establecer si hubo funcionarios involucrados.

Una serie de graves señalamientos formulados por Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación durante el gobierno de Gustavo Petro y antigua asesora personal de Verónica Alcocer, puso bajo escrutinio público a varias figuras cercanas al anterior entorno presidencial.

En una entrevista con la revista Semana, Ferrer aseguró que teme por su vida y manifestó que decidió hablar sobre hechos que, según su versión, podrían involucrar presuntas irregularidades y actividades delictivas durante los últimos cuatro años. Entre sus afirmaciones mencionó posibles operaciones relacionadas con tráfico de drogas, movimientos de dinero desde Venezuela y presuntos hechos de corrupción y tráfico de armas.

Se trata de acusaciones de extrema gravedad que deberán ser verificadas por las autoridades. Las declaraciones conocidas hasta ahora no constituyen, por sí mismas, prueba de que las personas mencionadas hayan cometido delitos.

El supuesto viaje a Venezuela y los 2,5 millones de dólares

Uno de los puntos más delicados de la entrevista se refiere a un supuesto viaje a Venezuela y a la presunta entrada posterior de 2,5 millones de dólares a Colombia.

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Ferrer afirmó que conoció información sobre un desplazamiento a ese país y sostuvo que, en una conversación posterior con Manuel Grau, identificado en la publicación como amigo de Alcocer, este le habría hablado del dinero que supuestamente se trajo del viaje.

La exfuncionaria también vinculó su relato con el senador Agmeth Escaf y con Mario Fernández Alcocer, político y primo de la exprimera dama. Según la versión expuesta por Ferrer, los recursos presuntamente habrían sido utilizados para financiar una campaña política de Fernández Alcocer.

La información disponible no establece de manera independiente el origen del dinero, si efectivamente ingresó al país, quién lo transportó ni cuál habría sido su destino. Esos puntos requieren comprobación documental y, eventualmente, una investigación judicial.

Las acusaciones sobre presunta droga en aeronaves

El señalamiento más explosivo de Ferrer apunta a la posibilidad de que se hubiera transportado droga en medio de los viajes que mencionó.

Durante la entrevista, la exconsejera hizo referencia a supuestas fotografías de Verónica Alcocer descendiendo de un avión con maletas grises y aseguró que, según la información que dice conocer, habría existido movimiento de capital entre Venezuela y Colombia.

Sin embargo, la existencia de esas fotografías, el contenido de las maletas y una eventual relación con el transporte de sustancias ilícitas no quedan demostrados únicamente con las declaraciones divulgadas. Tampoco se ha establecido en la información suministrada que una aeronave oficial haya sido utilizada para transportar drogas.

Precisamente, determinar qué vuelos se realizaron, qué aeronaves participaron, quiénes viajaban a bordo y qué registros existen sobre el equipaje sería fundamental para comprobar o descartar las afirmaciones.

De la Espriella pide investigar a la Fuerza Aérea

El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó a las denuncias y solicitó que se investigue dentro de la Fuerza Aérea Colombiana si alguna aeronave oficial fue utilizada en los desplazamientos mencionados por Ferrer y si algún integrante de la institución habría facilitado operaciones irregulares.

El mandatario también pidió la intervención de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades estadounidenses para que se examinen las afirmaciones y se determine si existen elementos que ameriten investigaciones penales.

De la Espriella advirtió que, si se comprueba la participación de funcionarios de la Fuerza Aérea en hechos ilícitos, deberán responder ante las autoridades y afrontar las consecuencias institucionales correspondientes.

La petición abre una línea de verificación concreta: contrastar las declaraciones con los registros de vuelo, las autorizaciones de desplazamiento, las listas de pasajeros y la documentación disponible sobre las aeronaves que pudieron haber sido utilizadas.

La investigación también tendría que establecer si los viajes señalados existieron en las fechas mencionadas y si hay evidencia que respalde las versiones sobre el supuesto transporte de dinero o sustancias ilegales.

Agmeth Escaf rechaza los señalamientos y anuncia acciones judiciales

El senador Agmeth Escaf rechazó las afirmaciones de Ferrer y aseguró que ella le atribuye delitos graves sin presentar públicamente pruebas que sustenten sus acusaciones.

El congresista manifestó que, a su juicio, la exconsejera pretende involucrarlo en conflictos personales y venganzas. También afirmó que están en curso una demanda civil y una denuncia penal por injuria y calumnia contra Ferrer.

Su respuesta introduce otro frente en el caso: mientras se reclama que las autoridades verifiquen las denuncias, las personas señaladas niegan las imputaciones y anuncian mecanismos judiciales para defenderse.

La eventual responsabilidad penal de cualquiera de los involucrados tendrá que establecerse mediante pruebas y decisiones de las autoridades competentes.

Piden a la Fiscalía abrir una investigación

El senador Christian Garcés, del Centro Democrático, pidió a la fiscal general Luz Adriana Camargo que examine de oficio las declaraciones de Ferrer.

Garcés destacó tres asuntos que, en su criterio, ameritan verificación: el presunto transporte de droga hacia Venezuela en un avión oficial, el supuesto ingreso de 2,5 millones de dólares y las denuncias relacionadas con un posible tráfico de armas en el entorno de las personas mencionadas.

Por su parte, el senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, también reaccionó a la controversia y expresó su expectativa de que las denuncias tengan consecuencias judiciales.

Hasta la información divulgada en el material de origen, no se había reportado una conclusión judicial que confirmara los hechos denunciados ni se había establecido responsabilidad penal de Verónica Alcocer, Manuel Grau, Agmeth Escaf o Mario Fernández Alcocer por las acusaciones expuestas.

Las pruebas que podrían determinar el rumbo del caso

Más allá del choque político, la verificación de las denuncias depende de evidencias concretas. Entre los elementos relevantes estarían los registros de vuelo, las bitácoras de las aeronaves, los manifiestos de pasajeros, las autorizaciones oficiales, las grabaciones disponibles y cualquier documento que permita rastrear el supuesto movimiento de dinero.

También sería necesario establecer si las fotografías mencionadas por Ferrer existen, cuándo fueron tomadas, dónde se produjeron los hechos y si su contenido respalda las afirmaciones realizadas.

En materia de presunto tráfico de drogas o de armas, las autoridades tendrían que identificar evidencias materiales y establecer la posible participación de personas determinadas. La gravedad de una acusación no reemplaza la obligación de probarla.

El caso también plantea interrogantes sobre los controles aplicables a los desplazamientos en aeronaves oficiales y los mecanismos para investigar eventuales abusos de recursos públicos, si llegaran a encontrarse indicios verificables.

Hasta el momento, según la información aportada por Caracol Radio, Verónica Alcocer y Gustavo Petro no se habían pronunciado sobre estas nuevas declaraciones.

La controversia queda así en manos de dos escenarios distintos: el debate político, donde las acusaciones ya provocaron reacciones, y el ámbito judicial, donde será necesario establecer qué hechos pueden acreditarse y si existe fundamento para atribuir responsabilidades individuales.

Por ahora, las declaraciones de Eva Ferrer constituyen el origen de las denuncias, no una demostración definitiva de los delitos mencionados. La revisión de documentos y evidencias será determinante para establecer si sus afirmaciones tienen sustento.

Economía y Finanzas

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