Silvia Beatriz Gette Ponce sufrió un revés judicial en su intento de recuperar la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe. El Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla revocó, en segunda instancia, la decisión que le había restablecido sus derechos como rectora en propiedad y que cuestionaba la elección de Ramsés Vargas Lamadrid en 2013.
La determinación deja sin efecto la orden emitida el 8 de abril de 2026 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, que había suspendido los efectos de las decisiones consignadas en el acta 827 del 20 de mayo de 2013 y otras actuaciones relacionadas con el nombramiento de Vargas Lamadrid.
En aquella oportunidad, el juez de primera instancia consideró que la elección presentaba presuntas irregularidades, pues Vargas Lamadrid no habría tenido, según los estatutos vigentes en ese momento, las facultades para asumir la rectoría. También ordenó restablecer los derechos reclamados por Gette, quien se encontraba de licencia cuando se produjo el cambio en la dirección de la institución.
La segunda instancia modificó ese escenario. El juez concluyó que la decisión inicial había excedido el principio de proporcionalidad al desconocer las modificaciones estatutarias posteriores de la universidad y los alcances de la autonomía universitaria reconocida por el Estado.
La autonomía universitaria inclinó la decisión
En su argumentación, el despacho reconoció que dentro de la actuación existe una inferencia según la cual Gette habría sido afectada al ser apartada de la rectoría. Sin embargo, señaló que esa circunstancia debía analizarse junto con los cambios institucionales y estatutarios que se produjeron después de 2013.
Para el juez, restablecer los órganos de control, la Sala General, el Consejo Directivo y los estatutos que existían en aquella época podía desconocer la autonomía de la Universidad Autónoma del Caribe.
Por ese motivo, revocó tanto la suspensión de los efectos de las decisiones cuestionadas como el restablecimiento del derecho concedido a Gette para ejercer la rectoría en propiedad.
De acuerdo con la información suministrada, contra esta decisión no proceden recursos.
La Fiscalía investiga la elección de Ramsés Vargas
La disputa por la rectoría tiene un antecedente penal. En noviembre de 2025, la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico formuló imputación por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado contra integrantes del Consejo Directivo que participó en la elección de Vargas Lamadrid en 2013.
Entre las personas imputadas figuran Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal y Arturo González Peña, quienes no aceptaron los cargos. El exrector Ramsés Vargas Lamadrid también fue imputado, pero no asistió a la audiencia y fue declarado en contumacia, según la información del proceso.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que, ante la licencia de seis meses de Silvia Gette, el entonces vicerrector Mariano Romero debía asumir la suplencia de acuerdo con los estatutos de la institución. Sin embargo, el Consejo Directivo habría elegido a Vargas Lamadrid, quien presuntamente no cumplía los requisitos estatutarios para ocupar el cargo.
La Fiscalía también cuestionó el procedimiento mediante el cual se habría producido esa elección. Esas afirmaciones corresponden a la hipótesis del ente acusador y no constituyen, por sí mismas, una declaración de responsabilidad penal.
Vargas Lamadrid permaneció en la rectoría hasta marzo de 2018, cuando dejó el cargo en medio de investigaciones relacionadas con presuntos manejos irregulares de los recursos de la universidad.
¿Qué significa la revocatoria para Silvia Gette?
La decisión de abril de 2026 había abierto una vía judicial para que Gette reclamara el restablecimiento de su condición de rectora en propiedad, a partir de los cuestionamientos sobre la elección de Vargas Lamadrid.
Con la revocatoria, esa orden pierde vigencia. El pronunciamiento, sin embargo, no define por sí mismo la responsabilidad penal de los exintegrantes del Consejo Directivo ni resuelve de manera definitiva las imputaciones por fraude procesal y falsedad en documento privado.
El caso mantiene abiertas dos discusiones distintas: la legalidad de las actuaciones que condujeron a la elección de 2013 y los límites del restablecimiento de derechos frente a la autonomía universitaria y las reformas estatutarias posteriores.