El EMC y el ELN concentran el 95 % de los ataques registrados desde 2023. La Fundación Ideas para la Paz advierte que estos artefactos de bajo costo ya se utilizan contra policías, militares, infraestructura estratégica y comunidades civiles.
Colombia enfrenta una amenaza de seguridad que crece al ritmo de la tecnología comercial: los ataques con drones utilizados por grupos armados ilegales. Desde 2023 y hasta el primero de octubre de 2026, la Fuerza Pública ha registrado 716 incidentes de este tipo, de los cuales 318 ocurrieron durante los primeros meses de este año, según cifras recopiladas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El promedio equivale a un ataque cada 20 horas. La cifra refleja la expansión de una modalidad que permite a las organizaciones armadas vigilar posiciones militares, lanzar explosivos y afectar infraestructura sin exponer directamente a sus integrantes.
Dos hechos recientes ilustran el alcance de la amenaza. Tres drones kamikaze atribuidos al Bloque Occidental Jacobo Arenas, de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC), impactaron el radar aeronáutico 3D de Candelaria, Valle del Cauca, un equipo vinculado a un proyecto de más de $370.000 millones para ampliar la cobertura y la seguridad aérea del país.
El 5 de octubre, otro artefacto fue utilizado en un ataque contra una estación de Policía en Aguachica, Cesar.
Para la FIP, estos episodios evidencian que los grupos armados están incorporando capacidades tecnológicas que modifican las condiciones de seguridad en zonas de conflicto y amplían sus posibilidades de atacar tanto a la Fuerza Pública como a objetivos estratégicos.
Cauca, Chocó, Valle y Norte de Santander concentran los ataques
La distribución geográfica de los incidentes muestra que el 71 % se concentra en cuatro departamentos: Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander.
En cuanto a los responsables, la FIP atribuye el 72 % de los ataques al Estado Mayor Central y el 23 % al Ejército de Liberación Nacional (ELN). En conjunto, estas dos organizaciones representan el 95 % de los casos registrados desde 2023.
La evolución de las cifras muestra una aceleración sostenida. En 2024 se contabilizaron 119 ataques y en 2025 la cifra subió a 277. Durante 2026, hasta el primero de octubre, ya se habían registrado 318 incidentes. Agosto fue el mes con mayor número de casos, con 56 ataques.
El ELN también ha incrementado su actividad con esta modalidad: pasó de 36 ataques en 2025 a 132 en lo corrido de 2026, de acuerdo con los datos citados por la fundación.
El EMC acumula 512 ataques desde 2023. Entre los frentes señalados aparecen Jaime Martínez, Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Franco Benavides. Al ELN se le atribuyen 168 incidentes.
Drones comerciales convertidos en armas de guerra
El uso de estos dispositivos por parte de grupos armados no surgió de manera repentina. La FIP señala que desde 2009 existían referencias al interés de las antiguas FARC en adquirir drones. El primer ataque con explosivos mediante uno de estos aparatos se registró en julio de 2023 en Puerto Guzmán, Putumayo, atribuido a los Comandos de la Frontera.
La modalidad comenzó a expandirse y evolucionó hacia el uso sistemático de drones cargados con explosivos, incluidos los denominados kamikaze, diseñados para impactar directamente contra un objetivo.
La tecnología ofrece varias ventajas a los grupos armados. Permite observar movimientos de tropas, vigilar comunidades, revisar la seguridad de campamentos y atacar posiciones sin enviar combatientes al lugar. También puede utilizarse para identificar zonas de minería ilegal y cultivos ilícitos, así como para facilitar actividades de extorsión y control territorial.
Otro factor es el costo. En un mensaje difundido a comienzos de 2025, alias Iván Mordisco aseguró que un dron cuyo precio comercial podía rondar los $36 millones podía fabricarse con aproximadamente $6 millones y transportar seis libras de explosivos. Esa afirmación corresponde al planteamiento del jefe disidente y no constituye, por sí sola, una verificación independiente de las capacidades de todos estos equipos.
La disponibilidad de componentes comerciales, la posibilidad de adaptar dispositivos y la formación de operadores han facilitado que estas capacidades se extiendan entre distintas estructuras armadas.
Los sistemas antidrones también tienen limitaciones
El Ministerio de Defensa afirmó que durante 2025 se detectaron cerca de 9.000 intentos de ataque con drones y que aproximadamente el 96 % fue inhibido. Sin embargo, la FIP advierte que incluso una proporción pequeña de operaciones que logra superar las defensas puede ocasionar daños importantes.
Uno de los desafíos son los drones que utilizan fibra óptica para transmitir señales. Al no depender de los enlaces de radiofrecuencia convencionales, estos equipos pueden eludir los inhibidores que interfieren las comunicaciones inalámbricas.
Esta evolución obliga a las autoridades a combinar diferentes sistemas de detección y neutralización, en lugar de depender de una única herramienta tecnológica.
La dificultad es mayor en zonas rurales apartadas, donde las unidades policiales y militares pueden contar con menos recursos para detectar y responder a los ataques. Allí, la distancia frente a los centros urbanos y las limitaciones operativas incrementan la vulnerabilidad.
Al menos 487 personas han resultado afectadas
El impacto de los ataques no se limita a los daños materiales. Según las cifras recogidas por la FIP, desde 2024 los drones han afectado a 487 personas.
El balance incluye 401 integrantes de la Fuerza Pública heridos y 25 fallecidos, además de 55 civiles lesionados y seis muertos.
A estas víctimas se suman las consecuencias sobre las comunidades que viven bajo la amenaza constante de nuevos ataques: desplazamientos, confinamientos, restricciones a la movilidad y dificultades para acceder a servicios básicos y actividades educativas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo han advertido sobre los riesgos que enfrentan niños, niñas y adolescentes, así como sobre las restricciones al ingreso de misiones humanitarias.
El CICR también ha señalado que los errores técnicos y las dificultades para distinguir entre objetivos militares y civiles pueden aumentar el peligro para la población. Aunque los drones armados no están prohibidos de manera general por el derecho internacional humanitario, su utilización debe respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
El Gobierno puso en marcha una estrategia antidrones
Colombia comenzó a fortalecer su respuesta institucional. En 2025 activó el primer Batallón Antidrones del país y restringió a los puertos de Cartagena y Bogotá la entrada de determinados componentes destinados a la fabricación de estos dispositivos, según el informe de la FIP.
En 2026, el Gobierno presentó el proyecto Escudo Nacional Antidrones, valorado en $6,7 billones. La primera fase, estimada en cerca de $1,1 billones, estaba prevista para ejecutarse durante este año.
Para la Fundación Ideas para la Paz, la inversión tecnológica es necesaria, pero debe acompañarse de una estrategia que permita identificar y afectar las redes que hacen posible el uso de estos equipos por parte de las organizaciones armadas.
La fundación plantea priorizar a los proveedores y formadores que contribuyen a desarrollar estas capacidades ilegales, además de ampliar los sistemas antidrones a las unidades más expuestas, especialmente las pequeñas y ubicadas lejos de los centros urbanos.
También recomienda implementar protocolos de autoprotección para las comunidades sometidas a vigilancia y ataques. La respuesta, según el análisis, no puede limitarse a comprar equipos: requiere fortalecer la capacidad operativa en los territorios, proteger a la población civil y actuar sobre las redes que sostienen esta nueva modalidad de violencia.