La atención a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto enfrenta nuevos cuestionamientos. La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre dificultades en el registro de las familias afectadas, la actualización de los daños en las viviendas y la entrega de los auxilios económicos destinados a quienes resultaron perjudicados por el fuerte movimiento sísmico.
La alerta fue emitida luego de las visitas de verificación realizadas por el Ministerio Público en Risaralda, Quindío y Caldas, donde funcionarios de la Procuraduría sostuvieron reuniones con gobernadores y alcaldes para conocer de primera mano el avance de la atención y los principales obstáculos que persisten en los territorios.
Familias habrían quedado por fuera del registro
Uno de los principales problemas identificados está relacionado con el Registro Único de Damnificados (RUD).
Según la Procuraduría, el cierre del registro dejó por fuera a algunas familias afectadas, especialmente habitantes de zonas de ruralidad dispersa y territorios étnicos.
Los mandatarios locales señalaron que el cierre del RUD, establecido para el 4 de septiembre, obligó a cargar información antes de que terminaran las evaluaciones técnicas de las viviendas.
La situación se habría complicado por las réplicas registradas después del terremoto. De acuerdo con los reportes entregados a la Procuraduría, se han presentado más de 1.300 sismos asociados, algunos de los cuales habrían agravado las condiciones estructurales de viviendas que ya habían resultado afectadas.
Plataformas no permitirían actualizar daños
Otro de los obstáculos advertidos por el Ministerio Público está relacionado con las herramientas utilizadas para consolidar la información sobre las viviendas.
Según las autoridades territoriales, las plataformas actualmente no permiten actualizar adecuadamente el estado de los inmuebles después de nuevas evaluaciones técnicas ni incorporar los daños provocados por las réplicas.
Esto genera dificultades para determinar cuáles viviendas requieren nuevas intervenciones y cuál es el nivel real de afectación de las familias damnificadas.
A la problemática se suma la falta de ingenieros estructurales y maquinaria amarilla, elementos necesarios para adelantar evaluaciones, demoliciones y labores de retiro de escombros.
También hay preocupación por los auxilios económicos
Los alcaldes y gobernadores consultados por la Procuraduría también manifestaron inquietudes frente a la entrega de los auxilios económicos destinados a las familias afectadas.
Según lo informado al Ministerio Público, algunos recursos asignados todavía no habrían llegado a los damnificados y la distribución de las ayudas entre los diferentes municipios no habría sido homogénea.
Ante este panorama, la Procuraduría pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) adoptar medidas que permitan garantizar que las ayudas lleguen efectivamente a todas las personas afectadas.
Procuraduría pide reabrir el registro de manera extraordinaria
Frente a las dificultades encontradas, el Ministerio Público instó a la UNGRD a implementar una apertura extraordinaria y condicionada del Registro Único de Damnificados y del proceso de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
La finalidad sería permitir que las familias que quedaron por fuera puedan ser incorporadas y que la información existente sea actualizada cuando las evaluaciones técnicas determinen nuevos daños.
También solicitó permitir la actualización de la clasificación de las viviendas y registrar los deterioros ocasionados por las réplicas.
La Procuraduría pidió además agilizar la entrega de los auxilios económicos, establecer reglas claras para la distribución de las ayudas y fortalecer la coordinación con las administraciones territoriales para disponer de ingenieros estructurales y maquinaria amarilla.
Otro de los llamados está relacionado con garantizar un enfoque diferencial para las comunidades étnicas, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios donde viven las familias damnificadas.
El Ministerio Público señaló que continuará haciendo seguimiento a la respuesta institucional y al cumplimiento de las medidas necesarias para garantizar que ninguna familia afectada por el terremoto quede por fuera de los mecanismos de atención y recuperación.