Siete bienes vinculados al empresario Alex Saab, entre ellos una millonaria mansión ubicada en el norte de Barranquilla, deberán ser restituidos luego de que la justicia colombiana determinara que no fueron acreditados los elementos necesarios para declarar su extinción de dominio.
Los inmuebles habían sido ocupados por la Fiscalía desde 2020 dentro de un proceso de extinción de dominio y posteriormente quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La propiedad que concentra mayor atención es una mansión localizada en el barrio Riomar, con un área aproximada de 3.740 metros cuadrados y un avalúo cercano a los $28.000 millones. El conjunto de bienes estaba registrado a nombre de Promotora Dubera SAS, sociedad que las autoridades habían relacionado con Saab.
La decisión judicial parte de una consideración concreta: dentro del proceso de extinción de dominio, la Fiscalía no logró demostrar que los siete inmuebles fueran producto de un incremento patrimonial injustificado de la sociedad titular.
El caso había comenzado en 2020, cuando las autoridades ocuparon los bienes ubicados en Barranquilla. En ese momento, la Fiscalía sostenía que las propiedades podían estar relacionadas con operaciones financieras irregulares y con sociedades que habrían sido utilizadas para ocultar recursos.
Un fallo que vuelve a poner la lupa sobre el patrimonio de Saab
La decisión cobra especial interés por el reciente giro en el proceso judicial que Alex Saab enfrenta en Estados Unidos.
El 15 de septiembre de 2026, Saab se declaró culpable ante una corte federal de Miami de conspiración para lavar dinero, en un caso relacionado con un esquema de sobornos y contratos del programa venezolano CLAP para la adquisición de alimentos y medicinas.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, Saab reconoció haber utilizado empresas fachada, cuentas y documentación falsa para ocultar y movilizar recursos provenientes del esquema. Como parte del acuerdo judicial, aceptó entregar US$195 millones.
La declaración de culpabilidad en Estados Unidos, sin embargo, no modifica automáticamente la decisión adoptada por los jueces colombianos sobre los siete inmuebles.
Se trata de procesos diferentes y con estándares probatorios y objetos procesales distintos. En Colombia, la discusión se concentró en establecer si existían elementos suficientes para demostrar el origen ilícito de los bienes dentro del proceso de extinción de dominio.
La mansión de Riomar, el inmueble más costoso
La lujosa propiedad ubicada en Barranquilla fue uno de los bienes que más llamó la atención cuando la Fiscalía anunció su ocupación.
El inmueble, construido sobre terrenos donde anteriormente existían varias residencias, tiene una extensión cercana a los 3.740 metros cuadrados y fue valorado en aproximadamente $28.000 millones.
Junto con la mansión fueron objeto de las medidas otros inmuebles que, según la investigación de entonces, aparecían vinculados a Promotora Dubera SAS.
La Fiscalía había sostenido que esa sociedad habría funcionado como una estructura utilizada para ocultar recursos. Sin embargo, dentro del proceso de extinción de dominio, los jueces concluyeron que las pruebas aportadas no permitían establecer el vínculo patrimonial requerido para mantener la afectación sobre esos bienes.
La SAE deberá cumplir la decisión
Con la determinación judicial, la SAE tendrá que adelantar las actuaciones correspondientes para hacer efectiva la restitución de los bienes, que permanecieron bajo medidas cautelares durante el trámite judicial.
El caso deja una situación particular: mientras en Colombia la justicia determinó que no se acreditó el origen ilícito de estos siete bienes en el proceso de extinción de dominio, en Estados Unidos Saab reconoció su responsabilidad en un esquema de conspiración para lavar dinero y aceptó entregar una suma de US$195 millones como parte de su acuerdo con las autoridades.
Ambos hechos corresponden a escenarios judiciales distintos y deberán analizarse de manera independiente.
La controversia alrededor de los inmuebles de Barranquilla vuelve así a poner en el centro el alcance de las investigaciones patrimoniales contra Saab y la diferencia entre las acusaciones formuladas por las autoridades, las pruebas que logran ser acreditadas judicialmente y las decisiones adoptadas finalmente por los tribunales.