El exalcalde aseguró que aceptó la petición de comunidades para regresar a la política electoral. Sin embargo, su aspiración enfrenta serios obstáculos jurídicos derivados de una condena penal que permanece vigente.
La carrera política por la Alcaldía de Barranquilla en 2027 empieza a sumar nombres y movimientos que prometen generar controversia. Uno de los anuncios que más llamó la atención fue el de Bernardo Hoyos Montoya, exmandatario de la capital del Atlántico, quien manifestó públicamente su intención de volver a disputar el cargo.
A través de su cuenta en X, Hoyos aseguró que tomó la decisión luego de recibir, según él, solicitudes provenientes de distintos sectores de la ciudad.
“Por petición de las comunidades de Barranquilla llegó el momento de asumir la lucha, acepto ser candidato a la alcaldía, haremos un gobierno diferente”, escribió el exalcalde.
El anuncio rápidamente abrió un interrogante central: ¿puede realmente Bernardo Hoyos inscribirse como candidato y participar en las elecciones de 2027 teniendo en cuenta su situación jurídica?
La respuesta, de acuerdo con las restricciones constitucionales y legales aplicables a quienes aspiran a cargos de elección popular, presenta un panorama particularmente complejo para el exmandatario.
Una aspiración que choca con una condena penal
Bernardo Hoyos fue condenado por delitos relacionados con la contratación pública y el manejo de recursos estatales, entre ellos contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La decisión judicial contempló una pena privativa de la libertad y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.
Posteriormente, el caso llegó a escenarios de revisión constitucional y la condena se mantuvo vigente, circunstancia que se convierte en uno de los principales obstáculos frente a cualquier intento de regresar a un cargo de elección popular.
El punto resulta especialmente relevante porque las normas colombianas establecen restricciones para quienes hayan sido condenados penalmente a penas privativas de la libertad, con excepciones específicas para determinadas conductas.
En el caso de los cargos de elección popular también entra en juego el artículo 122 de la Constitución Política, que establece una prohibición para quienes hayan sido condenados por delitos que afecten el patrimonio del Estado.
Y precisamente el peculado es una conducta que involucra recursos públicos.
¿Puede anunciarse como candidato aunque no pueda inscribirse?
El anuncio político y la posibilidad jurídica de concretar una candidatura son asuntos diferentes.
Hoyos puede manifestar públicamente su intención, recibir respaldos, reunirse con comunidades y comenzar a construir una plataforma política. Sin embargo, la inscripción formal de una candidatura tendría que superar primero las restricciones derivadas de su antecedente penal y de las inhabilidades que puedan encontrarse vigentes.
Esto significa que la verdadera disputa para el exalcalde podría no estar inicialmente en las calles o en las urnas, sino en el terreno jurídico.
La Registraduría y las autoridades electorales tendrían que verificar, llegado el momento de una eventual inscripción, si el aspirante cumple con todos los requisitos constitucionales y legales para participar en los comicios.
Un regreso que sacude el tablero político
El anuncio también tiene una lectura política. Bernardo Hoyos fue una de las figuras que marcó la historia electoral de Barranquilla y su eventual regreso podría alterar las conversaciones que ya comienzan a desarrollarse alrededor de las elecciones locales de 2027.
Sin embargo, su situación jurídica representa un interrogante de fondo que no puede ser resuelto únicamente con respaldo popular o voluntad política.
Por ahora, Hoyos ya lanzó el mensaje y aseguró que está dispuesto a “asumir la lucha”. El desafío será determinar si esa intención puede transformarse en una candidatura jurídicamente viable.
La pregunta queda planteada: ¿Bernardo Hoyos está preparando una verdadera candidatura para 2027 o está abriendo una batalla política y jurídica que podría terminar antes de que los barranquilleros lleguen a las urnas?