El Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó una medida cautelar que suspende temporalmente una parte fundamental del convenio suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la expedición de pasaportes en Colombia.
La decisión judicial afecta la ejecución del acuerdo, mientras se revisan los cuestionamientos relacionados con el convenio y las condiciones bajo las cuales se estructuró el esquema para la producción y expedición de los documentos de viaje.
Sin embargo, el Tribunal fue claro en un punto: la medida cautelar no puede utilizarse como argumento para interrumpir, limitar o suspender el acceso de los ciudadanos al servicio de expedición de pasaportes.
Es decir, pese a la suspensión temporal ordenada sobre el convenio, las entidades involucradas deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que los colombianos puedan continuar realizando los trámites correspondientes y acceder a sus documentos de viaje.
Dentro de la decisión, el Tribunal también ordenó a la Cancillería, al Fondo Rotatorio, a la Imprenta Nacional y a la Imprenta Nacional-Casa de la Moneda de Portugal presentar una contestación frente a los hechos y argumentos objeto del proceso.
Para ello, las entidades cuentan con un plazo de 20 días hábiles, término durante el cual deberán responder a los requerimientos formulados dentro de la actuación judicial.
La determinación abre nuevamente el debate sobre el modelo mediante el cual se viene estructurando la producción de pasaportes y el papel que asumirían las entidades nacionales y extranjeras involucradas en el proceso.
Por ahora, la suspensión tiene carácter temporal y hace parte del trámite judicial. Esto significa que no constituye por sí misma una decisión definitiva sobre el fondo de la controversia.
Mientras avanza el proceso, la prioridad establecida por el Tribunal es evitar que los efectos de la disputa administrativa y contractual terminen trasladándose a los ciudadanos.
Por esa razón, la Cancillería y las demás entidades involucradas deberán garantizar la continuidad del servicio, al tiempo que presentan dentro del plazo establecido las explicaciones y documentos solicitados por la autoridad judicial.
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se convierte así en un nuevo capítulo en la controversia alrededor del convenio para la expedición de pasaportes y deja en manos de las entidades involucradas la obligación de responder ante la justicia y garantizar, paralelamente, que los trámites de los ciudadanos no se vean afectados.