El Gobierno Nacional comenzó a mover sus fichas para modificar varias de las reglas que actualmente regulan el tránsito en Colombia. El Ministerio de Transporte anunció que trabaja en una reforma integral al Código de Tránsito con la que pretende revisar el costo de las multas, los trámites asociados a los vehículos y las condiciones que deben cumplir los conductores.
La iniciativa fue anunciada por el Ministerio de Transporte, que aseguró que el propósito es avanzar hacia un sistema con normas más acordes con la realidad económica de los ciudadanos y reducir lo que considera una excesiva carga de trámites y cobros.
Uno de los puntos centrales será la revisión del régimen de multas. La cartera estudia modificaciones que permitan establecer sanciones que mantengan su función de prevención y seguridad vial, pero que también tengan en cuenta la capacidad económica de quienes deben asumirlas.
El Gobierno cuestiona que una persona pueda terminar acumulando diferentes obligaciones derivadas de una infracción, entre ellas la multa, intereses, gastos de patios y servicio de grúa, hasta llegar a montos que pueden superar un salario mínimo.
En algunos casos, esta situación puede llevar a que propietarios de motocicletas y automóviles no tengan capacidad económica para recuperar sus vehículos, aumentando las deudas mientras permanecen inmovilizados.
La reforma también contempla revisar los cobros relacionados con el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, SIMIT.
Otro de los asuntos que estará sobre la mesa será el costo de los cursos para acceder a beneficios relacionados con las infracciones, además de la vigencia de las licencias de conducción y la periodicidad con la que los vehículos deben cumplir con la revisión técnico-mecánica.
El Ministerio de Transporte señaló que estos elementos harán parte del borrador de una reforma integral que será sometida al análisis correspondiente antes de convertirse en una propuesta formal.
Cambios a las fotomultas
Las cámaras de fotodetección también estarán en el centro de la discusión. El Gobierno anunció que endurecerá mediante resolución los requisitos que deben cumplir las autoridades para obtener autorización para instalar este tipo de dispositivos.
La posición del Ministerio es que las cámaras deben tener como principal objetivo prevenir accidentes y salvar vidas, y no convertirse en mecanismos destinados principalmente a aumentar el recaudo por concepto de comparendos.
La intención es establecer mayores controles sobre la ubicación y funcionamiento de estos equipos, buscando que su utilización esté relacionada directamente con la seguridad vial.
Menos trámites y regulación
La tercera línea de trabajo está relacionada con la simplificación de procedimientos. El Ministerio anunció que buscará desmontar parte de la denominada “hiperregulación” y reducir trámites considerados innecesarios o excesivamente complejos.
La apuesta apunta a que conductores, motociclistas y propietarios de vehículos puedan realizar sus diligencias de manera más sencilla y con costos razonables.
El Gobierno sostiene que la transformación del sistema debe combinar seguridad vial con reglas que sean comprensibles y aplicables para los ciudadanos.
Por ahora, la propuesta se encuentra en etapa de construcción. El Ministerio deberá avanzar en la elaboración del articulado y posteriormente surtir los procesos jurídicos y legislativos correspondientes para determinar cuáles modificaciones pueden implementarse mediante actos administrativos y cuáles requerirían una reforma legal.
De concretarse, el proyecto podría generar cambios importantes para millones de conductores en aspectos como las multas, los costos asociados a los vehículos, las licencias, las revisiones técnico-mecánicas y las fotomultas.
La administración nacional asegura que la meta es construir un sistema de tránsito que priorice la seguridad vial, reduzca cargas económicas desproporcionadas y facilite la relación de los ciudadanos con las autoridades.
La discusión apenas comienza y el alcance definitivo de la reforma dependerá del texto que presente el Gobierno y del trámite que posteriormente siga en las instancias correspondientes.