El Estado colombiano reconoció, por primera vez, su responsabilidad en la muerte de Carlos Pizarro Leongómez, líder del M-19 y candidato presidencial en 1990, quien fue asesinado el 26 de abril de ese mismo año en un ataque perpetrado a bordo de un avión. Este reconocimiento se dio durante una audiencia celebrada el lunes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) admitió la implicación de agentes del Estado en el asesinato.
Un hecho histórico
La senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, calificó este reconocimiento como “una importante noticia para el país” a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter). La audiencia, que tuvo lugar en la CIDH, fue un momento clave en el proceso de búsqueda de justicia para la familia Pizarro, que durante años ha luchado por esclarecer las circunstancias de la muerte de su padre.
El asesinato de Carlos Pizarro
El crimen ocurrió el 26 de abril de 1990, cuando Carlos Pizarro, candidato presidencial por el M-19, fue atacado a tiros mientras se encontraba a bordo de un avión que viajaba de Bogotá a Barranquilla. Un sicario identificado como Gerardo Gutiérrez Uribe, conocido como “Jerry”, fue el autor material del asesinato, pero fue abatido en el lugar por los escoltas de Pizarro. Pizarro, gravemente herido por los disparos, fue trasladado a un hospital donde finalmente murió.
La implicación del Estado
Durante la audiencia, César Palomino Cortés, director de la ANDJE, reconoció que el asesinato de Carlos Pizarro fue un acto de ejecución extrajudicial en el que, además de grupos paramilitares, estuvieron involucrados agentes del Estado, en particular miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una entidad de inteligencia de la época responsable de la protección de Pizarro. Este reconocimiento ha sido un paso importante en la lucha por la verdad y justicia en uno de los crímenes más emblemáticos de la historia reciente de Colombia.
Falta de garantías jurídicas
El Estado también admitió que hubo fallas en las garantías jurídicas durante el proceso judicial del caso. Según Palomino Cortés, las dilaciones en el proceso judicial afectaron el derecho de la familia Pizarro a conocer la verdad sobre los responsables del asesinato. Estas demoras en la investigación fueron señaladas como una de las razones por las que no se pudo esclarecer completamente el caso durante muchos años.
El reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado es visto como un avance significativo en el proceso de justicia y reparación para la familia Pizarro. A pesar de las dificultades que aún persisten en la búsqueda de justicia, este acto de reconocimiento por parte del Estado abre la puerta a nuevos pasos en la construcción de la verdad histórica sobre la muerte de Carlos Pizarro.
El caso, que estuvo marcado por años de incertidumbre, aún continúa en proceso ante la CIDH, que ha instado al Estado colombiano a garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familiares.
Este evento también reabre el debate sobre la complicidad del Estado en los crímenes cometidos durante los años más oscuros del conflicto armado en Colombia, cuando miembros de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia colaboraban con grupos paramilitares para perseguir y eliminar a opositores políticos, como fue el caso de Carlos Pizarro.
