Entre los casos escandalosos que dejan un cúmulo de dudas sobre el funcionamiento de la Procuraduría, cobra vigencia en los últimos días con la expedición de oficios, solicitando que se le diera cumplimiento el pasado viernes 9 de junio al traslado de controversial “empresario” Emilio Tapia hacia el Batallón Vergara y Velasco del Ejército, en el municipio de Malambo, Atlántico.
Hoy en día, tras los duros cuestionamientos por el movimiento de lugar de reclusión de Tapia, una comisión de Bogotá se trasladó hasta la Procuraduría provincial para notificar a Oscar Obeso Hernández (funcionario de la Procuraduría) de la suspensión en su contra por tres meses sin remuneración, por sus insistentes actuaciones para lograr el traslado dentro del caso de Emilio Tapia.
La anterior decisión se dio por el particular fallo de una acción de tutela por parte del juez Primero Promiscuo municipal de Malambo con funciones de control de garantías, Franklin de Jesús Bedoya Mora, quien fue el que a través de su decisión, ordenó el traslado de Emilio José Tapia Aldana al Batallón Vergara y Velasco del Ejército Nacional, con sede en esa misma municipalidad.
¿Quién interpuso la tutela?
La familia de Tapia Aldana, entre ellos, la compañera sentimental e hijos fueron quienes accionaron el recurso, para lo cual acudieron “a sus derechos a la unidad familiar, interés superior del menor, la igualdad y dignidad humana”, lo cual rara vez se da para otros casos de menos trascendencia y complejidad en relación al que involucra a Emilio Tapias con Centro Poblados y MinTIC, donde fueron $70.000 millones del Estado que se embolataron, incluso, la entonces ministra Karen Abudinen a lo “Poncio Pilato“, dejó correr el agua tras lavarse las manos, poniéndose a “salvo”, cuando nada había que hacer por recuperar la multimillonaria suma de dinero que dejó a la postre, dejó sin internet a las zonas más alejadas del país que, en la practica, no fue más que una fachada para cometer tal ilícito.
Paraísos fiscales
Extrañamente, ningún gobierno pareciera mostrarse interesado o dispuesto a ponerle fin al desvió de dineros a otros países como Panamá, pues no sería la primera vez que se esfuman millonarios recursos del Estado por esa vía que, a la final, terminan “perdiéndose las pistas” y que en este caso, sí estaban evidentes ante los ojos de los colombianos, esto, muy a pesar de pese en el 2014 el país incluyó a Panamá en su lista de “paraísos fiscales”, la cosa quedó demostrada que sigue.
¿Reacción tardía del Ministerio Público?
La Procuraduría después de un mes y luego de los cuestionamientos frente al traslado de Emilio Tapia, asegura que Óscar Obeso Hernández, funcionario de la entidad, expidió dos oficios que iban dirigidos al Ejército, mediante el cual estaba solicitando el cumplimiento de órdenes judiciales a favor de Emilio Tapia, esto, a fin de que fuera trasladado al Batallón Vergara y Velasco del Ejército Nacional, tal como lo ordenó un juez el 3 de junio.
Lo que más llama la atención, es el interés del funcionario de la Procuraduría (Oscar Obeso Hernández), pues resulta ser él mismo que se tomó la tarea de visitar personalmente las instalaciones militares en Malambo, donde al parecer, hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el comandante del Batallón, consiguiera un cupo y fuera este asignado a Emilio Tapia, pues de lo contrario, habría advertido al comandante que podría verse enfrentado a sanciones de tipo disciplinario.
Óscar Obeso Hernández y su competencia frente al caso
Resulta más preocupante cómo un funcionario de la Procuraduría se toma atribuciones que no le corresponden dentro de este caso, si se tiene en cuenta que tampoco había sido comisionado para tal fin, lo que deja un interrogante:
¿Qué interés tenía Obeso Hernández en el traslado de Emilio Tapia?
¿Amerita Obeso Hernández solo la suspensión o también una investigación dentro de lo actuado de manera irregular?
¿Si se atribuyó funciones que no le correspondían, como funcionario público Obeso Hernández prevarico por acción y omisioin?
Por lo anterior es que reacciona la Procuraduría, aunque tarde, para poner la lupa, donde corrieron oficios dentro de la entidad por el desplazamiento del funcionario para ejercer algún tipo de presión indebida ante el Batallón en favor del traslado de Tapia.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación terminó por revocar los dos autos del 10 de julio de 2023, con los que Obeso Hernández solicitó el cumplimiento de una tutela con el que el contratista Emilio Tapia (condenado por corrupción) buscó su traslado desde la cárcel El Bosque a la base militar de Malambo, Atlántico.
En este caso, según el Ministerio Público, fue la Procuraduría 207 Judicial Penal I, quien está facultada dentro de una agencia especial creada, para actuar en el proceso relacionado a Emilio Tapia, siendo así, la única autorizada para hacerle una vigilancia a las actuaciones y decisiones frente al caso.
