Habitantes de la calle 63B con carrera 34 denuncian que la empresa desvía aguas residuales hacia la vía pública. Caídas de peatones, lodo y promesas incumplidas tienen desesperado al sector.

A nuestra sección de denuncia ciudadana «Nos Escriben Los Lectores» llegó el clamor desesperado de los habitantes del barrio El Recreo, específicamente en la calle 63B con carrera 34, en el sector que conduce hacia el puente. La comunidad denuncia que los trabajos que adelanta la empresa Triple A desde hace varios meses se han convertido en una verdadera pesadilla de insalubridad y peligro diario.

De acuerdo con el reporte de los afectados, los operarios, en lugar de direccionar las aguas servidas y residuales hacia un manjol, las están arrojando de manera indiscriminada hacia la calle de forma permanente.

Un foco de peligro y enfermedades

La situación ha escalado a niveles críticos, transformando la movilidad en una odisea impracticable. Los denunciantes detallan los múltiples problemas que afrontan:

• Terrazas destruidas: El flujo constante de las excavaciones está socavando la base de las terrazas de las viviendas, amenazando la infraestructura.

• Accidentes constantes: La mezcla de agua limpia, lodo, piedras y aguas sucias ha cubierto la vía de un espeso «verdín» (moho/alga), provocando que peatones y motociclistas caigan al suelo con frecuencia.

• Emergencia sanitaria: El olor a aguas negras es insoportable a diversas horas del día, impidiendo que los residentes puedan abrir las ventanas de sus casas. No hay espacio limpio por donde caminar.

«Llevan meses diciendo lo mismo»

A pesar de que los vecinos han convocado y asistido a varias reuniones con representantes de la obra, las soluciones de fondo no aparecen.

«Esta semana nos volvieron a decir que van a solucionar, pero ya llevamos meses escuchando la misma promesa mientras el sector se sigue deteriorando», manifestó un vecino afectado a Pasa La Voz.

La comunidad de El Recreo hace un llamado urgente a las directivas de la Triple A y a las autoridades ambientales del Distrito para que intervengan de inmediato, suspendan el vertimiento de aguas sucias a las calles y dejen la vía en condiciones dignas antes de que ocurra una tragedia mayor.

La paciencia de la ciudadanía frente a la constante alza de tarifas, impuestos y la cuestionable calidad de los servicios públicos en la región Caribe parece estar llegando a su límite constitucional. En un profundo análisis técnico y jurídico, el destacado abogado constitucionalista Porfirio Castillo Zamora puso sobre la mesa un debate tan histórico como urgente: la legitimidad de la resistencia civil como un mecanismo consustancial a la democracia participativa cuando el establecimiento abusa de su poder.

Para Castillo, la indignación ciudadana actual por los cobros excesivos no es un fenómeno aislado, sino una respuesta natural que encuentra su paralelo en hitos históricos como la Revolución de los Comuneros de 1781 (rebelión popular en el Virreinato de Nueva Granada (hoy Colombia) contra el imperio español), originada precisamente por el aumento desmedido de tributos por parte de los Borbones. «Esa insurrección le demostró y le demuestra a los gobiernos que están allí únicamente en virtud del mandato del pueblo», enfatiza el jurista.

Servicios públicos e impuestos: «Nos sacan la plata y los resultados no se ven»

El eje central del pronunciamiento de Castillo Zamora no apunta a las habituales disputas de la política nacional, sino al bolsillo y a la seguridad del ciudadano de a pie. El constitucionalista fue enfático al cuestionar la desconexión entre lo que se recauda y la realidad que se vive en las calles de Barranquilla y el departamento del Atlántico.

«Nos encontramos con todo tipo de impuestos y cada día están más altos. ¿Qué hace el pueblo frente a esta cantidad de cosas que lo pisotean, lo maltratan y le sacan la plata sin que se vean los resultados?» — Porfirio Castillo Alzamora, abogado constitucionalista.

El jurista desglosó los tres puntos críticos que, a su juicio, justifican una protesta pacífica y organizada:

• Tasa de Seguridad: Cuestionó severamente la efectividad del tributo y su gestión entre la Gobernación y el Distrito. «Matan a todo el mundo, suben la tasa de seguridad y no pasa nada. Suben los impuestos al alumbrado público y no pasa nada. Es hora de levantar el brazo, es hora de protestar contra ese tipo de conductas gubernamentales», sentenció Castillo, contrastando la realidad de orden público, como si los gobernantes quisieran tapar una realidad con narrativas fabulosas que ni a ellos mismo los convence.

• Alumbrado Público: Las tarifas siguen en aumento sin que el servicio se compense con una mejora sustancial en la percepción de seguridad y cobertura.

• Sobrefacturación en el Aseo: Castillo hizo un llamado especial a revisar los recibos del agua, donde el componente de aseo ha alcanzado niveles «increíblemente altos», afectando con especial rigor a las propiedades horizontales. Denunció que se presentan irregularidades como la falta de pesaje real, la sobrefacturación y el incumplimiento de reglamentaciones, contando además con la aparente complacencia de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Los límites de la resistencia civil: Del debate nacional al bolsillo local

El experto en la Carta Magna marcó una línea clara entre el uso de la resistencia civil para fines políticos particulares y su aplicación para defender los derechos ciudadanos. En ese sentido, tomó distancia de las motivaciones que sectores políticos como el del senador Iván Cepeda invocan contra el Ejecutivo nacional —como debates sobre la doble nacionalidad—.

«Aseo impagable y una Tasa de Seguridad que no funciona»: Abogado Porfirio Castillo plantea la resistencia civil pacífica ante abusos en el Atlántico

Para Castillo, el verdadero valor de la resistencia —la cual exige que sea estrictamente pacífica— radica en frenar los actos de gobierno locales y departamentales que están haciendo «invivible» la posición de los ciudadanos, así como para combatir la corrupción estructural.

En un resumen, concreto, certero y muy sustancioso, Castillo explica; «La resistencia frente a la figura del presidente y la resistencia frente a actos de gobierno que están afectando y haciendo invivible la posición de los ciudadanos, incluso contra la corrupción debería tomarse la decisión de iniciar un movimiento de naturaleza, de esta naturaleza, porque cuando la corrupción roba más, lo que se le ocurre a los gobiernos simplemente es hacer una reforma tributaria. Todo esto, lo digo en general, no sindico particularmente a ningún gobierno y los indico a todos, porque es un vicio del establecimiento y es una cultura que hay en la política colombiana».

«Cuando la corrupción roba más, lo único que se le ocurre a los gobiernos es hacer una reforma tributaria«, concluyó el abogado, aclarando que no se trata de un señalamiento a una administración específica, sino de una crítica vertical a un «vicio del establecimiento» y a la cultura política tradicional colombiana. Ante este panorama, el llamado del jurista es claro: es hora de que la ciudadanía levante el brazo y proteste legítimamente contra los abusos gubernamentales.