El caso en cifras

La situación del predio ha sido detallada por la entidad, que busca proteger los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).

La posición de la SAE: Recuperación de activos públicos

Constanza Jiménez, directora de Seguimiento y Control de Liquidaciones de la SAE, fue enfática al señalar que la intervención es un mandato necesario para recuperar el control de un bien que, tras haber pasado por un proceso de extinción de dominio, debe retornar a la economía formal.

Según la funcionaria, las irregularidades van más allá de la deuda:

• Uso no autorizado: La entidad reporta que el predio pasó de tener dos locales autorizados a cuatro, sin contar con permisos ni contratos vigentes.

• Incumplimiento: La ocupación, que se ha mantenido sin respaldo legal desde finales del año pasado, ha generado un detrimento que la SAE busca frenar mediante esta medida administrativa.

El contraargumento: La Iglesia Vida Abundante

Por su parte, la respuesta de la Fundación Cristiana Latinoamericana no se hizo esperar. Fernando Bernier, representante legal de la Iglesia Vida Abundante, cuestionó la legitimidad del procedimiento de desalojo.

«No hemos sido notificados formalmente. La orden de desalojo fue fijada en la entrada por personas no identificadas», afirmó Bernier, sugiriendo que el debido proceso no se ha cumplido.

El vocero de la iglesia advirtió que cualquier ejecución de la medida, si no cumple con los protocolos legales estrictos, podría acarrear consecuencias jurídicas para los funcionarios involucrados, marcando una clara línea de conflicto legal que probablemente se dirimirá en los estrados judiciales.

Contexto del inmueble

‘Titos Bolos’, ubicado en una de las zonas con mayor valor comercial del norte de Barranquilla, es un activo estratégico para el Estado. Tras su paso a manos del Gobierno por extinción de dominio, su gestión ha sido un punto crítico para la SAE, que busca evitar que bienes de este valor sigan en un limbo jurídico que impida su explotación productiva o su destino final en beneficio del Estado.

Mientras las autoridades mantienen la orden de desalojo, la comunidad y el sector jurídico permanecen atentos al desarrollo de este conflicto, que enfrenta la necesidad estatal de recuperar activos contra los argumentos de defensa de la actual ocupación.