El llamado, dirigido simbólicamente “al oído” del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, plantea que, como mandatario costeño, debería conocer de cerca las dificultades que enfrentan los ciudadanos en algunas dependencias de tránsito de la región.

La denuncia fue allegada a través de la plataforma Pasa la Voz y contiene fuertes cuestionamientos sobre los procedimientos administrativos que, según el ciudadano que la presentó, deben afrontar quienes tienen una cuenta embargada y posteriormente buscan aplicar descuentos, obtener el levantamiento de la medida y lograr que el banco reciba la respectiva orden.

“Esta oficina no aguanta una auditoría”, señala inicialmente el denunciante, quien además asegura que se estarían presentando dificultades relacionadas con la conciliación bancaria después de recibir pagos.

Según el relato, el usuario tendría que realizar varios trámites y esperar hasta 15 días por respuesta en cada uno de ellos. Primero, debe solicitar mediante un formulario la aplicación de los descuentos correspondientes. Posteriormente, tendría que diligenciar otro formulario para solicitar el desembargo.

Una vez expedido el documento, de acuerdo con la denuncia, el ciudadano debe llevarlo personalmente a la entidad bancaria, donde se generaría un nuevo periodo de espera.

El denunciante compara este procedimiento con el que, según afirma, se realiza en Barranquilla, donde el proceso sería mucho más ágil y la autoridad de movilidad enviaría directamente al banco el documento correspondiente, permitiendo que la cuenta quede desembargada en un plazo mucho menor.

La comparación deja planteada una pregunta de fondo: ¿por qué un trámite que puede resolverse de manera rápida en una administración termina convirtiéndose en un proceso de varias semanas para los usuarios de otra?

Más allá de la experiencia individual denunciada, el llamado apunta a la necesidad de que los procedimientos administrativos sean revisados y, de ser necesario, auditados para establecer si existen demoras injustificadas, fallas en los procesos internos o dificultades de coordinación con las entidades bancarias.

La denuncia no constituye por sí misma una prueba de irregularidades administrativas o financieras. Sin embargo, plantea señalamientos concretos que podrían ser verificados por los organismos de control y por la propia administración municipal.

Por eso, el llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes es a revisar cómo está funcionando la Oficina de Tránsito de Soledad, especialmente en los procesos relacionados con embargos, pagos, conciliaciones y desembargos.

Una auditoría, de realizarse, permitiría establecer si los procedimientos denunciados corresponden a fallas puntuales, problemas estructurales o simplemente a los tiempos establecidos por la administración para este tipo de trámites.

Mientras tanto, los usuarios siguen esperando respuestas y soluciones frente a procesos que tienen un impacto directo sobre sus cuentas bancarias y su capacidad para disponer de sus recursos.

La pregunta queda sobre la mesa: ¿quién le pone la lupa a la Oficina de Tránsito de Soledad?