El ataque al corazón del trabajo

La víctima fue Juan Carlos Castillo, un hombre trabajador que buscaba salir adelante con su propio negocio de reciclaje en el barrio San Roque. Sin embargo, sus sueños fueron truncados este domingo, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta su establecimiento. La negativa a pagar las cuotas extorsivas, impuestas por las estructuras criminales que acechan a los comerciantes, habría sido la sentencia de muerte de Castillo, quien recibió múltiples impactos de bala.

La cadena de eventos: Un final inesperado

Tras el atentado, el caos se apoderó del sector. Según testigos, un ciudadano que presenció el ataque reaccionó disparando contra los criminales, logrando herir al conductor de la motocicleta.

En medio de la huida, el parrillero —desesperado por evadir a quienes los perseguían— comenzó a accionar su arma de fuego al aire. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable: una de las balas impactó una línea de energía de alta tensión. El cable se desprendió y, con una precisión trágica, cayó directamente sobre el conductor de la moto, quien ya estaba herido. La descarga eléctrica fue fulminante; el hombre murió instantáneamente en el lugar.

Identidades y captura

Las autoridades identificaron al sicario fallecido como Erick David Sánchez Martínez, de 24 años, quien, según reportes, era hijo de un reconocido delincuente conocido como alias «Machi», vinculado a la organización criminal ‘Los Costeños’.

Mientras tanto, su cómplice, identificado como Keyner Vázquez Llanos (29 años), intentó huir a pie, tratando de pasar desapercibido al fingir ser un habitante de calle. Sin embargo, su escape terminó frente al CAI de Rebolo, en el sector de Los Tres Postes, donde los uniformados, alertados por la comunidad que perseguía al delincuente, lo interceptaron. Al realizarle el registro, le hallaron un arma de fuego.

El dolor de la comunidad

Juan Carlos Castillo fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero la gravedad de sus heridas impidió que los médicos pudieran salvarle la vida. La noticia de su partida ha dejado un profundo vacío en su familia y en la comunidad de San Roque, que hoy vive entre el dolor por la pérdida de un vecino ejemplar y el asombro ante el inaudito «giro del destino» que sufrió uno de sus atacantes.

El capturado, Keyner Vázquez, se encuentra ahora a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, mientras se adelantan las investigaciones para desmantelar la estructura extorsiva que intentó doblegar al comerciante.

La víctima fue identificada como Omar Acuña Machado, quien se encontraba recluido en el patio C del establecimiento carcelario. Según información preliminar, el ataque habría sido cometido con un objeto contundente, presuntamente un martillo, en medio de una disputa con otro recluso.

Las autoridades confirmaron que el presunto agresor fue judicializado y presentado ante la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por un nuevo delito de homicidio, que se suma a su situación jurídica actual.

Unidades del CTI realizaron la inspección técnica al cadáver y la recolección de elementos materiales de prueba dentro del penal, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Este nuevo episodio de violencia dentro de centros de reclusión vuelve a poner en evidencia los problemas de seguridad y control en las cárceles del país.

Noticia en desarrollo.

El silencio no es una opción. Las amenazas contra el periodista Jean Pierre Serna no pueden ni deben pasar como un hecho más en el ya largo historial de intimidaciones contra quienes ejercen el oficio de informar en Colombia. Lo ocurrido no es un asunto privado ni aislado: es una agresión directa al periodismo, a la libertad de expresión y al derecho ciudadano a saber.

Que un periodista tenga que hacer públicas amenazas para proteger su vida evidencia una falla grave del Estado y un entorno cada vez más hostil para la prensa. Intimidar, amedrentar o intentar silenciar a un comunicador es una práctica propia de quienes temen a la verdad y rehúyen al escrutinio público.

Desde distintos sectores del gremio periodístico se levanta hoy una voz de rechazo rotundo, de solidaridad absoluta con Jean Pierre Serna y de advertencia clara: no se puede normalizar el miedo como parte del ejercicio periodístico.

Hacemos un llamado urgente a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección para que activen de inmediato los protocolos correspondientes, investiguen el origen de las amenazas y garanticen condiciones reales de seguridad para el periodista.

Cada amenaza que queda impune envía un mensaje peligroso: que informar tiene precio. Y eso es inaceptable en un país que se dice democrático.

Proteger a Jean Pierre Serna es proteger al periodismo. Proteger al periodismo es proteger a la sociedad.

Hoy más que nunca, no nos callamos.

La Fiscalía judicializó a Luis Cesar Suárez Badillo, Ella Marina Ramírez Aguilar y Silvia Marcela Murcia Barragán, presuntos responsables de gestionar visas estadounidenses con perfiles financieros, laborales y económicos falsos de los solicitantes. Los procesados fueron… pic.twitter.com/Mrb2qd7KIk

Montaban ingresos inflados, fabricaban empleos y vendían promesas de turismo en Norteamérica. Tres personas fueron judicializadas por maquillar la realidad de los solicitantes.

Barranquilla vuelve a estar en la mira judicial, esta vez por ser el epicentro de una red que, según la Fiscalía, ofrecía paquetes exprés para obtener visas estadounidenses con base en mentiras cuidadosamente maquilladas.

Por 800.000 pesos, los solicitantes recibían más que asesoría: se les creaban certificados de ingresos irreales, cartas laborales de empresas fantasmas y extractos bancarios falsificados, todo con el fin de superar los estrictos filtros consulares de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Según reveló este lunes festivo la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el esquema fue liderado por tres personas ya judicializadas:

• Luis César Suárez Badillo, presunto coordinador logístico;
• Ella Marina Ramírez Aguilar, quien recolectaba la documentación de los clientes;
• Silvia Marcela Murcia Barragán, señalada de manipular los datos económicos para hacerlos “visablemente solventes”.

Las investigaciones, que se remontan a cinco casos documentados entre 2023 y 2024, destapan una operación bien aceitada que vendía “visas seguras” a ciudadanos del Atlántico, sin importar su situación real.

El negocio —promocionado de boca en boca— ofrecía garantías de éxito, pero operaba sobre una base frágil: documentos falsos y engaños directos a la Embajada de EE. UU. Hoy, el espejismo se vino abajo con el accionar judicial.

La Fiscalía continúa indagando si hay más personas involucradas y advierte a los ciudadanos que los fraudes migratorios, además de ilegales, pueden acarrear vetos permanentes para ingresar a territorio estadounidense.

En la audiencia de control de garantías, la fiscal del caso subrayó que la conducta excede el simple fraude documental: “Aquí se vulnera la seguridad migratoria de un país y se facilita la salida irregular de colombianos, configurando tráfico de migrantes”.

Lo anterior permitió al juez avalar la imputación de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Suárez Badillo, Ramírez Aguilar y Murcia Barragán no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.

Para la Fiscalía, se trata de una modalidad en expansión que aprovecha la alta demanda de visas y la falsa creencia de que los consulados solo verifican información de manera superficial. “No es un delito menor: cada formulario adulterado pone en entredicho la confianza entre Estados y compromete la seguridad internacional”, advirtió el ente acusador.

Con estas capturas, la entidad busca enviar un mensaje contundente a quienes persisten en forzar la obtención de visas.

Pero el silencio se rompió con el rugido de una moto. Eran dos hombres. El parrillero no titubeó: sacó un arma y disparó. Un solo tiro, directo a la pelvis, con salida por el glúteo izquierdo. Gina cayó. El miedo, esa presencia constante para quienes trabajan en las sombras de la informalidad, se materializó de golpe.

Un familiar corrió a auxiliarla. En medio de la confusión, la subieron a un vehículo y la llevaron a la Clínica Reina Catalina. Allí lucha por recuperarse, en una camilla que por ahora es su refugio temporal.

Según contaron sus familiares a las autoridades, esta no era la primera señal de peligro. En febrero, Gina recibió mensajes de texto que la ponían contra la pared: “Tienes 24 horas para dejar el cobro diario en Soledad o acabamos contigo”. Palabras frías, escritas con la intención de hacer daño. Y ayer, al parecer, alguien quiso cumplir esa amenaza.

El cobradiario —una actividad tan común como peligrosa en los barrios populares— no solo enfrenta a quienes lo ejercen con deudas ajenas, sino también con códigos que dictan quién puede o no puede operar en ciertos territorios.

La historia de Gina Polo no es solo un caso policial. Es el retrato de muchas mujeres que, empujadas por la necesidad, se arriesgan todos los días en un sistema sin garantías, donde el precio de trabajar puede ser la propia vida.

Según denuncias de los afectados, un grupo de hombres vestidos de negro llegó a varias viviendas, tanto desocupadas como habitadas, con linternas y vehículos, intimidando a los moradores y rompiendo puertas para desalojarlos.

Los sujetos, quienes se desplazaban en carros y motocicletas, presentaron poca credibilidad en los documentos que los propietarios mostraban como prueba de su derecho sobre las viviendas adquiridas a la constructora Grama. Además, comenzaron a marcar las puertas y paredes con spray, dejando las iniciales «JB» y exigiendo a los residentes que desocuparan los inmuebles, argumentando que ahora les pertenecían.

Los afectados han hecho un llamado urgente a las autoridades locales, incluyendo la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría y la Alcaldía Distrital de Barranquilla, para que intervengan y revisen la situación de posible invasión de propiedades por parte de estos sujetos.

La situación se ha concentrado en la calle 130 entre carreras 9, 8, 8B, 8C y otras áreas cercanas de Ciudad Caribe.

Por David Awad V.
Estos problemas no solo generan molestias, sino que han incrementado considerablemente los riesgos para la seguridad de los ciudadanos, tanto en términos de accidentalidad como de seguridad personal.

Uno de los puntos más críticos es la carrera 38, entre las calles 82B y 85, donde desde hace más de un año el sistema de alumbrado público se encuentra fuera de servicio, a pesar de los repetidos reportes de la comunidad. Este tramo, conocido como la antigua carretera de los locos, se ha convertido en una de las principales zonas de riesgo, especialmente durante la noche.

La falta de luz ha provocado no solo accidentes de tránsito, sino también ha incrementado los riesgos de atracos, exponiendo a conductores y peatones a situaciones de peligro.

A este problema se suma otro tramo igualmente peligroso: la Circunvalar, desde la Alameda hasta la carrera 38. Este sector también se encuentra sin iluminación, lo que dificulta la circulación nocturna y aumenta la posibilidad de accidentes.

La escasa visibilidad, sumada al tránsito vehicular intenso, crea un ambiente propenso para incidentes viales que podrían evitarse si el servicio de alumbrado fuera restablecido.

En otro sector de la ciudad, el puente peatonal del barrio La Pradera, recientemente inaugurado, desde el pasado mes de octubre ha sufrido un robo de cables que ha dejado la estructura completamente oscura. Este hecho no solo ha afectado la seguridad del puente, sino que también ha convertido a quienes lo utilizan, especialmente en la noche, en blanco fácil para la delincuencia.

El riesgo de caídas o accidentes aumenta, y lo que antes era una obra pensada para facilitar el paso peatonal, hoy se ha convertido en un punto de peligro para los habitantes de la zona.

La situación se agrava en muchos otros sectores de la ciudad, como el que va desde La Ventana al Mundo hasta la nevada de Coochofal, donde el “huequerío” o cráteres en la calzada son una constante preocupación. Estos baches, que afectan ambos sentidos de la vía, se han convertido en trampas para los conductores.

La falta de mantenimiento y reparación de las calles aumenta la posibilidad de accidentes y daños a los vehículos, generando un riesgo constante para quienes transitan por ahí.

La comunidad, que a diario enfrenta estos peligros, pide a las autoridades y a las empresas encargadas del servicio de alumbrado público y el mantenimiento vial que tomen acciones urgentes para solucionar estas problemáticas.

El restablecimiento de la iluminación en los puntos mencionados y la reparación de las vías no solo son necesidades básicas de los barranquilleros, sino que también son una obligación para garantizar la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos.