El procedimiento se originó cuando integrantes de la Fuerza Pública localizaron una retroexcavadora que, según las autoridades, era utilizada en labores de extracción minera sin contar con los permisos ambientales ni las licencias exigidas por la normativa vigente. Como parte del operativo, la maquinaria fue destruida mediante incineración.

La actuación provocó el rechazo de habitantes, trabajadores y pequeños mineros del sector, quienes salieron a las vías para manifestar su inconformidad. Los protestantes sostienen que este tipo de medidas afecta el sustento de numerosas familias que dependen de la actividad minera desarrollada en las canteras de la zona.

Durante la protesta, los manifestantes bloquearon el paso por La Cordialidad y exigieron la presencia de delegados del Gobierno Nacional, la Gobernación del Atlántico y el Ministerio de Minas y Energía para abrir un espacio de diálogo que permita atender sus reclamos.

Líderes comunitarios afirmaron que su propósito no es defender actividades al margen de la ley, sino solicitar procesos de formalización que permitan a los pequeños mineros ejercer su labor dentro de la legalidad. Además, expresaron su preocupación por lo que consideran una desigualdad entre las exigencias impuestas a la minería tradicional y las condiciones otorgadas a grandes empresas del sector.

Al lugar fueron desplegadas unidades de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), con el fin de garantizar la seguridad, facilitar el diálogo con los manifestantes y avanzar en el restablecimiento de la movilidad sobre este importante corredor vial.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación mientras continúan las conversaciones para lograr el levantamiento total del bloqueo y normalizar el tránsito en la vía nacional.