Con esta decisión, el proceso judicial entra formalmente en etapa de juicio, dejando atrás la fase de investigación preliminar que venía siendo adelantada desde 2024.

El caso involucra a los congresistas Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bittar, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, además del exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz.

Según el expediente, a los implicados se les atribuye el presunto delito de cohecho impropio, relacionado con supuestas irregularidades en la contratación pública vinculada a la UNGRD.

De acuerdo con la investigación, los legisladores habrían sido presuntos beneficiarios de un esquema de direccionamiento de contratos estatales, que habría involucrado tres proyectos en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Arauca, con una cuantía que superaría los 90.000 millones de pesos.

Las autoridades judiciales sostienen que dichos contratos habrían sido otorgados de manera irregular a cambio de apoyos políticos relacionados con solicitudes de endeudamiento internacional impulsadas por el Ministerio de Hacienda.

En el marco del mismo proceso también figura el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien ha sido vinculado a la investigación como parte del expediente que examina el alcance del presunto entramado de corrupción.

Con el traslado del caso a la Sala de Primera Instancia, será este despacho el encargado de adelantar el juicio y definir las responsabilidades penales de los implicados, en uno de los procesos más complejos derivados del escándalo de la UNGRD.