La decisión judicial establece que el jefe de Estado deberá pagar una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras incumplir la orden previa de rectificación por señalamientos en los que vinculó al directivo con presunto robo de recursos del sistema de salud.

El fallo ratifica que Petro no acató la instrucción de retractarse públicamente, lo que derivó en la sanción económica. Este caso se enmarca en las controversias generadas por declaraciones del mandatario sobre el manejo de los recursos en el sector salud.

Por ahora, se espera conocer si el presidente o su defensa interpondrán nuevos recursos frente a esta decisión o procederán con el cumplimiento de la sanción impuesta.