Burgos es reconocido por su papel en casos de alto impacto, entre ellos la confesión de Jhonier Leal, las condenas contra responsables del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y la investigación del homicidio de María Mercedes Gnecco.

Según se conoció, el funcionario presentó una carta de dos páginas dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, en la que formaliza su dimisión y solicita medidas de protección ante amenazas recibidas.

La salida de Burgos se produce en un contexto de alta exposición por los procesos que lideraba, varios de ellos relacionados con estructuras criminales y hechos de gran repercusión nacional.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando las implicaciones de esta renuncia ni las acciones que se tomarán frente a las solicitudes de seguridad del exfiscal.

El reporte de los hechos

El ataque ocurrió alrededor de las 11:45 de la mañana en la calle 4B con carrera 4 sur. Según la información preliminar entregada por las autoridades, el menor se desplazaba a pie por el sector cuando fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una bicicleta.

El parrillero, sin detener la marcha del vehículo, desenfundó un arma de fuego y disparó en reiteradas oportunidades contra la víctima, quien cayó desplomada al pavimento ante la mirada atónita de los residentes de la zona.

Resumen del suceso

Esfuerzos médicos insuficientes

Tras el ataque, los agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido, aprovechando la agilidad que les permitía la bicicleta. Mientras tanto, el menor fue auxiliado de urgencia por personas que se encontraban en el lugar y trasladado a la Clínica Campbell de Malambo.

Pese a la celeridad del traslado y los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, las heridas de gravedad —producto de los múltiples impactos recibidos— terminaron por arrebatarle la vida en horas de la tarde.

Investigación en curso

Las unidades de investigación criminal de la Policía Metropolitana se han trasladado al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar testimonios que permitan identificar a los responsables. Este nuevo caso de violencia contra menores de edad ha generado gran consternación en la comunidad malambera, que exige acciones contundentes ante el incremento de este tipo de ataques cometidos por delincuentes en vehículos ligeros, los cuales dificultan las labores de vigilancia y patrullaje.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que entreguen cualquier información relevante que permita dar con el paradero de los perpetradores de este crimen.

«No hay lugar a la prescripción»

La decisión judicial, que ratifica el fallo del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Valledupar (30 de diciembre de 2025), ha sido recibida con alivio por la parte querellante. El abogado Raúl Romero Del Río, representante de la familia Mestre, fue enfático al declarar ante Atlántico en Noticias que la condena «sigue vigente y debe cumplirse a cabalidad».

El jurista detalló que esta petición de prescripción ya había sido debatida y derrotada en instancias previas, incluso llegando hasta la Corte Suprema de Justicia en 2021, la cual ya había cerrado la puerta a tales argumentos. A pesar de esto, con la extradición de Saade desde Brasil, la defensa intentó nuevamente desvirtuar la vigencia de la pena, maniobra que fue rechazada de plano por el Tribunal.

Tribunal confirma condena de 24 años contra Jaime Saade por el feminicidio de Nancy Mestre

Claridad sobre el tiempo de cumplimiento

Es fundamental distinguir entre la condena original y el tiempo efectivo de prisión tras la extradición. El abogado Romero Del Río explicó la situación técnica:

• La sentencia original: 24 años de prisión por el feminicidio (inicialmente 27 años, luego reducida).

• Las condiciones de extradición: Por solicitud del gobierno de Brasil, se excluyó del cómputo de la pena el delito de «acceso carnal violento» (que en el vecino país figura como estupro y estaba prescrito).

• La realidad actual: Esta exclusión no significa una rebaja en la sentencia por méritos del condenado, sino un ajuste derivado del tratado de extradición. Por lo tanto, el tiempo restante por purgar es de aproximadamente 16 años.

Cronología de un caso histórico

La persistencia de la memoria

El crimen de Nancy Mestre, estudiante del colegio Marymount, no solo impactó por la brutalidad del abuso y el asesinato, sino por la red de engaños que buscó ocultar la verdad desde el primer momento. La familia Mestre, liderada por la incansable búsqueda de justicia de su padre, Martín Mestre, ha logrado, tras tres décadas, que el sistema judicial colombiano garantice que el responsable no quede en libertad.

Con esta ratificación del Tribunal Superior de Valledupar, se desestimó definitivamente cualquier intención de Saade Cormane de evadir el cumplimiento de su pena, enviando un mensaje claro sobre la imprescriptibilidad de los delitos cuando el Estado ha obrado con celeridad dentro de los marcos legales vigentes.

El condenado, Jaime Saade Cormane, permanece bajo custodia en el centro penitenciario de alta seguridad ‘La Tramacúa’, donde continuará cumpliendo la pena por el atroz crimen que conmocionó a todo el departamento del Atlántico.

El procedimiento, realizado el pasado 15 de abril, permitió la detección de una amplia cantidad de productos que, según las autoridades, no contaban con la documentación que respaldara su ingreso legal al país.

Millonaria mercancía decomisada

En el primer contenedor fueron hallados 18.840 pares de calzado de origen extranjero y 3.200 rollos de cinta adhesiva. En un segundo cargamento se encontraron 70.200 unidades entre confecciones y prendas de vestir, además de 225 pares de zapatos, 5.600 accesorios para celulares, 17.100 gorras, 10 sillas y 20 canastas para residuos.

El avalúo total de la mercancía supera los 11.540 millones de pesos, según el informe presentado por los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que acompañaron la diligencia.

Irregularidades en la documentación

Las autoridades señalaron que los documentos aportados por los presuntos responsables no coincidían con el contenido real de los contenedores, lo que encendió las alertas sobre una posible operación de contrabando a gran escala.

De acuerdo con la investigación, la mercancía tendría como destino su distribución en mercados del mismo puerto de Buenaventura y en diferentes ciudades de la región Caribe.

Investigación en curso

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) abrió indagación formal por el delito de contrabando, mientras se avanza en la identificación de los responsables de la operación y la trazabilidad del cargamento.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos buscan frenar el ingreso ilegal de mercancías al país, proteger la economía formal y evitar el impacto del contrabando en el comercio nacional.