La angustia de una familia aumenta con el paso de las horas. Yeiner, un niño de apenas cinco años permanece hospitalizado en Barranquilla después de ser trasladado desde Ciénaga, Magdalena, debido a una grave condición neurológica que, según la información suministrada por sus familiares, correspondería a una malformación vascular cerebral de grado 4 o 5 según la escala logarítmica de Spencer.

El menor se encuentra afiliado a Coosalud y permanece internado desde hace aproximadamente cuatro o cinco días en la clínica Bonnadona de Barranquilla, mientras sus familiares intentan definir cuál será el procedimiento que finalmente se realizará para tratar su enfermedad.

El caso ha generado preocupación entre sus padres y allegados debido a que, de acuerdo con lo manifestado por la familia, la EPS estaría contemplando la posibilidad de realizar una embolización como alternativa para tratar la malformación.

Sin embargo, ante la complejidad del diagnóstico, los familiares decidieron buscar un concepto médico adicional y acudieron al especialista Jaime Perna Romero (Neurocirujano de adulto e infantil), a quien atribuyen experiencia en el manejo de este tipo de patologías.

Según el concepto entregado a los padres, el especialista Jaime Perna no recomendaría la embolización como procedimiento definitivo para el caso particular del menor y, en cambio, habría planteado la posibilidad de realizar una cirugía con intención curativa mediante una técnica especializada que, según la familia, sería manejada por él.

Los familiares sostienen que la recomendación del médico se fundamenta en su experiencia con pacientes previamente intervenidos y en la técnica que ha desarrollado para abordar este tipo de malformaciones. Incluso, señalan que existen testimonios y material audiovisual de pacientes tratados por el especialista, algunos de los cuales han sido divulgados en su canal de YouTube y cuenta de Instagram:

https://www.youtube.com/@jaimeperna1105

https://www.instagram.com/drjaimeperna/

No obstante, ante la existencia de conceptos médicos diferentes y la gravedad del diagnóstico, la familia se encuentra ahora frente a una decisión que consideran determinante para la vida y el futuro del pequeño.

La familia acudirá a la tutela

Ante la falta de acuerdo sobre el tratamiento que debería recibir el menor, sus padres y familiares se verían obligados a acudir a la vía judicial mediante una acción de tutela, con el propósito de que se protejan sus derechos fundamentales a la vida, la salud y la atención médica integral.

La intención de la familia sería que un juez ordene a las entidades responsables estudiar y garantizar de manera prioritaria la alternativa médica que consideran más adecuada para el niño, teniendo en cuenta el concepto del especialista consultado y la complejidad de la malformación.

Para los familiares, el problema no se reduce a escoger entre dos procedimientos médicos. Lo que está en juego, aseguran, es la posibilidad de que el menor reciba oportunamente el tratamiento que, de acuerdo con la valoración especializada que obtuvieron, podría ofrecer una solución definitiva a su enfermedad.

Para la familia, la esperanza de encontrar una solución definitiva para el menor está puesta en la valoración y experiencia del Dr. Jaime Perna Romero, a quien reconocen por su trayectoria en el manejo de este tipo de malformaciones y por los resultados y testimonios de pacientes que, según sus allegados, han sido sometidos a procedimientos bajo su técnica quirúrgica. De acuerdo con el concepto entregado por el especialista, la alternativa que plantea sería una intervención quirúrgica con intención curativa, diferente a la embolización que estaría siendo contemplada en el caso.

La familia asegura que el Dr. Perna no recomienda la embolización para este paciente, razón por la cual insiste en que su concepto sea tenido en cuenta y que se evalúe la posibilidad de realizar el procedimiento quirúrgico que considera más apropiado para buscar una solución definitiva a la condición del pequeño.

El tiempo, el principal motivo de preocupación

Mientras el caso permanece en definición, el menor continúa hospitalizado en la Clínica Bonadona de Barranquilla.

Esta situación mantiene a sus padres y familiares en permanente angustia, pues consideran que el tiempo es un factor determinante frente a una enfermedad neurológica de semejante complejidad.

La familia teme que la espera para definir el procedimiento pueda prolongarse mientras el niño permanece hospitalizado, por lo que insiste en que las autoridades de salud y las entidades involucradas estudien el caso con carácter prioritario.

Los allegados aseguran que, mientras pasan las horas, aumenta su preocupación por los posibles riesgos asociados a la evolución de la enfermedad y piden que las decisiones médicas se adopten oportunamente, teniendo como prioridad absoluta la vida y la integridad del pequeño.

“El tiempo se agota”, es el mensaje que transmiten sus familiares, quienes esperan que el caso sea atendido con la mayor celeridad posible y que se valore el concepto del especialista antes de definir el procedimiento al que será sometido el menor.

Una disputa médica que deberá resolverse con criterios científicos

El caso también pone sobre la mesa un debate que trasciende a esta familia: la necesidad de que, cuando existen diferentes alternativas para tratar una enfermedad de alta complejidad, las decisiones sean adoptadas con base en la evidencia científica, las condiciones particulares del paciente y la valoración de especialistas con experiencia en la patología.

Una malformación vascular cerebral puede presentar distintos niveles de complejidad y no todos los pacientes son candidatos a los mismos procedimientos. Por esa razón, la decisión sobre realizar una embolización, una intervención quirúrgica u otra alternativa depende de factores como la ubicación, tamaño, características de la lesión, estado clínico del paciente y valoración de un equipo especializado.

En el caso del menor, serán precisamente esos criterios médicos los que deberán determinar cuál es la alternativa más segura y apropiada.

La familia, sin embargo, insiste en que su solicitud no pretende reemplazar el criterio de los médicos, sino garantizar que el niño sea valorado por el especialista que consideran idóneo y que su concepto sea tenido en cuenta antes de adoptar una decisión definitiva.

La petición de los familiares

Los padres del menor esperan que Coosalud, la institución hospitalaria y las autoridades competentes atiendan el caso de manera urgente y garanticen la continuidad de la atención especializada.

También solicitan que, mientras se define el procedimiento, el niño permanezca bajo vigilancia médica permanente y que cualquier decisión relacionada con su tratamiento tenga en cuenta la gravedad de su diagnóstico.

La familia prepara así el camino jurídico para acudir ante un juez, mientras el pequeño continúa internado en Barranquilla.

Por ahora, el caso permanece abierto y será fundamental conocer los conceptos médicos oficiales, la historia clínica, la respuesta de Coosalud y la posición de la Clínica Bonadonna para establecer con precisión cuáles son las alternativas terapéuticas disponibles y cuál ha sido la justificación médica para cada una de ellas.

La preocupación de los familiares es clara: que la discusión administrativa o jurídica no termine retrasando una decisión médica que, por la naturaleza de la enfermedad, consideran urgente.

Al cierre de este escrito, se tuvo conocimiento que la EPS optó a pesar del concepto médico del Dr. Perna de que embolizarlo, lo empeora en vez de ayudarlo, toda vez que el remanente que queda, le aumenta el gradiente (diferencia de presión sanguínea que se mide antes y después del punto que ha sido ocluido mediante un procedimiento de embolización), y esto aumentaría los porcentajes de resangrado.

La decisión judicial establece que el jefe de Estado deberá pagar una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras incumplir la orden previa de rectificación por señalamientos en los que vinculó al directivo con presunto robo de recursos del sistema de salud.

El fallo ratifica que Petro no acató la instrucción de retractarse públicamente, lo que derivó en la sanción económica. Este caso se enmarca en las controversias generadas por declaraciones del mandatario sobre el manejo de los recursos en el sector salud.

Por ahora, se espera conocer si el presidente o su defensa interpondrán nuevos recursos frente a esta decisión o procederán con el cumplimiento de la sanción impuesta.

En un país donde los recursos para el sistema de salud se han convertido en un bien codiciado, una investigación de W Radio pone sobre la mesa una serie de inquietantes conexiones en torno al destino de los dineros que deberían garantizar atención médica para los colombianos. Al parecer, lo que comenzó como una trama relacionada con el sector de la salud, se ha expandido a una red empresarial internacional que tiene como protagonista a Venum Investments 2020 SL, una compañía registrada en España con un capital inicial de apenas 3.000 euros y cuya estructura es cada vez más cuestionada.

Según el informe, el negocio en cuestión se centra en un grupo de IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) que, aunque con diferentes nombres, terminan enviando sus recursos a una única entidad: Venum Investments, una empresa aparentemente «de papel», constituida en julio de 2020. Sin embargo, más que por su capital o su actividad, Venum destaca por su vínculo con una serie de empresas opacas y la posible conexión con operaciones de lavado de dinero. Lo que resulta aún más intrigante es que Venum no tiene sede real en España, y su presencia en Madrid parece no ser más que un expediente administrativo y fiscal.

En la publicación del mencinado medio, da cuenta de el listado completo de las IPS en varias zonas del país en donde se habrían concentrado la recepción de recursos del sistema de salud.

• Bienestar IPS
• Avidanti S.A.S.
• Eve Distribuciones S.A.S.
• Organización Clínica General del Norte
• Centro de Cirugía Ambulatoria IPS
• Angiografía de Colombia
• Diacor Soacha
• Oncólogos de Occidente
• Unión de Cirujanos
• Centro de Cancerología de Boyacá
• Sociedad de Radio Oncología Boyacá
• Clínica Chía
• Clínica Avidanti Armenia
• Helpharma
• Ronelly S.A.S.
• Clínica Blas de Leso
• Inverclínicas
• Sociedad San José de Torices

La investigación apunta a Mario Urán, quien se menciona como el operador detrás de las 18 IPS que se beneficiaron de los recursos del Sistema de Salud Colombiano. La publicación señala que, en los últimos dos años, estas IPS se habrían visto favorecidas con pagos realizados por las EPS, mientras que muchos hospitales públicos, al borde del colapso financiero, se quedaban sin los fondos necesarios para operar.

El dinero que debía aliviar la crisis del sistema, parece haberse desviado hacia esta red empresarial oculta, lo que se suma a las denuncias sobre Coosalud y otras EPS, las cuales habrían desviado recursos a paraísos fiscales.

Pero lo más preocupante es que esta red no parece ser obra de empresas colombianas, sino de un entramado internacional con ramificaciones que llegan hasta Uruguay. Namose S.A., una empresa constituida en dicho país, ha sido identificada como un jugador clave en la administración de los fondos, según las revelaciones de la W Radio. La presidencia de esta entidad ha estado en manos de Federico Ponce de León, un uruguayo que no solo lidera Namose, sino al menos 12 otras empresas, lo que plantea interrogantes sobre la magnitud y la influencia de este grupo en el mercado.

A medida que el caso se desenvuelve, se suman las interrogantes sobre el papel del presidente Gustavo Petro, quien, según la denuncia de un exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, fue alertado sobre estos desvíos, pero poco se hizo al respecto. Leal fue cesado poco después de hacer la denuncia, lo que ha encendido aún más las alarmas sobre la protección de los responsables.

¿Conexiones y sombras en el entorno de la Cancillería? Vínculos presuntos con figuras del sector público y empresarial

En un entramado empresarial y político que está dando de qué hablar, la W Radio ha señalado a varios personajes de la esfera pública y privada como presuntos involucrados en un caso relacionado con la gestión de recursos del sector público. Entre los nombres mencionados figuran John Mauricio Marín y Daniela Andrade, quienes desempeñaron roles directivos en la Fiduprevisora S.A., la entidad encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Lo que ha despertado más atención son los vínculos personales y profesionales de estas figuras con Laura Sarabia, la actual canciller de Colombia. Según lo reportado por la emisora, tanto Marín como Andrade tienen cercanía con la funcionaria, lo que ha generado preguntas sobre posibles conflictos de interés o, al menos, sobre la naturaleza de estas relaciones.

En particular, se ha señalado que Daniela Andrade está casada con Jaime Ramírez Cobo, quien, curiosamente, fue el padrino de matrimonio de Laura Sarabia. Aunque la Canciller fue consultada al respecto, ella negó conocer a Andrade antes de su nombramiento en la Fiduprevisora. Según Sarabia, su vínculo con los involucrados es nulo, ya que no tenía conocimiento previo de Andrade, y respecto a John Mauricio Marín, aclaró que la persona del Gobierno que tiene relación con él no es ella, sino Augusto Ramírez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien habría sido la persona que lo integró al trabajo en la entidad.

Sin embargo, estas declaraciones no han logrado disipar las dudas sobre el alcance de las relaciones entre estos personajes y las posibles implicaciones para la gestión pública. Las conexiones entre figuras clave del gobierno, empresas del sector público y hasta relaciones personales que se remontan a eventos como matrimonios y padrinazgos, generan inquietudes sobre los intereses detrás de las decisiones que afectan la administración de recursos sensibles del Estado.

Lo que queda claro es que esta situación ha puesto en evidencia una red de contactos y vínculos cercanos entre el sector público y privado que será necesario examinar con mayor profundidad. ¿Hasta qué punto pueden influir estos lazos en la transparencia y eficiencia de las instituciones encargadas de manejar los recursos públicos? La incertidumbre persiste, y lo que parecía ser un tema aislado de gestión financiera ahora se convierte en un tema de debate sobre ética y conflicto de intereses en el gobierno colombiano.

Lo que es claro es que, en un contexto de crisis en el sector salud, un grupo de empresas, cuyas conexiones cruzan varias fronteras, está recibiendo grandes sumas de dinero proveniente del sistema de salud colombiano, mientras hospitales y clínicas públicas se ven obligadas a cerrar o a operar con recursos insuficientes. Esta situación plantea una serie de preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos destinados a la salud de millones de colombianos.

La historia de Venum Investments es un reflejo de cómo las estructuras empresariales opacas pueden infiltrarse en sectores clave como el de la salud, poniendo en riesgo la calidad del servicio y el bienestar de la población. Con esta investigación en marcha, surge una urgencia por esclarecer quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta red de empresas y, más aún, cómo se están manejando los recursos destinados a uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos: el derecho a la salud.

¿Hasta dónde llega la influencia de estas empresas y qué medidas tomarán las autoridades para garantizar que el dinero de la salud realmente llegue a quienes más lo necesitan?

La trama está lejos de resolverse, y lo que se puede prever es que habrá mucho más por descubrir en este escándalo internacional.