La paciencia de la ciudadanía frente a la constante alza de tarifas, impuestos y la cuestionable calidad de los servicios públicos en la región Caribe parece estar llegando a su límite constitucional. En un profundo análisis técnico y jurídico, el destacado abogado constitucionalista Porfirio Castillo Zamora puso sobre la mesa un debate tan histórico como urgente: la legitimidad de la resistencia civil como un mecanismo consustancial a la democracia participativa cuando el establecimiento abusa de su poder.

Para Castillo, la indignación ciudadana actual por los cobros excesivos no es un fenómeno aislado, sino una respuesta natural que encuentra su paralelo en hitos históricos como la Revolución de los Comuneros de 1781 (rebelión popular en el Virreinato de Nueva Granada (hoy Colombia) contra el imperio español), originada precisamente por el aumento desmedido de tributos por parte de los Borbones. «Esa insurrección le demostró y le demuestra a los gobiernos que están allí únicamente en virtud del mandato del pueblo», enfatiza el jurista.

Servicios públicos e impuestos: «Nos sacan la plata y los resultados no se ven»

El eje central del pronunciamiento de Castillo Zamora no apunta a las habituales disputas de la política nacional, sino al bolsillo y a la seguridad del ciudadano de a pie. El constitucionalista fue enfático al cuestionar la desconexión entre lo que se recauda y la realidad que se vive en las calles de Barranquilla y el departamento del Atlántico.

«Nos encontramos con todo tipo de impuestos y cada día están más altos. ¿Qué hace el pueblo frente a esta cantidad de cosas que lo pisotean, lo maltratan y le sacan la plata sin que se vean los resultados?» — Porfirio Castillo Alzamora, abogado constitucionalista.

El jurista desglosó los tres puntos críticos que, a su juicio, justifican una protesta pacífica y organizada:

• Tasa de Seguridad: Cuestionó severamente la efectividad del tributo y su gestión entre la Gobernación y el Distrito. «Matan a todo el mundo, suben la tasa de seguridad y no pasa nada. Suben los impuestos al alumbrado público y no pasa nada. Es hora de levantar el brazo, es hora de protestar contra ese tipo de conductas gubernamentales», sentenció Castillo, contrastando la realidad de orden público, como si los gobernantes quisieran tapar una realidad con narrativas fabulosas que ni a ellos mismo los convence.

• Alumbrado Público: Las tarifas siguen en aumento sin que el servicio se compense con una mejora sustancial en la percepción de seguridad y cobertura.

• Sobrefacturación en el Aseo: Castillo hizo un llamado especial a revisar los recibos del agua, donde el componente de aseo ha alcanzado niveles «increíblemente altos», afectando con especial rigor a las propiedades horizontales. Denunció que se presentan irregularidades como la falta de pesaje real, la sobrefacturación y el incumplimiento de reglamentaciones, contando además con la aparente complacencia de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Los límites de la resistencia civil: Del debate nacional al bolsillo local

El experto en la Carta Magna marcó una línea clara entre el uso de la resistencia civil para fines políticos particulares y su aplicación para defender los derechos ciudadanos. En ese sentido, tomó distancia de las motivaciones que sectores políticos como el del senador Iván Cepeda invocan contra el Ejecutivo nacional —como debates sobre la doble nacionalidad—.

«Aseo impagable y una Tasa de Seguridad que no funciona»: Abogado Porfirio Castillo plantea la resistencia civil pacífica ante abusos en el Atlántico

Para Castillo, el verdadero valor de la resistencia —la cual exige que sea estrictamente pacífica— radica en frenar los actos de gobierno locales y departamentales que están haciendo «invivible» la posición de los ciudadanos, así como para combatir la corrupción estructural.

En un resumen, concreto, certero y muy sustancioso, Castillo explica; «La resistencia frente a la figura del presidente y la resistencia frente a actos de gobierno que están afectando y haciendo invivible la posición de los ciudadanos, incluso contra la corrupción debería tomarse la decisión de iniciar un movimiento de naturaleza, de esta naturaleza, porque cuando la corrupción roba más, lo que se le ocurre a los gobiernos simplemente es hacer una reforma tributaria. Todo esto, lo digo en general, no sindico particularmente a ningún gobierno y los indico a todos, porque es un vicio del establecimiento y es una cultura que hay en la política colombiana».

«Cuando la corrupción roba más, lo único que se le ocurre a los gobiernos es hacer una reforma tributaria«, concluyó el abogado, aclarando que no se trata de un señalamiento a una administración específica, sino de una crítica vertical a un «vicio del establecimiento» y a la cultura política tradicional colombiana. Ante este panorama, el llamado del jurista es claro: es hora de que la ciudadanía levante el brazo y proteste legítimamente contra los abusos gubernamentales.

Cabe recordar que este caso viene desde hace algún tiempo, donde el concejal de Barranquilla Alexis Castillo, fue denunciado por presunta violencia intrafamiliar por su expareja, Silvia Aragón, no obstante y paradójicamente promovió en 2025 un proyecto de ordenanza destinado a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política.

La iniciativa, en ese entonces fue aprobada en primer debate y buscaba garantizar condiciones de respeto, equidad y plena garantía de derechos para mujeres que ejercen liderazgo en espacios públicos y colegiados de elección popular.

El proyecto, fue divulgado por el equipo de prensa del cabildante, pretendía abrir camino para que más mujeres participaran activamente en la política y en organizaciones sociales de Barranquilla, incluyendo consejeras de juventud, líderes sociales e integrantes de juntas de acción comunal, sin enfrentar persecución ni violencia.

No obstante, en su momento, la revista Semana conoció antecedentes que generaron la polémica: en agosto de 2021, la Oficina de la Mujer de la Alcaldía de Barranquilla remitió un documento al Concejo en el que varias ediles denunciaban presuntas agresiones verbales de Castillo hacia sus colegas, solicitando que se tomaran acciones frente a estos hechos.

Helda Marino, entonces jefa de la Oficina de la Mujer, explicó que, al no tener competencia directa, la entidad trasladó la denuncia al Concejo para que se iniciaran las acciones correspondientes.

Actualmente, el caso de violencia intrafamiliar contra Castillo sigue su curso ante la Fiscalía General de la Nación, la misma que dicto en las últimas horas, una orden de captura en su contra.

Este contraste entre la promoción de un proyecto de protección de derechos de las mujeres y las denuncias en su contra por presuntas agresiones mantiene en debate público la figura del concejal barranquillero.

Fuente:

https://www.semana.com/nacion/barranquilla/articulo/polemico-concejal-denunciado-por-violencia-intrafamiliar-en-barranquilla-lidera-proyecto-para-acabar-con-los-ataques-a-las-mujeres-en-la-politica/202530

En declaraciones, Castillo aseguró que la medida carece de fundamento y reiteró que ha actuado de manera respetuosa y en concordancia con los procesos judiciales, especialmente buscando proteger el bienestar de sus hijos.

El cabildante explicó que la orden de captura se originó por una supuesta incomparecencia a una audiencia el 26 de noviembre de 2025, la cual, según él, fue justificada porque se encontraba en una sesión descentralizada del Concejo Distrital en el barrio El Bosque. Castillo sostuvo que, pese a esta justificación, el fiscal solicitó la orden de captura antes de agotar los demás mecanismos legales.

“¿Qué riesgo puedo representar yo al país o a la sociedad, cuando hay delincuentes que sí afectan la seguridad ciudadana?”, señaló Castillo, al tiempo que criticó la celeridad con la que se emitió la orden frente a su caso.

El concejal informó que, junto a su exesposa y su equipo legal, se adelantan las gestiones para esclarecer la situación y garantizar que el proceso no afecte el desarrollo de sus funciones como miembro del Concejo Distrital.

Las autoridades continúan con el trámite judicial correspondiente, y el caso se encuentra bajo investigación para determinar responsabilidades y la veracidad de los hechos denunciados.