El exgobernador del Magdalena y exalcalde de Santa Marta continuará libre mientras el fallo es revisado en apelación y casación. Su apoderado sostiene que Caicedo no ejercía funciones de contratación ni manejo de recursos.

Luego de conocerse la decisión de primera instancia proferida por un juzgado dentro del proceso por presuntas irregularidades en la construcción y adecuación de centros de salud en Santa Marta, la defensa técnica del exgobernador del Magdalena y exalcalde de esa ciudad, Carlos Eduardo Caicedo Omar, confirmó los pasos jurídicos a seguir e insistió en su inocencia.

A pesar del sentido del fallo condenatorio, la jueza del caso determinó que el exmandatario permanecerá en libertad, debido a que la sentencia no se encuentra ejecutoriada ni ha adquirido firmeza legal, en garantía del principio constitucional de presunción de inocencia.

El abogado penalista Luis Carlos Torregrosa, integrante del equipo legal de Caicedo, explicó las razones procesales que respaldan la libertad del político magdalenense:

«Lo primero que debemos destacar es que la juez profirió un fallo de primera instancia respecto del cual caben los recursos de apelación y el recurso extraordinario de casación. Lo segundo es que la juez determinó no privar de la libertad al doctor Carlos Eduardo Caicedo hasta tanto la decisión quede debidamente ejecutoriada», precisó el jurista.

La tesis de la defensa: ausencia de funciones contractuales y presupuestales

En el centro del debate ante los tribunales superiores, la defensa argumenta que la sentencia desconoce las atribuciones reales del cargo de alcalde al momento en que ocurrieron los hechos investigados.

Audio entrevista de Miryam Peña a la abogada Diana Muñoz:

Según la tesis presentada por el equipo apoderado, el mandatario local no ostentaba la ordenación del gasto ni la ejecución directa del contrato, responsabilidades que recaían sobre la estructura administrativa de la Empresa Social del Estado (ESE) correspondiente:

Inexistencia de dominio funcional: La defensa afirma que Caicedo no tenía entre sus funciones la firma, supervisión, manejo financiero ni liquidación de los contratos objeto de investigación, por lo que resulta atípico atribuirle los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Asimetría procesal: El abogado Torregrosa señaló como inconsistente que la imputación y posterior condena recayera sobre el exalcalde, mientras que otros actores del proceso —como contratistas, interventores o la gerencia de la ESE— no sufrieron el mismo señalamiento penal.

Solicitudes de nulidad: La defensa anunció que, paralelamente al recurso ordinario de apelación y la casación, radicará tres solicitudes de nulidad aduciendo vicios de procedimiento que habrían afectado las garantías del debido proceso.

De acuerdo con el marco legal e interamericano vigente en Colombia, la condena en primera instancia no implica la pérdida inmediata o automática de los derechos políticos del ciudadano.

Expertos constitucionalistas y penalistas coinciden en que solo una sentencia condenatoria en firme (ejecutoriada) genera la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o aspiraciones de elección popular. En consecuencia, mientras el expediente transita por la segunda instancia ante el Tribunal Superior y, eventualmente, ante la Corte Suprema de Justicia mediante la casación, la situación legal del líder político continuará sujeta al desarrollo de las etapas de revisión judicial.

En un giro trascendental dentro del proceso que enfrenta el exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, se conoció que no será privado de la libertad por ahora. La juez a cargo del caso determinó que la medida restrictiva no se hará efectiva hasta tanto la sentencia de primera instancia quede debidamente ejecutoriada.

Lejos de bajar la guardia, la defensa técnica del exmandatario catalogó el fallo como el punto de partida de una profunda ofensiva jurídica para demostrar su inocencia en los estrados superiores.

La artillería legal: apelación, casación y tres nulidades

El abogado Luis Carlos Torregrosa, defensor de Caicedo, confirmó que el equipo jurídico no escatimará recursos legales para echar abajo la decisión del despacho judicial. Anunció que interpondrán los mecanismos ordinarios y extraordinarios correspondientes.

• Los recursos anunciados: Se activarán formalmente el recurso de apelación ante la segunda instancia y el recurso extraordinario de casación ante la máxima corporación.

• Solicitudes de nulidad: La defensa reveló que durante el proceso ya se han interpuesto tres solicitudes de nulidad, argumentando graves presuntas irregularidades que comprometen la validez de todo el andamiaje judicial en contra del exmandatario.

El eje de la defensa: «Caicedo no manejaba contratos ni presupuestos»

Para el equipo de abogados, la condena carece de sustento técnico y legal, debido a que Caicedo jamás tuvo bajo su órbita funcional competencias de carácter financiero o contractual relacionadas con el objeto del proceso.

“Lo primero que debemos destacar es que el doctor Carlos Eduardo Caicedo no tiene funciones presupuestales, financieras, ni mucho menos en contratación. Mal puede el doctor Caicedo responder por delitos de celebración indebida de contratos o de peculado”, enfatizó el abogado defensor Torregrosa.

La gran incógnita: ¿Por qué los demás involucrados no fueron condenados?

Uno de los puntos más álgidos planteados por la defensa apunta directamente a un aparente trato desigual o vacío probatorio frente a los demás actores que participaron directamente en la ejecución de las obras y contratos investigados.

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De acuerdo con el jurista, resulta sumamente extraño e incomprensible que el despacho judicial haya emitido una sentencia condenatoria contra Caicedo, mientras que los contratistas, los interventores y los propios gerentes de la ESE implicados en el caso no registren condenas por los mismos hechos.

Con la firme postura de que su defendido siempre ha acudido de manera responsable a responder ante la justicia, la defensa de Carlos Caicedo trasladará la disputa legal a los tribunales superiores en busca de revocar el fallo en su totalidad.