¿A quién beneficia realmente esta inversión?

Si analizamos la estructura del negocio, la ecuación genera incomodidad. El estadio es propiedad del Distrito de Barranquilla —financiado, en última instancia, por el bolsillo de los contribuyentes—, pero en la práctica, la gestión y el usufructo de los ingresos por taquilla en los partidos de la Liga BetPlay quedan mayoritariamente en manos del Club Junior de Barranquilla.

El dilema del «Casa Propia, Bolsillo Ajeno»

No se trata de cuestionar la importancia del fútbol para nuestra identidad, sino de cuestionar la transparencia en el manejo del erario público. La lógica de cualquier inversión es obtener un retorno, ya sea social o económico. Si el Distrito invierte miles de millones en ampliar la capacidad de un escenario que, al final del día, es explotado comercialmente por un ente privado —en este caso, un equipo estrechamente vinculado a la familia Char.

¿dónde está el retorno para el barranquillero de a pie?

• El Costo: La construcción, el mantenimiento y las mejoras de infraestructura corren por cuenta del Distrito (dinero público).

• El Beneficio: La recaudación de las entradas y la explotación comercial durante los encuentros del equipo local son gestionadas por el club Junior de Barranquilla.

Preguntas necesarias

Como ciudadanos y periodistas, tenemos el deber de exigir respuestas claras:

1. ¿Existe un canon de arrendamiento justo? Si el club utiliza un bien público para generar sus ingresos, ¿cuál es el porcentaje real que regresa a las arcas distritales para reinvertirse en seguridad, educación o salud en Barranquilla?

2. ¿Por qué no invierte el club Junior de Barranquilla? Si la empresa privada es la que percibe la mayor rentabilidad del espectáculo, ¿por qué la carga de la ampliación y modernización recae nuevamente sobre el presupuesto público?

3. Transparencia: ¿Dónde están los estudios de viabilidad que demuestran que esta ampliación es una prioridad para la ciudad por encima de otras necesidades sociales urgentes?

Una reflexión final

La infraestructura deportiva es necesaria, sí. Pero la gestión pública no puede ser el subsidio silencioso de negocios privados. Barranquilla merece que el Estadio Metropolitano deje de ser un escenario donde, mientras algunos celebran los goles, otros se preguntan por qué el costo de la fiesta lo sigue pagando la ciudad, mientras la rentabilidad se queda en casa ajena.

La pelota está en la cancha de la administración.

¿Seguiremos jugando este partido con reglas que solo favorecen a unos pocos?

El silencio no es una opción. Las amenazas contra el periodista Jean Pierre Serna no pueden ni deben pasar como un hecho más en el ya largo historial de intimidaciones contra quienes ejercen el oficio de informar en Colombia. Lo ocurrido no es un asunto privado ni aislado: es una agresión directa al periodismo, a la libertad de expresión y al derecho ciudadano a saber.

Que un periodista tenga que hacer públicas amenazas para proteger su vida evidencia una falla grave del Estado y un entorno cada vez más hostil para la prensa. Intimidar, amedrentar o intentar silenciar a un comunicador es una práctica propia de quienes temen a la verdad y rehúyen al escrutinio público.

Desde distintos sectores del gremio periodístico se levanta hoy una voz de rechazo rotundo, de solidaridad absoluta con Jean Pierre Serna y de advertencia clara: no se puede normalizar el miedo como parte del ejercicio periodístico.

Hacemos un llamado urgente a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección para que activen de inmediato los protocolos correspondientes, investiguen el origen de las amenazas y garanticen condiciones reales de seguridad para el periodista.

Cada amenaza que queda impune envía un mensaje peligroso: que informar tiene precio. Y eso es inaceptable en un país que se dice democrático.

Proteger a Jean Pierre Serna es proteger al periodismo. Proteger al periodismo es proteger a la sociedad.

Hoy más que nunca, no nos callamos.

Pero el silencio se rompió con el rugido de una moto. Eran dos hombres. El parrillero no titubeó: sacó un arma y disparó. Un solo tiro, directo a la pelvis, con salida por el glúteo izquierdo. Gina cayó. El miedo, esa presencia constante para quienes trabajan en las sombras de la informalidad, se materializó de golpe.

Un familiar corrió a auxiliarla. En medio de la confusión, la subieron a un vehículo y la llevaron a la Clínica Reina Catalina. Allí lucha por recuperarse, en una camilla que por ahora es su refugio temporal.

Según contaron sus familiares a las autoridades, esta no era la primera señal de peligro. En febrero, Gina recibió mensajes de texto que la ponían contra la pared: “Tienes 24 horas para dejar el cobro diario en Soledad o acabamos contigo”. Palabras frías, escritas con la intención de hacer daño. Y ayer, al parecer, alguien quiso cumplir esa amenaza.

El cobradiario —una actividad tan común como peligrosa en los barrios populares— no solo enfrenta a quienes lo ejercen con deudas ajenas, sino también con códigos que dictan quién puede o no puede operar en ciertos territorios.

La historia de Gina Polo no es solo un caso policial. Es el retrato de muchas mujeres que, empujadas por la necesidad, se arriesgan todos los días en un sistema sin garantías, donde el precio de trabajar puede ser la propia vida.

Según denuncias de los afectados, un grupo de hombres vestidos de negro llegó a varias viviendas, tanto desocupadas como habitadas, con linternas y vehículos, intimidando a los moradores y rompiendo puertas para desalojarlos.

Los sujetos, quienes se desplazaban en carros y motocicletas, presentaron poca credibilidad en los documentos que los propietarios mostraban como prueba de su derecho sobre las viviendas adquiridas a la constructora Grama. Además, comenzaron a marcar las puertas y paredes con spray, dejando las iniciales «JB» y exigiendo a los residentes que desocuparan los inmuebles, argumentando que ahora les pertenecían.

Los afectados han hecho un llamado urgente a las autoridades locales, incluyendo la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría y la Alcaldía Distrital de Barranquilla, para que intervengan y revisen la situación de posible invasión de propiedades por parte de estos sujetos.

La situación se ha concentrado en la calle 130 entre carreras 9, 8, 8B, 8C y otras áreas cercanas de Ciudad Caribe.

En plena época decembrina, cuando el espíritu de solidaridad y la necesidad de movilización aumentan, los taxistas en Barranquilla parecen haberse puesto en su claro propósito de hacer su «agosto» a costa de los bolsillos de los ciudadanos.

La tarifa mínima que imponen, de manera arbitraria y sin regulación, alcanza los 15 mil pesos, un abuso descarado que pone en entredicho la ética y la transparencia en el servicio público de transporte, lonque evidentemente los llevará a ser desplazados en su totalidad por las aplicaciones.

¡Yo pa’allá no voy!

«Como que uno pide una carrera para llevarlos a ellos, absurdas respuestas a los usuarios son comunes escucharle en todo el año y más ahora, que solo quieren carreras cortas bajo una mínima de $15.000, manda hu¢¥©», dijo indignado un usuario en la Murillo con 21. Por esto y mucho más los barranquilleros apoyamos más a las aplicaciones y no a un gremio en decadencia.por culpa de ellos mismos.

Los taxistas en B/quilla no están especulando, están robando.
La tarifa mínima para ellos en esta época es de 15 mil pesos.
Señor alcalde @AlejandroChar pídale a su Secretario de Tránsito q justifique su sueldo y meta en cintura a estos atracadores descarados. @MinTransporteC pic.twitter.com/KxdX94W0D3

— Javier Manjarrés R. (@JManjarresR) December 20, 2024

En realidad y en el plano castizo, lo que se presenta no se trata de especulación, es un verdadero robo abierto. Es indignante ver cómo estos conductores se aprovechan de la necesidad de los barranquilleros sin que las autoridades tomen medidas concretas para proteger a los usuarios.

El llamado va directamente al alcalde, Alejandro Char, y a la Secretaría de Tránsito, quienes parecen ausentes o indiferentes ante este atropello masivo. Señor alcalde, ¿hasta cuándo permitirán que los ciudadanos sean víctimas de estas prácticas desleales? Es momento de que su Secretario de Tránsito se quite la «corbata» por un momento y de una vez por todas justifique su sueldo y actúe con firmeza ante este robo por la mayoría del gremio de taxistas y poner en cintura a los «atracadores» del volante.

Asimismo, se solicita la intervención del Ministerio de Transporte, exigiendo regulaciones claras, controles estrictos y sanciones ejemplares para quienes incumplan las normativas y abusen de los usuarios.

Barranquilleros, no podemos normalizar este tipo de abusos. La falta de acción de las autoridades no debe ser el sello de nuestra ciudad.

¡Es hora de exigir el respeto y la justicia que todos merecemos!

El estado de la vía es deplorable, con numerosos baches y grietas que hacen la circulación peligrosa, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos.

Los conductores han alertado sobre la situación, asegurando que el puente presenta un desgaste significativo, y la calzada parece en condiciones precarias, parecida a «galleta de soda». Este deterioro está provocando que los vehículos deban maniobrar con mucho cuidado para evitar accidentes, lo que genera tráfico y aumenta el riesgo de colisiones.

El llamado de los ciudadanos es claro: es urgente que el Distrito de Barranquilla tome cartas en el asunto antes de que ocurra una tragedia. La comunidad teme que la situación en este sector se convierta en otro lamentable episodio similar al de la calle 30, donde se registraron pérdidas humanas y graves daños materiales debido a la falta de mantenimiento adecuado de las vías.

Además de los baches, la infraestructura del puente y la señalización de la zona también requieren atención inmediata. Sin acciones concretas, este puente podría ser un escenario de un accidente fatal en cualquier momento. Los conductores están optando por rutas alternas para evitar pasar por este peligroso sector, pero la preocupación persiste entre los residentes y trabajadores de la zona.

Es hora de que las autoridades locales prioricen la rehabilitación de esta vía, evitando más tragedias y asegurando un tránsito seguro para todos.

El llamado es claro: no esperar a que ocurra un accidente grave para actuar, ya que la situación actual en la Carrera 56 con Circunvalar es insostenible y representa un verdadero riesgo para la seguridad vial en Barranquilla.

Por David Awad V.
Estos problemas no solo generan molestias, sino que han incrementado considerablemente los riesgos para la seguridad de los ciudadanos, tanto en términos de accidentalidad como de seguridad personal.

Uno de los puntos más críticos es la carrera 38, entre las calles 82B y 85, donde desde hace más de un año el sistema de alumbrado público se encuentra fuera de servicio, a pesar de los repetidos reportes de la comunidad. Este tramo, conocido como la antigua carretera de los locos, se ha convertido en una de las principales zonas de riesgo, especialmente durante la noche.

La falta de luz ha provocado no solo accidentes de tránsito, sino también ha incrementado los riesgos de atracos, exponiendo a conductores y peatones a situaciones de peligro.

A este problema se suma otro tramo igualmente peligroso: la Circunvalar, desde la Alameda hasta la carrera 38. Este sector también se encuentra sin iluminación, lo que dificulta la circulación nocturna y aumenta la posibilidad de accidentes.

La escasa visibilidad, sumada al tránsito vehicular intenso, crea un ambiente propenso para incidentes viales que podrían evitarse si el servicio de alumbrado fuera restablecido.

En otro sector de la ciudad, el puente peatonal del barrio La Pradera, recientemente inaugurado, desde el pasado mes de octubre ha sufrido un robo de cables que ha dejado la estructura completamente oscura. Este hecho no solo ha afectado la seguridad del puente, sino que también ha convertido a quienes lo utilizan, especialmente en la noche, en blanco fácil para la delincuencia.

El riesgo de caídas o accidentes aumenta, y lo que antes era una obra pensada para facilitar el paso peatonal, hoy se ha convertido en un punto de peligro para los habitantes de la zona.

La situación se agrava en muchos otros sectores de la ciudad, como el que va desde La Ventana al Mundo hasta la nevada de Coochofal, donde el “huequerío” o cráteres en la calzada son una constante preocupación. Estos baches, que afectan ambos sentidos de la vía, se han convertido en trampas para los conductores.

La falta de mantenimiento y reparación de las calles aumenta la posibilidad de accidentes y daños a los vehículos, generando un riesgo constante para quienes transitan por ahí.

La comunidad, que a diario enfrenta estos peligros, pide a las autoridades y a las empresas encargadas del servicio de alumbrado público y el mantenimiento vial que tomen acciones urgentes para solucionar estas problemáticas.

El restablecimiento de la iluminación en los puntos mencionados y la reparación de las vías no solo son necesidades básicas de los barranquilleros, sino que también son una obligación para garantizar la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos.

La mañana de este lunes se registró otro crimen a bala a un hombre que se movilizaba en una motocicleta de color azul a la altura de la calle 65 con carrera 38 en inmediaciones del Club de Leones en Barranquilla.

La víctima de quien por el momento se desconoce la identidad, viste zapatos blancos, jean azul y camisa blanca a cuadros azul, de tez morena y contextura gruesa.

Las primeras versiones señalan que, al parecer, estaría cometiendo atraco y fue baleado, otro hombre estaría herido. Dos capturados y se espera que la información sea confirmada por las autoridades respectivas con mayor ampliación.

Asimismo se conoció que esto se daría en medio de una persecución por pate de unidades de la sijin y uniformados de la Policía Mebar en el sector. Siendo aprehendidas dos personas en la Carrera 32 con calle 68 del barrio Nueva Granada.

Es importante resaltar que el sujeto herido, encañonó a un mototaxista para obligarlo a transportar en medio d elos hechos, siendo perseguidos y tras caer en la carrera 32 con calle 68, el maleante fue herido y desafortunadamente el mototaxista fue agredido por la comunidad en la conusión, pensando que conformaba parte de los antisociales, desconociendo que era un trabajador, víctima de las delincuencia.

Al sitio llegó personal de la Policía para hacer la respeciva investigación de los móviles.

Noticia en desarrollo…

La falta de claridad en la administración de estos recursos es alarmante. Muchos barranquilleros han intentado acceder a la página «transparencia» del Concejo, solo para descubrir que la información es escasa. Este año, por ejemplo, no se encuentra disponible el plan de adquisiciones, lo que impide conocer las inversiones previstas para posteriormente poder llegar a confrontarlas con lo realmente ejecutado.

Desde hace dos años, los barranquilleros sienten que hay un velo de oscuridad sobre el uso de los fondos, lo que genera desconfianza y especulaciones. La situación se vuelve aún más grave considerando que, a pesar de que el Concejo destina $70 millones de pesos para servicios de telefonía e internet, la línea anticorrupción parece no funcionar adecuadamente.

Además, el Concejo ha contratado auditorías por más de 140 millones de pesos, pero los ciudadanos se preguntan si estas auditorías están cumpliendo su función de asegurar la rendición de cuentas.

“Es increíble que una entidad con tanto presupuesto no pueda garantizar transparencia. La comunidad tiene derecho a saber en qué se invierte su dinero”, comentó un líder comunitario que prefirió permanecer en el anonimato.

Ante esta situación, muchos barranquilleros han comenzado a exigir mecanismos más eficaces de control y rendición de cuentas. La presión social podría ser un catalizador para que el Concejo Distrital adopte medidas que permitan una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Los ciudadanos esperan que las autoridades pertinentes intervengan para aclarar el uso de estos fondos y asegurar que se destinen a mejorar la calidad de vida en la ciudad. La exigencia de una gestión transparente y responsable se ha convertido en un clamor popular en Barranquilla.