No necesariamente porque devolver la empresa al Distrito sea una decisión ilegal —la administración local llevaba años reclamando recuperar su operación—, sino por una pregunta mucho más concreta: ¿en qué condiciones fue entregada y qué decisiones quedaron comprometidas en las últimas horas del Gobierno de Gustavo Petro?

El momento en que se produjo la operación merece especial atención.

Después de casi cinco años de intervención nacional, el Gobierno Petro avanzó hacia la devolución de ESSMAR al Distrito de Santa Marta prácticamente en la recta final de su administración. El alcalde Carlos Pinedo había anunciado desde julio que el presidente Petro le había informado que había impartido instrucciones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para culminar la intervención y retornar la empresa a la ciudad antes del 6 de agosto.

La pregunta que ahora aparece sobre la mesa es si el proceso fue simplemente la culminación de una decisión administrativa anunciada con anterioridad o si, además de la devolución, quedaron comprometidos recursos, contratos, proyectos, obligaciones y decisiones que el nuevo Gobierno debería revisar.

Porque una cosa es devolver una empresa intervenida y otra muy distinta es entregarla con un mapa completo y verificable de sus activos, pasivos, contratos, procesos judiciales, obligaciones laborales, proyectos en ejecución y compromisos financieros.

Y ahí comienza el verdadero debate.

Cinco años de intervención y una devolución que llega al final del mandato

ESSMAR fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en noviembre de 2021.

Durante estos años, el argumento central de la intervención fue la necesidad de superar las dificultades que afectaban la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y recuperar las condiciones financieras y operativas de la empresa.

De hecho, en 2022, cuando se anunció que EPM asumiría la administración, el entonces superintendente Dagoberto Quiroga había advertido que no consideraba viable entregar inmediatamente la empresa al Distrito debido a su situación financiera. La intención expresada entonces era fortalecerla antes de devolverla a Santa Marta.

El problema es que, varios años después, la ciudad sigue enfrentando dificultades en materia de agua potable, alcantarillado y manejo de aguas residuales.

Durante julio de 2026, por ejemplo, la Alcaldía de Santa Marta volvió a reclamar al Gobierno Nacional la devolución de ESSMAR mientras denunciaba nuevos episodios de vertimientos de aguas residuales. La administración distrital sostuvo que la empresa continuaba bajo responsabilidad de la intervención nacional y reclamó medidas frente a la situación.

Por eso la discusión no puede reducirse a celebrar o cuestionar políticamente la devolución.

Hay que preguntar qué cambió durante estos años y qué recibió finalmente el Distrito.

¿Qué ESSMAR recibió Santa Marta?

Esta debería ser una de las primeras preguntas del nuevo Gobierno.

¿Cuál es exactamente el estado financiero de ESSMAR al momento de la devolución?

¿Cuánto debe?

¿Cuánto le deben?

¿Qué contratos están vigentes?

¿Cuáles están próximos a terminar?

¿Qué convenios fueron suscritos durante la intervención?

¿Cuáles tienen recursos comprometidos para los próximos años?

¿Qué procesos judiciales existen contra la empresa?

¿Cuáles son sus obligaciones laborales?

¿Qué activos son propiedad de ESSMAR y cuáles están sujetos a contratos, comodatos, fiducias o cualquier otra figura jurídica?

¿En qué estado se encuentran las redes de acueducto y alcantarillado?

¿Y cuál es el inventario real de obras pendientes?

Responder esas preguntas no es un ejercicio político. Es una obligación elemental de transparencia cuando una empresa pública cambia nuevamente de administración después de casi cinco años de intervención.

El problema no es devolverla: es saber bajo qué condiciones

La Alcaldía de Santa Marta ha reclamado reiteradamente que ESSMAR vuelva a manos del Distrito.

En julio, después de nuevos problemas con vertimientos de aguas residuales, el alcalde Carlos Pinedo insistió en que el Gobierno Nacional debía devolver la operación de la empresa.

Por tanto, sería injusto presentar la devolución como una decisión inesperada o completamente ajena a las solicitudes de la administración distrital.

Pero eso tampoco elimina la necesidad de revisar el procedimiento.

La pregunta de fondo es si la entrega se produjo acompañada de todos los documentos técnicos, financieros y jurídicos necesarios para que el Distrito pudiera asumir realmente la responsabilidad.

Una transferencia administrativa puede hacerse rápidamente.

Sanear una empresa de servicios públicos, en cambio, requiere años.

Y Santa Marta no puede darse el lujo de descubrir después de la devolución que existen obligaciones, contratos o problemas estructurales que no fueron suficientemente explicados.

La coincidencia con el cambio presidencial

Aquí aparece el elemento políticamente más sensible.

El Gobierno Petro terminó el 7 de agosto y la devolución de ESSMAR se produjo en el entorno inmediato de la transición presidencial.

Esto no permite afirmar que haya existido una actuación irregular.

Pero sí hace razonable pedir una revisión independiente de la documentación.

Especialmente porque el propio Gobierno había anunciado previamente que la devolución se produciría antes del final del mandato. El alcalde Pinedo informó el 24 de julio que Petro había dado instrucciones para culminar el proceso antes del 6 de agosto.

Por eso el Gobierno De La Espriella debería responder, desde el ámbito de sus competencias y con los organismos de control cuando corresponda, una pregunta sencilla:

¿Qué recibió exactamente Santa Marta en las últimas horas del Gobierno Petro?

No basta con saber que ESSMAR volvió al Distrito.

Hay que conocer en qué estado financiero, administrativo, operativo y contractual fue entregada.

Y aquí aparece otro asunto que no puede pasar inadvertido

La devolución ocurre mientras ESSMAR mantiene proyectos de enorme importancia para el futuro del servicio de agua de Santa Marta.

Uno de ellos es el proyecto de soluciones de abastecimiento mediante desalinización e infraestructura de almacenamiento y distribución.

ESSMAR publicó en junio información sobre este proyecto y abrió un espacio para que constructores, comunidades, veedurías y otros interesados formularan observaciones.

Pero apenas unas semanas después, el 28 de julio, la Procuraduría General de la Nación solicitó suspender preventivamente el proceso contractual relacionado con las plantas desalinizadoras.

El Ministerio Público señaló posibles inconsistencias técnicas, jurídicas, presupuestales y financieras y pidió revisar, entre otros aspectos, la correspondencia entre el contrato y el proyecto estratégico aprobado mediante el CONPES 4159 de 2025.

Este dato cambia considerablemente el contexto.

Porque ya no se trata solamente de una empresa que cambia de administrador.

Se trata de una empresa que, al momento de regresar al control distrital, tenía en discusión procesos contractuales de gran importancia para resolver uno de los problemas históricos de Santa Marta: el abastecimiento de agua potable.

¿Qué debería revisar el Gobierno De La Espriella?

La primera recomendación sería no partir de una conclusión política.

Ni declarar que todo lo hecho durante la intervención fue malo, ni asumir que todo quedó correctamente ejecutado.

La nueva administración debería pedir un corte de cuentas integral.

Ese examen debería incluir, como mínimo:

1. Estado financiero.
Balance de activos, pasivos, obligaciones, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, flujo de caja y compromisos futuros.

2. Contratación.
Revisión de contratos vigentes, convenios interadministrativos, procesos en curso, modificaciones, adiciones, prórrogas y contratos próximos a terminar.

3. Proyectos de infraestructura.
Estado físico y financiero de las obras ejecutadas, en ejecución y proyectadas.

4. Plantas desalinizadoras.
Revisión especial del proceso contractual cuestionado preventivamente por la Procuraduría.

5. Procesos judiciales.
Identificación de demandas, litigios, procesos administrativos y posibles contingencias que puedan terminar afectando las finanzas de la empresa.

6. Activos y patrimonio.
Inventario completo de bienes, equipos, redes, predios, vehículos e infraestructura.

7. Situación laboral.
Número de trabajadores, contratistas, obligaciones laborales y procesos relacionados con personal.

8. Calidad del servicio.
Indicadores reales de continuidad, cobertura, pérdidas de agua, alcantarillado, vertimientos y atención a los usuarios.

¿La intervención logró su objetivo?

Esta es quizás la pregunta política más incómoda.

Si la intervención fue necesaria para recuperar a ESSMAR, el país debería conocer qué resultados concretos dejó.

¿La empresa está financieramente mejor que en 2021?

¿Mejoró la continuidad del agua?

¿Se redujeron las pérdidas?

¿Se fortaleció la infraestructura?

¿Disminuyeron los problemas de alcantarillado?

¿Se corrigieron las causas que provocaron la intervención?

ESSMAR aseguró en septiembre de 2025 que había reducido en un 57 % el pasivo generado durante la intervención y que contaba con capacidad financiera para cubrir costos y gastos de operación.

Es una cifra relevante y debe ser contrastada con los estados financieros y con la realidad operacional de la empresa.

Porque una cosa son los indicadores financieros y otra la experiencia cotidiana del ciudadano.

Y la experiencia de los usuarios continúa marcada por problemas de abastecimiento, alcantarillado y vertimientos, como muestran los episodios reportados durante 2026.

El riesgo de que el debate se vuelva político

Santa Marta lleva años atrapada en una disputa política alrededor de ESSMAR.

Un sector responsabiliza de la crisis a las administraciones locales anteriores y a quienes estuvieron al frente de la empresa antes de la intervención.

Otro sector cuestiona al Gobierno Nacional por los resultados de la intervención y sostiene que la empresa debió regresar antes al Distrito.

Pero convertir la ESSMAR en otra batalla entre Petro, Caicedo, Pinedo y el nuevo Gobierno sería desperdiciar la oportunidad de hacer algo mucho más importante: auditar integralmente la empresa y establecer qué ocurrió realmente durante estos años.

El nuevo Gobierno debería evitar precisamente eso.

No se trata de perseguir políticamente a una administración anterior.

Se trata de proteger los recursos públicos.

De La Espriella tiene una oportunidad

La llegada de la nueva administración nacional ofrece una oportunidad para aclarar una historia que Santa Marta lleva años intentando resolver.

El presidente Abelardo De La Espriella debería ponerle la lupa a la devolución de ESSMAR, pero no para revertirla automáticamente ni para convertirla en una confrontación política con el Gobierno Petro.

La lupa debe ponerse sobre los documentos.

Sobre el acta de entrega.

Sobre los estados financieros.

Sobre los contratos.

Sobre los recursos comprometidos.

Sobre los proyectos.

Sobre las obligaciones.

Sobre las obras.

Y, especialmente, sobre aquellos procesos contractuales que estaban avanzando durante los últimos días de la administración anterior.

La propia ESSMAR sostiene que ha avanzado en su estabilización financiera, mientras que la Alcaldía de Santa Marta ha denunciado problemas persistentes en la prestación del servicio y la Procuraduría acaba de advertir posibles inconsistencias en uno de los procesos contractuales más importantes para el futuro hídrico de la ciudad.

Por eso la pregunta que queda planteada no es si Santa Marta debía recuperar ESSMAR.

La pregunta es si la empresa fue entregada realmente saneada, fortalecida y preparada para garantizar el servicio, o si el nuevo Gobierno y el Distrito recibieron una caja de problemas que simplemente cambió de administrador.

Y esa respuesta debería conocerse con documentos, cifras y auditorías, no con discursos políticos.

Porque después de casi cinco años de intervención nacional, los samarios tienen derecho a saber cuánto costó la intervención, qué resultados produjo, qué quedó pendiente y bajo qué condiciones fue devuelta ESSMAR al Distrito justo en el cierre del Gobierno Petro.

Esa, más que cualquier disputa partidista, debería ser la primera revisión sobre la mesa del nuevo Gobierno.

La proposición fue respaldada con 117 votos a favor y 7 en contra, luego de un debate que se extendió durante cerca de cinco horas y que estuvo marcado por fuertes discusiones entre las diferentes bancadas.

Con esta decisión, la Cámara siguió la línea adoptada días atrás por el Senado, que había autorizado que la ceremonia de investidura se realizara fuera de Bogotá. En un principio, la sede prevista era la ciudad de Popayán, pero posteriormente el presidente electo anunció que el acto se trasladaría a Cali, argumentando condiciones climáticas adversas.

Durante la sesión, los representantes del Pacto Histórico promovieron una proposición para impedir que la posesión se realizara fuera de la capital del país. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la plenaria con 114 votos en contra y solo 6 a favor.

El debate estuvo acompañado de momentos de tensión entre congresistas del Pacto Histórico y la mesa directiva de la corporación, especialmente cuando se dio paso a la discusión de la proposición presentada por el partido Salvación Nacional para oficializar la realización de la ceremonia en el departamento del Valle del Cauca.

En medio de la discusión intervinieron representantes de los distintos sectores políticos. Entre ellos, la congresista Aida Quilcué manifestó que, aunque la posesión se lleve a cabo en Cali, el Gobierno entrante debe garantizar atención y presencia institucional para todas las regiones del país.

Con el aval de la Cámara de Representantes, el proceso deberá regresar al Senado para que esa corporación debata y vote el cambio de sede inicialmente aprobado para Popayán y oficialice a Cali como escenario de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

En un análisis profundo y sin filtros, Castillo desmenuzó las deudas históricas del sistema político colombiano, la pérdida del control territorial y la imperiosa necesidad de una transformación social que supere el simple mercadeo político.

1. El veredicto electoral: Éxito técnico, pero con alarmas territoriales

Para Castillo Alzamora, el sistema electoral colombiano demostró solidez técnica. Pese a los años de discursos que vaticinaban fraudes, el proceso contó con la legitimación de misiones internacionales, organismos de control y el reconocimiento inmediato de la oposición, liderada por Iván Cepeda.

Sin embargo, el jurista encendió las alarmas sobre un «déficit terrible» que empaña la legitimidad democrática: el control territorial de los grupos armados.

• Coacción al votante: Castillo señaló que en múltiples regiones del país los ciudadanos votaron bajo el fusil o se vieron impedidos de asistir a las urnas.

• El fenómeno de Buenaventura: Citó como ejemplo anomalías matemáticas inexplicables en una democracia sana: «Vi un guarismo de Buenaventura donde de 76 mil personas que votan, 70 mil lo hicieron por un solo candidato. Eso es casi imposible en términos democráticos«.

• Filtraciones y purgas: Advirtió que tras los comicios empezarán a salir a la luz certezas sobre la salida de generales y coroneles del Ejército en el marco de supuestos pactos con organizaciones criminales como el Clan del Golfo.

2. De la democracia a la «Cleptocracia»

El constitucionalista fue tajante al definir el verdadero mal que padece el Estado colombiano: la corrupción estructural y el diseño institucional orientado al saqueo.

«La palabra corrupción no puede mirarse simplemente como el que se roba un caldo de gallina. En Colombia se ha diseñado un modelo que en política se llama cleptocracia: instituciones organizadas para facilitar el saqueo y el enriquecimiento de unos pocos que controlan el poder político. Compran las elecciones con la plata que le roban de los impuestos a los colombianos, para volver a seguir robando».

Castillo criticó severamente la alarmante falta de movilidad social legítima en el país, sepultada por prácticas coloniales como el nepotismo y la administración del poder y la justicia operada incluso desde los centros penitenciarios.

3. Desatanizar la Constituyente: Una urgencia institucional

Frente a la parálisis legislativa histórica, Castillo Alzamora invitó al país a perderle el miedo a una reforma constitucional, desmarcándola de las figuras de Álvaro Uribe o Gustavo Petro, quienes en su momento la propusieron despertando temores de perpetuación o reelección.

¿Por qué Colombia necesita una reforma constitucional?

• Fracaso del Congreso: El legislativo ha demostrado ser incapaz de tramitar una reforma a la justicia que esté a la altura de las exigencias ciudadanas.

• Opacidad política: No se ha logrado estructurar una reforma política de transparencia real donde las elecciones reflejen la expresión completamente libre del pueblo.

• Crisis de la justicia: La administración judicial se encuentra en un estado crítico que bloquea la construcción real de un Estado Social de Derecho.

4. Oposición constructiva y un «Acuerdo sobre lo Fundamental»

Al evaluar el panorama del nuevo gobierno frente a la oposición que ejercerá el sector de Iván Cepeda y Aída Quilcué, el abogado constitucionalista recordó que la polarización matemática (un país dividido mitad y mitad) no puede traducirse en una parálisis o en el intento de imponer una visión sobre la otra.

«La sociedad no aguanta más la inseguridad, el alza en el costo de la vida, el riesgo energético ni el control del sector financiero sobre los recursos públicos. Para curar a esta sociedad enferma no se necesita un médico; se necesita una junta médica que busque el consenso».

Finalmente, el jurista hizo un llamado urgente a cambiar el marketing político por verdadera transformación social, invitando a los colombianos a unirse en lo fundamental: «No podemos seguir divididos. Tenemos que encontrarnos para exigirle al Congreso que resuelva los problemas. Somos un país hermoso, pero con esta lluvia de balas no hay felicidad posible».