Triple A informó que sus equipos técnicos trabajan en la atención de la emergencia y realizan las labores necesarias para normalizar la operación del sistema.

En Barranquilla, la suspensión del servicio afecta sectores como San Isidro, Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Loma Fresca, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, La Victoria, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, El Santuario, La Alboraya, Recreo, El Ferry, Pasadena, La Chinita, Simón Bolívar, Universal I y II, Los Laureles, Bella Arena, Villa Blanca, Buenos Aires, Las Palmas, El Limón, Tayrona, El Parque, San Nicolás, José Antonio Galán, La Magdalena, El Campito, Alboraya y El Milagro.

También se encuentra afectada la calle 30, en la acera par, entre las carreras 2 y 8, de acuerdo con el reporte de la empresa prestadora.

En Soledad, la interrupción comprende sectores como Bella Murillo, la calle 30 entre la carrera 36 y la Circunvalar, Ciudadela Metropolitana —en un sector—, Costa Hermosa, Los Cusules, El Parque, El Río, El Tucán, Estadio, Hipódromo, La Arboleda, La Inmaculada, La Rivera, Las Ferias, Las Gaviotas, Las Margaritas, Las Moras, Las Trinitarias, Los Arrayanes, Los Balkanes, Los Laureles, Los Mangos, Primero de Mayo, Puerta de Oro, Salamanca, Santa Inés, Simón Bolívar, Sitio Hermoso, Soledad 2000 —en un sector— y el Terminal de Transportes.

La afectación también alcanza a Urbanización Villas Las Moras, Victoria, Villa Zalamar, La Aragón, Villa Cecilia, Villa Las Moras, Villa Severa, Vista Hermosa, Normandía, Ciudad del Puerto, Ferrocarril Calle 30, Nuevo Éxito, Río de Aguas Viva y Urbanización Los Puertos.

Triple A señaló que, una vez sea normalizada la operación del sistema de bombeo, el servicio de acueducto comenzará a restablecerse de manera gradual en las zonas afectadas.

Mientras avanzan las labores técnicas, la principal recomendación para los usuarios es mantenerse atentos a los canales oficiales de Triple A para conocer la evolución de la situación y el proceso de recuperación del servicio.

Esta vez, la discusión gira alrededor de una pregunta concreta: ¿quién tiene actualmente la responsabilidad de intervenir la estructura?

La Alcaldía de Soledad sostiene que la respuesta está en documentos oficiales que, según la administración municipal, identifican el puente como una infraestructura a cargo del departamento.

De acuerdo con el inventario correspondiente a la entrega de infraestructura realizada en 2008, el denominado “puente peatonal (INEM)” aparece registrado expresamente como “a cargo del departamento”.

La administración municipal también cita el Acta ANI-INVIAS del 24 de julio de 2024, documento en el que se habría dejado constancia del avanzado deterioro de la estructura y de que esta no hizo parte de la infraestructura entregada, precisamente por tratarse, según ese registro, de un bien departamental.

A esto se suma un radicado de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), fechado el 9 de junio de 2026, mediante el cual, según la Alcaldía, se reiteró que el puente no hacía parte de la concesión 008 de 2007.

Una estructura que lleva años en deterioro

El puente tendría más de tres décadas de construido y en diferentes momentos ha sido objeto de cierres preventivos.

Desde junio de 2024, inspecciones realizadas por la Secretaría de Obras Públicas de Soledad habrían advertido condiciones como corrosión en elementos de acero, pérdida de concreto y deterioro general de la infraestructura.

El problema no se limita al estado físico del puente.

Con el paso peatonal inhabilitado, estudiantes, trabajadores y demás usuarios se han visto obligados a cruzar la calle 30 directamente por la calzada, en un corredor caracterizado por un elevado flujo vehicular.

La situación adquirió mayor preocupación el pasado 17 de septiembre, cuando un menor resultó atropellado mientras intentaba cruzar la vía, según lo reportado por las autoridades locales.

La Secretaría de Educación de Soledad ha señalado, además, que más de 8.500 estudiantes de al menos cuatro instituciones educativas, entre ellas el INEM y el ITIDA, se movilizan diariamente por este sector.

El plantón que volvió a poner el problema en primer plano

Este lunes 21 de septiembre, padres de familia y miembros de la comunidad realizaron un plantón que ocasionó el cierre temporal de la calle 30 en ambos sentidos.

Los manifestantes reclamaron la reconstrucción del puente y pidieron que las autoridades pasen de los anuncios y estudios a una solución concreta.

La protesta también generó afectaciones en la movilidad hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz, poniendo nuevamente en evidencia que el deterioro de la estructura no es solamente un problema de infraestructura, sino también de seguridad vial y movilidad.

Gobernación y Alcaldía mantienen posiciones diferentes

La controversia, sin embargo, no termina con los documentos presentados por la Alcaldía.

Desde la Gobernación del Atlántico se ha señalado previamente que existen estudios y diseños para intervenir el puente y que se vienen estructurando mecanismos presupuestales para ejecutar el proyecto.

Al mismo tiempo, desde la administración departamental se ha planteado que la estructura se encuentra ubicada sobre una vía de carácter nacional cuya responsabilidad estaría relacionada con Invías.

La Alcaldía de Soledad sostiene una posición diferente y considera que la documentación oficial individualiza la responsabilidad sobre el puente como departamental.

Por eso, el debate no parece estar únicamente en quién tiene la razón, sino en determinar qué dicen exactamente los actos administrativos, inventarios, actas y competencias vigentes sobre la estructura.

Las preguntas que siguen sin una respuesta clara

Mientras las entidades discuten las competencias, la estructura continúa cerrada y los estudiantes siguen expuestos al riesgo de cruzar una vía de alto tráfico.

Y allí aparecen varios interrogantes que reclaman respuestas oficiales:

Si desde 2008 el puente aparece registrado como infraestructura a cargo del departamento, ¿por qué después de tantos años continúa sin una intervención definitiva?

Si en 2024 ya se había documentado una condición extrema de deterioro, ¿qué acciones concretas se adoptaron desde entonces?

¿Qué entidad tiene actualmente la competencia legal y presupuestal para reconstruir el puente?

Si existen estudios y diseños, ¿en qué estado se encuentra el proyecto y cuál es el cronograma real para su ejecución?

¿Qué ocurrió con la etapa precontractual que, según la Alcaldía, se habría adelantado en 2025?

Y mientras Gobernación, Alcaldía, ANI e Invías determinan responsabilidades, ¿quién responde por la seguridad de los miles de estudiantes y peatones que deben atravesar la calle 30?

La discusión administrativa puede continuar, pero para las familias que utilizan diariamente este corredor el problema es inmediato: el puente está cerrado, la vía sigue operando con alto flujo vehicular y todavía no existe una solución estructural terminada.

El reto ahora está en que las entidades involucradas hagan públicos los documentos que sustentan sus respectivas posiciones y definan, sin más dilaciones, quién debe ejecutar la intervención y bajo qué recursos.

Porque más allá de la disputa sobre competencias, queda una pregunta que la comunidad mantiene sobre la mesa: ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar el puente del INEM para volver a ser una ruta segura para los estudiantes?

Durante sus declaraciones, Zabaraín sostuvo que, a su juicio, ninguno de los precandidatos que actualmente tienen mayor visibilidad tendría posibilidades de quedarse con la Gobernación del Atlántico.

El excongresista argumentó que existe un supuesto desgaste de la política tradicional y que una parte del electorado estaría buscando nuevos liderazgos, con mayor cercanía a las comunidades y a las necesidades de las bases populares.

En sus críticas mencionó al exalcalde de Soledad y dirigente político Alfredo Varela, de quien cuestionó el papel que ha desempeñado como opositor y calificó su actuación de “gris”.

También se refirió a la diputada Isabella Pulgar, sobre quien consideró que todavía necesita mayor recorrido y madurez política para asumir una candidatura de mayor alcance.

Otro de los nombres mencionados fue Pedro Lemus. Zabaraín sostuvo que su eventual aspiración estaría condicionada por el desgaste que, según su percepción, tendría la actual administración departamental y por el rechazo que existiría hacia una eventual continuidad del gobernador Eduardo Verano.

En contraste, el exsenador destacó a Jacqueline Rojas, exdirectora del SENA, como una figura que podría representar una alternativa dentro del escenario político regional, resaltando su perfil y experiencia en el sector público.

También habló de Barranquilla y Soledad

Al referirse a la carrera por la Alcaldía de Barranquilla, Zabaraín planteó que el respaldo político del sector liderado por Alejandro Char tendría un peso determinante en la próxima contienda.

Sus declaraciones también tocaron el escenario de Soledad, donde surgieron versiones sobre una eventual aspiración de Arturo Char. Sobre esa posibilidad, Zabaraín señaló que aplicar en ese municipio el modelo de gestión desarrollado en Barranquilla podría ser positivo, aunque advirtió sobre las dificultades y el nivel de exposición que implicaría asumir ese cargo.

“Aspirar a la Alcaldía de Soledad es sentarse en un barril de pólvora con un cigarrillo en la mano”, manifestó el exsenador al referirse a la complejidad del escenario político y administrativo de ese municipio.

Las declaraciones de Zabaraín vuelven a poner sobre la mesa las tensiones y movimientos que comienzan a tomar forma en el Atlántico, mientras distintos sectores políticos exploran posibles candidaturas para las elecciones regionales.

Por ahora, varios de los nombres mencionados permanecen en etapa de exploración y no todos han formalizado públicamente una aspiración electoral.

El llamado, dirigido simbólicamente “al oído” del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, plantea que, como mandatario costeño, debería conocer de cerca las dificultades que enfrentan los ciudadanos en algunas dependencias de tránsito de la región.

La denuncia fue allegada a través de la plataforma Pasa la Voz y contiene fuertes cuestionamientos sobre los procedimientos administrativos que, según el ciudadano que la presentó, deben afrontar quienes tienen una cuenta embargada y posteriormente buscan aplicar descuentos, obtener el levantamiento de la medida y lograr que el banco reciba la respectiva orden.

“Esta oficina no aguanta una auditoría”, señala inicialmente el denunciante, quien además asegura que se estarían presentando dificultades relacionadas con la conciliación bancaria después de recibir pagos.

Según el relato, el usuario tendría que realizar varios trámites y esperar hasta 15 días por respuesta en cada uno de ellos. Primero, debe solicitar mediante un formulario la aplicación de los descuentos correspondientes. Posteriormente, tendría que diligenciar otro formulario para solicitar el desembargo.

Una vez expedido el documento, de acuerdo con la denuncia, el ciudadano debe llevarlo personalmente a la entidad bancaria, donde se generaría un nuevo periodo de espera.

El denunciante compara este procedimiento con el que, según afirma, se realiza en Barranquilla, donde el proceso sería mucho más ágil y la autoridad de movilidad enviaría directamente al banco el documento correspondiente, permitiendo que la cuenta quede desembargada en un plazo mucho menor.

La comparación deja planteada una pregunta de fondo: ¿por qué un trámite que puede resolverse de manera rápida en una administración termina convirtiéndose en un proceso de varias semanas para los usuarios de otra?

Más allá de la experiencia individual denunciada, el llamado apunta a la necesidad de que los procedimientos administrativos sean revisados y, de ser necesario, auditados para establecer si existen demoras injustificadas, fallas en los procesos internos o dificultades de coordinación con las entidades bancarias.

La denuncia no constituye por sí misma una prueba de irregularidades administrativas o financieras. Sin embargo, plantea señalamientos concretos que podrían ser verificados por los organismos de control y por la propia administración municipal.

Por eso, el llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes es a revisar cómo está funcionando la Oficina de Tránsito de Soledad, especialmente en los procesos relacionados con embargos, pagos, conciliaciones y desembargos.

Una auditoría, de realizarse, permitiría establecer si los procedimientos denunciados corresponden a fallas puntuales, problemas estructurales o simplemente a los tiempos establecidos por la administración para este tipo de trámites.

Mientras tanto, los usuarios siguen esperando respuestas y soluciones frente a procesos que tienen un impacto directo sobre sus cuentas bancarias y su capacidad para disponer de sus recursos.

La pregunta queda sobre la mesa: ¿quién le pone la lupa a la Oficina de Tránsito de Soledad?

Los manifestantes reclamaron la intervención de las entidades competentes y pidieron que se adopten medidas concretas que permitan recuperar la estructura y ponerla nuevamente al servicio de los ciudadanos.

La comunidad sostiene que las condiciones actuales del puente generan dificultades para la movilidad y afectan especialmente a residentes, estudiantes, trabajadores y demás personas que diariamente necesitan desplazarse por este sector del municipio.

Durante la protesta, los habitantes insistieron en que el problema requiere atención prioritaria y que no puede continuar aplazándose una solución definitiva. Por ello, hicieron un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades responsables para que se establezca una ruta clara de intervención, con recursos, cronograma y responsables definidos.

Los ciudadanos también reclamaron mayor presencia institucional y seguimiento a las actuaciones relacionadas con la recuperación de la infraestructura, al considerar que el puente cumple una función importante para la conexión de diferentes sectores de Soledad.

La comunidad espera que la protesta sirva para abrir nuevamente el diálogo con las autoridades y que, más allá de anuncios, se concreten las obras necesarias para recuperar el puente del INEM y garantizar su funcionamiento en condiciones adecuadas y seguras.

La intervención busca brindar acompañamiento a comerciantes, trabajadores y ciudadanos que llegan diariamente a este punto para desarrollar sus actividades laborales o adquirir productos de primera necesidad.

Durante la jornada, uniformados realizaron recorridos por diferentes zonas de la Central de Abastos y establecieron contacto directo con quienes permanecían en el lugar, con el propósito de identificar posibles situaciones de riesgo y fortalecer las acciones de prevención frente a hechos delictivos.

Además de la presencia policial, las autoridades entregaron recomendaciones de seguridad a comerciantes y ciudadanos, al tiempo que dieron a conocer las diferentes líneas y mecanismos disponibles para reportar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad y seguridad del sector.

Policía busca fortalecer la denuncia

Uno de los principales componentes de la estrategia está relacionado con el fortalecimiento de la comunicación entre la comunidad y las autoridades.

La Policía invitó a los comerciantes y ciudadanos a reportar cualquier hecho sospechoso o actividad delictiva, bajo la premisa de que la información suministrada oportunamente puede facilitar la reacción de los uniformados y contribuir a las investigaciones.

La institución también promueve la participación de comerciantes y residentes en programas de participación cívica, entre ellos la Red de Apoyo, como mecanismo para mantener una comunicación permanente con la Policía.

La estrategia pretende avanzar hacia un modelo de seguridad basado no solamente en la presencia de uniformados, sino también en la corresponsabilidad ciudadana, buscando que quienes trabajan y transitan por la Central de Abastos tengan canales directos para alertar sobre situaciones que puedan representar una amenaza.

Presencia preventiva en una zona de alta actividad comercial

La Central de Abastos concentra diariamente un importante flujo de personas, vehículos, comerciantes y trabajadores, especialmente durante las horas de la madrugada, cuando comienza buena parte de la actividad comercial.

Por esta razón, el despliegue policial apunta a mantener una presencia preventiva en los momentos de mayor movimiento y generar condiciones de seguridad para quienes desarrollan sus labores en el sector.

La Mebar señaló que este tipo de intervenciones hacen parte de las acciones encaminadas a prevenir el delito, acompañar al comercio y fortalecer los entornos de confianza entre la comunidad y la institución policial.

Las autoridades reiteraron el llamado a no guardar silencio frente a hechos delictivos y a utilizar los canales oficiales de denuncia para entregar información que permita anticiparse a posibles situaciones de inseguridad.

De acuerdo con la denuncia, las supuestas irregularidades afectarían a trabajadores de diferentes áreas de la institución, entre ellas personal administrativo, logístico y quienes prestan servicios relacionados con ambulancias.

Según el relato entregado por los denunciantes, algunas personas serían vinculadas para desarrollar sus labores durante determinado periodo y posteriormente terminarían su relación laboral sin recibir oportunamente los pagos correspondientes. La denuncia también señala que a nuevos trabajadores se les ofrecerían contratos estables que, según los afectados, finalmente no se concretarían.

Los denunciantes cuestionan que esta situación presuntamente se repetiría con frecuencia, con salida de trabajadores y posterior contratación de nuevo personal.

La preocupación también está relacionada con el manejo de los recursos que recibe la institución por la prestación de sus servicios. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a señalamientos realizados por los denunciantes y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

En la denuncia fueron mencionados Luis Monterrosa y Cristian Jinete, a quienes los denunciantes señalan como responsables de los presuntos incumplimientos. Hasta el momento, no se cuenta con una versión de los mencionados que permita conocer su posición frente a estas acusaciones.

Los trabajadores y denunciantes hacen un llamado a la Secretaría de Salud de Soledad y a las autoridades laborales para que realicen las verificaciones correspondientes, revisen las condiciones de contratación y determinen si existen obligaciones laborales pendientes o alguna irregularidad en el funcionamiento de la institución.

La IPS señalada estaría ubicada en inmediaciones de la carrera 31 con calle 26, sector Hipódromo de Soledad, cerca de la parte posterior del cuartelillo. De acuerdo con la información suministrada por quien realizó la denuncia, también presta servicios relacionados con ambulancias para accidentes de tránsito y traslados.

El caso queda ahora en manos de las autoridades, que deberán establecer si los señalamientos tienen sustento y, de ser necesario, adoptar las medidas correspondientes para garantizar los derechos de los trabajadores.

La denuncia también plantea una pregunta de fondo: ¿quién está verificando las condiciones laborales del personal que presta servicios esenciales de salud y atención de emergencias en esta institución?

Las víctimas mortales fueron identificadas como David José Mendoza Barceló, quien falleció en el lugar de los hechos, y Norman Yesid Echeverría Hernández, cuyo deceso fue confirmado posteriormente en el Hospital Materno Infantil de Soledad.

Los trabajadores pertenecían a la empresa Cymra, contratista vinculada a las labores de intervención del sistema de alcantarillado de Triple A.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los operarios se encontraban realizando trabajos relacionados con unos manjoles cuando se produjo la emergencia que terminó cobrándose la vida de los dos trabajadores.

Además de los fallecidos, tres operarios resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

Entre los lesionados fueron identificados Luis Alberto Ferrer Jiménez, de 26 años, y Jorge Luis Pérez de Alba, de 50 años. Uno de los trabajadores heridos será remitido a la clínica Reina Catalina para continuar con su atención.

La emergencia generó una rápida movilización de organismos de socorro y autoridades en el sector, mientras compañeros y habitantes de la zona permanecían atentos a las labores de rescate.

La Alcaldía de Soledad lamentó profundamente el fallecimiento de los dos contratistas y expresó solidaridad con sus familias y seres queridos.

Ahora las autoridades y las entidades responsables deberán establecer con precisión qué ocurrió durante la intervención de los manjoles y si se cumplieron todos los protocolos de seguridad y salud en el trabajo.

La investigación será determinante para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer si hubo alguna falla que pudiera haber contribuido a esta tragedia laboral.

La intervención se realizó en el barrio El Parque, específicamente en la carrera 42 con calle 45, donde funciona el establecimiento denominado Estanco Billares El Tiburón. Durante la inspección, los equipos técnicos encontraron que el inmueble estaba conectado directamente a la red eléctrica, sin un sistema de medición que permitiera registrar y facturar correctamente el consumo.

Ante la irregularidad detectada, Air-e Intervenida, con acompañamiento de la Policía Nacional, procedió al cierre provisional del establecimiento.

De acuerdo con la empresa, si el lugar vuelve a conectarse de manera ilegal al servicio de energía, podría enfrentar medidas más drásticas y eventualmente ser objeto de un cierre definitivo por parte de las autoridades competentes.

A la situación relacionada con la conexión irregular se suma una millonaria deuda por concepto del servicio de energía. Según informó Air-e Intervenida, el establecimiento registra obligaciones por aproximadamente $119 millones y acumula 30 facturas pendientes de pago.

El procedimiento hace parte de las acciones de inspección, vigilancia y control que la compañía viene adelantando para detectar conexiones no autorizadas y otras posibles irregularidades en el consumo de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La empresa señaló que los operativos tendrán especial atención sobre establecimientos comerciales y usuarios en los que se identifiquen señales de posibles manipulaciones de la red, conexiones directas o reincidencia en este tipo de conductas.

Air-e Intervenida también hizo un llamado a los usuarios para que no manipulen las redes eléctricas ni realicen reconexiones por cuenta propia, debido a los riesgos que estas prácticas pueden representar tanto para las personas como para la infraestructura del servicio.

La compañía recordó además que las posibles anomalías en el suministro pueden ser reportadas a través de sus canales oficiales de atención, con el propósito de facilitar las labores de verificación y control.

También detectaron irregularidades en Santa Marta

Los operativos adelantados por la empresa también dejaron hallazgos en el departamento del Magdalena.

En Santa Marta, específicamente en la calle 30 con carrera 21, en el barrio Primero de Mayo, los técnicos encontraron una rectificadora de motores que tenía el servicio conectado directamente a la red mediante un medidor.

Otro caso fue detectado en la calle 12 con carrera 3, en el balneario de Taganga, donde una panadería tenía una conexión directa a la red eléctrica sin medidor.

Air-e Intervenida indicó que continuará con este tipo de procedimientos en los tres departamentos bajo su área de operación, como parte de las medidas dirigidas a reducir las pérdidas de energía y detectar conexiones que no cumplen con las condiciones establecidas para la prestación legal del servicio.

La violencia cobró una nueva vida en el municipio de Soledad. En la jornada de este miércoles 29 de julio, un atentado a bala cobró la vida de Andrés Felipe Castro Vega, un adolescente de apenas 15 años de edad.

El hecho de sangre se produjo en la calle 18 con carrera 28A, en el barrio Porvenir, justo en frente de la edificación donde funcionaban las antiguas instalaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Modalidad del crimen

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el sitio, el joven se desplazaba a pie por la vía pública cuando fue sorprendido por dos individuos que transitaban a bordo de una motocicleta.

Sin mediar palabra, el parrillero descendió del vehículo, desenfundó un arma de fuego y accionó el disparador en repetidas ocasiones contra la humanidad del menor. Debido a la gravedad de los impactos recibidos, el adolescente falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos. Tras cometer el homicidio, los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Tras la alerta de los vecinos, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla y peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) arribaron al punto para acordonar la escena, realizar el levantamiento del cadáver y adelantar los actos urgentes.

Las autoridades analizan testimonios de residentes del sector y revisan las cámaras de seguridad de la zona para individualizar a los agresores y determinar las causas detrás de este crimen que genera indignación en la comunidad soledeña.