Amaury Smith Pomare pasó de conocer las aguas del Caribe por su actividad como pescador a convertirse en una figura vinculada a redes de narcotráfico marítimo que utilizaron las rutas entre Colombia, Centroamérica y Estados Unidos para transportar cargamentos de cocaína.

La operación fue adelantada por unidades de Guardacostas, que detectaron dos embarcaciones tipo flipper, de bandera ecuatoriana, mientras sus tripulantes extraían especies marinas en aguas jurisdiccionales de Colombia.

Los seis ocupantes, con edades entre los 27 y 49 años, fueron trasladados junto con las embarcaciones hasta la Estación de Guardacostas de Tumaco, donde se adelantaron los procedimientos correspondientes.

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) estableció que el cargamento estaba compuesto por 31 ejemplares de pez dorado y siete de pez vela, para un peso total de 375 kilogramos.

Posteriormente, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional hicieron efectiva la captura de los seis hombres por su presunta participación en el delito de pesca ilegal, contemplado en el artículo 328C del Código Penal colombiano.

Además de las especies marinas, las autoridades incautaron las dos embarcaciones y tres motores fuera de borda. Todo el material quedó a disposición de las entidades competentes para los trámites judiciales y ambientales.

Preocupación por el impacto en los pescadores artesanales

La extracción no autorizada de recursos pesqueros en aguas colombianas afecta la actividad de las comunidades costeras de Nariño y del Pacífico sur, cuyos pescadores deben cumplir con licencias, vedas y demás regulaciones establecidas por la AUNAP.

Las autoridades advierten que la pesca ilegal transfronteriza evade esos controles y las obligaciones tributarias, lo que genera efectos económicos y ambientales en la región.

La Armada Nacional anunció que mantendrá los controles marítimos para detectar embarcaciones que exploten sin autorización los recursos pesqueros del país.

En el mismo atentado perdieron la vida los soldados Jairo Lince Carvajal y Dilan Andrés Lozano León. La acción también dejó 16 militares gravemente heridos y otros 31 afectados, de acuerdo con el reporte de la institución.

El ataque contra la instalación militar generó una respuesta de rechazo por parte del Ejército, que calificó estos hechos como una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de la acción armada y avanzar en su identificación y captura.

La muerte de Pushaina enluta a una familia guajira y se suma a las de los otros dos militares fallecidos en el atentado.

Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés permanecen recluidos en la cárcel de Cómbita, luego de ser recapturados tras recuperar la libertad por vencimiento de términos.

La preocupación crece entre comerciantes y habitantes de Tolú, Sucre, por el estado de varias calles intervenidas en medio de trabajos relacionados con el alcantarillado. Huecos, agua estancada y superficies deterioradas forman parte del panorama que denuncia la comunidad.

El Ministerio Público verifica la información en los medios de comunicación locales que afirman que en el presente negocio jurídico para la vigencia 2026, presuntamente, se habría pagado tres veces más del valor en el mercado los artículos de este como: balones, canilleras, petos, etc.

Debido a lo anterior, la autoridad disciplinaria corrobora cual(es) funcionarios públicos habrían realizado las conductas denunciadas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria.

El aumento vuelve a encender las alarmas entre los hogares y sectores productivos de la región Caribe, donde el costo del servicio eléctrico se mantiene como una de las principales preocupaciones económicas. La variación impactará las facturas de cerca de 1,3 millones de usuarios, aunque el efecto final dependerá del consumo de cada hogar y de los demás conceptos incluidos en el recibo.

Para dimensionar el incremento, un usuario que consuma 100 kilovatios hora en el mes pagaría $6.300 adicionales por ese consumo, si se comparan únicamente los dos valores anunciados y se mantienen iguales las demás condiciones de facturación. En un hogar que consuma 200 kilovatios hora, la diferencia sería de $12.600.

La preocupación no se limita al nuevo precio. Los usuarios también cuestionan las medidas regulatorias que pueden generar cobros adicionales cuando aumenta el consumo, en medio de las altas temperaturas y de las necesidades de refrigeración en buena parte de la región.

Usuarios piden revisar los componentes de la tarifa

Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, calificó el incremento como grave y cuestionó que se produzca cuando los consumidores esperan una reducción de los costos de la energía.

“Para la Liga Nacional de Usuarios es gravísimo el aumento de la tarifa eléctrica en 7 % en un solo mes, por encima de la inflación de todo un año”, manifestó.

Alarcón relacionó la discusión con las decisiones judiciales sobre el régimen tarifario especial aplicado en la región Caribe. Según explicó, existe un pronunciamiento del Consejo de Estado que respaldó medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el marco de la controversia sobre componentes que inciden en el costo del servicio.

El dirigente de los usuarios señaló particularmente la sobretasa asociada a la comercialización, cuyo valor, según sus cálculos, supera los $50 por kilovatio hora. Por esa razón, pidió al Gobierno nacional avanzar en el cumplimiento de las disposiciones judiciales que, de acuerdo con su interpretación, permitirían aliviar la carga económica de los consumidores.

La aplicación concreta de esas decisiones y su efecto sobre el recibo requieren distinguir entre los componentes tarifarios cuestionados, las medidas judiciales vigentes y los demás factores que determinan el precio final de la energía.

El kilovatio vuelve a acercarse a los $1.000

Alarcón recordó que en marzo y abril de 2024 el precio llegó a $1.211 por kilovatio hora, una cifra que calificó como uno de los valores más altos registrados en el país. Con el nuevo ajuste, advirtió sobre el riesgo de que la tarifa vuelva a acercarse a los $1.000.

Uno de los factores que mencionó para explicar el comportamiento del precio es el encarecimiento de la energía negociada en bolsa. Según el vocero, Air-e tiene una exposición superior al 50 % a ese mercado, por lo que las variaciones en los precios de compra pueden repercutir en los costos que enfrenta la empresa.

Sin embargo, para establecer cuánto del incremento de noviembre corresponde a la bolsa de energía y cuánto obedece a otros componentes, sería necesario conocer el detalle de la estructura tarifaria aplicada por la compañía para ese periodo.

También preocupa el recaudo de Air-e

El aumento llega en un momento complejo para la empresa y sus usuarios. Alarcón afirmó que el recaudo de Air-e se ubica alrededor del 73 % y advirtió que las tarifas elevadas pueden agravar las dificultades de pago de los hogares.

La relación entre el precio del servicio y el recaudo representa un desafío para la sostenibilidad financiera de la operación eléctrica. Cuando las facturas aumentan, algunos usuarios pueden tener mayores dificultades para mantenerse al día; al mismo tiempo, los problemas de recaudo presionan las finanzas de la compañía.

Por ahora, el dato confirmado en el reporte es el paso de $873 a $936 por kilovatio hora para el consumo que se facturará en noviembre. La discusión de fondo continúa abierta: cuánto puede reducirse el costo de la energía en la Costa Caribe, qué efecto tendrán las decisiones judiciales sobre los componentes cuestionados y qué medidas pueden evitar que los incrementos sigan golpeando el presupuesto familiar.

Para los usuarios, el cambio se traducirá en una factura más costosa si mantienen el mismo consumo y las demás condiciones permanecen iguales. La atención estará puesta en la evolución de las tarifas durante los próximos meses y en las respuestas que entreguen las autoridades y la empresa frente a las reclamaciones de la región.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría dejado dos personas fallecidas. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el número de víctimas mortales ni la cantidad de heridos.

Tras conocerse la emergencia, organismos de socorro y autoridades se desplazaron al lugar para atender la situación, verificar las condiciones de los ocupantes e iniciar las labores que permitan establecer cómo ocurrió el accidente.

La preocupación se centra en el estado de salud de los músicos y de las demás personas que viajaban en el vehículo. Por ahora, no hay un balance oficial completo sobre los afectados.

La información permanece en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen detalles sobre las causas del siniestro y la identidad de las posibles víctimas.

La captura de Kevin Moscote Redondo, conocido con el alias de ‘Kevin Masacre’, puso bajo la lupa los movimientos de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en La Guajira.

De acuerdo con la información preliminar, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) interceptaron un vehículo de alta gama cuando salía de Maicao con destino a Riohacha, capital del departamento. Durante el procedimiento fue capturado Moscote Redondo.

El hombre es señalado por las autoridades de ser el posible sucesor de alias ‘Bendito Menor’ dentro de esa estructura armada. Sin embargo, su presunto papel de liderazgo deberá ser establecido a partir de las investigaciones correspondientes.

Investigan sus movimientos en la frontera

Uno de los aspectos que buscan esclarecer los investigadores es la presencia de Moscote Redondo en la zona fronteriza y si su desplazamiento estaría relacionado con un intento de reorganizar las ACSN en el territorio.

Las autoridades deberán determinar qué funciones habría desempeñado dentro de la organización, cuáles eran sus vínculos con otros integrantes y si su llegada a La Guajira respondía a instrucciones de la estructura criminal.

La captura también podría aportar información sobre los movimientos de esa organización armada entre el Magdalena y La Guajira, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles suficientes para establecer el alcance de las actividades que presuntamente desarrollaba el detenido.

Por ahora, la información conocida se concentra en la captura y en las hipótesis sobre su posible posición dentro de las ACSN. Se espera que las autoridades entreguen detalles adicionales sobre el procedimiento y la situación judicial de Moscote Redondo.

A través de un comunicado, la colectividad defendió la trayectoria de las dos dirigentes y cuestionó que sus nombres hayan quedado expuestos públicamente por las declaraciones del mandatario. Al mismo tiempo, manifestó su respaldo a la creación de una comisión para investigar las presuntas anomalías denunciadas en el departamento.

El partido sostuvo que las afirmaciones presidenciales comprometen el buen nombre y la honorabilidad de ambas funcionarias. En el caso de Jay-Pang, destacó sus ocho años de trabajo en el Congreso y aseguró que su gestión se ha centrado en la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los intereses de los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Según el comunicado, la congresista ha contribuido a la aprobación de siete leyes relacionadas con la identidad cultural del pueblo isleño, el desarrollo económico y social del territorio y las condiciones de vida de sus habitantes.

Frente a la gobernadora Girley Ordoñez, el Partido Liberal resaltó su gestión, que describió como orientada a la autonomía territorial, el respeto institucional y la defensa de los intereses de la población insular. También recordó que su administración apenas comienza.

La colectividad consideró que las diferencias entre el Gobierno nacional y las autoridades del archipiélago deben resolverse mediante el diálogo y los mecanismos previstos en el Estado de derecho.

El pronunciamiento deja planteado un doble frente: el respaldo político del liberalismo a sus dirigentes y la necesidad de que las presuntas irregularidades en San Andrés sean investigadas. La defensa pública de las funcionarias no sustituye las verificaciones que correspondan, así como los señalamientos del presidente tampoco constituyen por sí mismos una prueba de responsabilidad.

El partido hizo un llamado a De La Espriella para que dialogue con las autoridades de las islas y exponga sus cuestionamientos dentro de un proceso que garantice el respeto institucional y el debido proceso.