Por César Botero

La exaltación de figuras vinculadas a la violencia en redes sociales revela una crisis que va más allá de la seguridad: también habla de los valores, la memoria de las víctimas y los referentes que estamos construyendo.

Hubo un tiempo en Colombia en el que, cuando hablaban los viejos, los demás guardaban silencio. No porque aquella generación fuera perfecta, sino porque existía algo que hoy parece cada vez más escaso: respeto por la experiencia, por la palabra y por unos valores que servían como límites para la convivencia.

Hoy el panorama es diferente. Las redes sociales se han convertido en una vitrina donde todo parece tener cabida. Allí vemos violencia convertida en espectáculo, delincuentes convertidos en personajes, dinero obtenido de manera ilícita presentado como éxito y personas señaladas por hechos criminales rodeadas de admiración.

Y entonces surge una pregunta incómoda: ¿en qué momento comenzamos a confundir el miedo con respeto y el poder criminal con grandeza?

Lo ocurrido recientemente en Riohacha y La Guajira vuelve a poner el dedo en una herida que Colombia no ha logrado cerrar. En redes han circulado imágenes y videos de caravanas y expresiones de exaltación alrededor de la muerte de Bendito Menor, una figura asociada públicamente con estructuras armadas y hechos de violencia en la región.

Más allá de las responsabilidades que correspondan determinar a la justicia, resulta imposible ignorar el mensaje que puede producir una celebración alrededor de una persona señalada por su relación con la violencia.

Recuerdan las amenazas. Recuerdan las extorsiones. Recuerdan el miedo. Recuerdan a quienes tuvieron que abandonar sus hogares. Recuerdan a quienes perdieron familiares. Recuerdan una Sierra Nevada golpeada durante años por diferentes actores armados.

¿Dónde quedan esas víctimas cuando el victimario termina convertido en ídolo?

La sociedad que estamos construyendo

Este no es solamente un problema de La Guajira. Tampoco es exclusivamente un problema de las redes sociales. Es un problema cultural que debería preocuparnos como sociedad.

Durante décadas Colombia ha intentado combatir las organizaciones criminales con policías, soldados, fiscales y jueces. Pero existe otra batalla, mucho más silenciosa: la batalla por impedir que la violencia sea presentada como una forma legítima de alcanzar reconocimiento.

Porque cuando un joven ve en internet a un delincuente rodeado de lujos, seguidores, vehículos y admiración, puede terminar recibiendo un mensaje perverso: que el camino rápido hacia el reconocimiento no está necesariamente en estudiar, trabajar, emprender, practicar un deporte o servir a los demás, sino en acumular poder, dinero y miedo.

Ese es el verdadero peligro.

No podemos permitir que quien construyó su nombre sobre el sufrimiento de otros termine siendo presentado como ejemplo. Colombia necesita recuperar sus referentes. Necesita volver a hablar de científicos, profesores, deportistas, artistas, trabajadores, empresarios honestos, líderes comunitarios y ciudadanos que todos los días construyen país sin disparar un arma, sin extorsionar a nadie y sin sembrar terror.

También corresponde a las familias preguntarse qué están viendo nuestros hijos. A los colegios, qué valores están transmitiendo. A los medios, cómo contamos estas historias. Y a quienes utilizan las redes sociales, qué tipo de contenido están ayudando a convertir en viral.

No se trata de censurar las opiniones ni de desconocer la libertad de expresión. Se trata de algo mucho más sencillo y profundo: no convertir el crimen en motivo de admiración.

No podemos olvidar a las víctimas

Colombia ha vivido demasiadas décadas de violencia como para aceptar que la memoria colectiva termine siendo reemplazada por videos de TikTok, caravanas, fotografías y homenajes.

El dolor de las víctimas no puede desaparecer porque las redes decidieron convertir a un personaje en tendencia. Una sociedad que olvida a quienes sufrieron y glorifica a quienes sembraron miedo corre el riesgo de repetir su propia historia.

Por eso, el debate no debería ser solamente quién murió, quién lo homenajeó o qué ocurrió en una determinada caravana. La pregunta verdaderamente importante es qué clase de sociedad estamos construyendo.

Porque si ser delincuente comienza a otorgar más reconocimiento que ser una persona honesta; si el miedo empieza a confundirse con respeto; si el dinero ilícito se convierte en símbolo de éxito y si las víctimas terminan siendo invisibles, entonces el problema ya no es únicamente la criminalidad.

Es una crisis moral.

Quizás sea hora de recuperar aquella vieja costumbre: cuando los mayores hablaban, los demás escuchaban. No para regresar al pasado, sino para recordar algo que nunca debimos perder: que una sociedad sin valores puede tener tecnología, dinero y poder, pero difícilmente tendrá un futuro digno.

La historia nos ha puesto a prueba una y otra vez; por eso, si algo nos define a los colombianos es una coraza inquebrantable, forjada a fuerza de resistencia y tenacidad.

Ante coyunturas complejas e incluso frente a desafíos tan devastadores como el terremoto que tanto nos duele, demostramos de qué estamos hechos: en Colombia lo que sobra es perrenque, y si algo ha quedado claro a lo largo del tiempo es que crecemos a pesar de la dificultad.

Hoy nos encontramos de nuevo en un punto de quiebre. Un nuevo gobierno inicia su mandato con el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella y, como ocurre cada cuatro años, la expectativa colectiva se renueva con la frescura del niño que estrena un juguete.

Hay en el ambiente una ilusión sincera y renovada. Queremos superar etapas, avanzar a niveles más altos, cumplir metas postergadas y alcanzar los objetivos estratégicos que nos hemos fijado como sociedad.

Es cierto que debemos mantener los pies firmes en la tierra. Los recursos públicos son finitos y las restricciones presupuestales son insoslayables.

Sin embargo, no hay límites para la imaginación estratégica ni para la audacia institucional. Si bien el presupuesto tiene un techo, la capacidad de pensar y articular nuevos esfuerzos para la gestión de recursos no puede tener fronteras.

Por eso, desde el Atlántico vemos con enorme optimismo el proceso de articulación y empalme entre el Gobierno nacional y los entes territoriales.

La metodología planteada, en la que cada gobernación y alcaldía presenta sus prioridades —tres proyectos maduros en Fase 3 y tres necesidades de alto impacto en fases previas—, nos encuentra con la tarea hecha: el Atlántico cuenta con un banco de iniciativas listas para ejecutarse.

Resulta de la mayor trascendencia el interés manifestado por el presidente De la Espriella en materializar la autonomía territorial de las regiones, al expresar que las consolidará como entes territoriales con capacidad real para jalonar recursos directos del erario.

Esta visión descentralizadora es clave para estructurar y financiar proyectos de escala supradepartamental que transformen el Caribe y las demás regiones del país de acuerdo con lo estipulado en los artículos 306 y 307 de la Constitución Nacional y sus leyes orgánicas.

Vemos de forma nítida el respaldo gubernamental a megaproyectos como el Puente de la Hermandad, que conectará estratégicamente los departamentos de Atlántico y Magdalena, convirtiéndose en un potente motor productivo e integrador para el sur de ambos departamentos.

De igual forma, recibimos con entusiasmo la decisión de destrabar el macroproyecto del Canal del Dique —una inversión superior a los 3 billones de pesos que permanece frenada por trámites como licencias ambientales, paradójicamente tratándose de una obra de restauración ecológica vital para los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico—.

El interés del nuevo Gobierno nacional por desbloquear e impulsar iniciativas que impactan directamente la calidad de vida de cientos de miles de atlanticenses nos llena de confianza.

El desarrollo no nace de la abundancia, sino de la claridad en las prioridades. Si articulamos esfuerzos entre la Nación y las regiones, este período no será solo de transición, sino el salto cualitativo hacia la autonomía y la prosperidad por las que tanto hemos luchado.

En este contexto, el empresario José Jorge Monsalvo Gnecco sostiene que la estabilidad macroeconómica depende, en gran medida, de la confianza que exista entre consumidores, empresarios e inversionistas. Desde su perspectiva, una inflación moderada favorece la planeación financiera, fortalece el consumo y crea un ambiente propicio para la inversión y la generación de empleo formal.

«Cuando la inflación disminuye, las empresas pueden proyectar mejor sus inversiones y las familias recuperan capacidad de compra. Esa confianza termina beneficiando a toda la economía», afirma.

El impacto de la inflación sobre la actividad productiva

De acuerdo con José Jorge Monsalvo Gnecco, el incremento sostenido de los precios trasciende el efecto que produce sobre el poder adquisitivo de las familias. También representa un desafío para las empresas, que enfrentan mayores costos operativos y una reducción en sus márgenes de rentabilidad.

Explica que sectores estratégicos como la ganadería, la agricultura, el transporte y la industria requieren condiciones de estabilidad en los costos para preservar su competitividad. Cuando los insumos registran incrementos permanentes, las decisiones de inversión suelen postergarse y la capacidad de expansión empresarial se ve limitada.

Por ello, considera que las políticas económicas deben orientarse a mantener la estabilidad de los precios sin comprometer el desarrollo del aparato productivo nacional.

La confianza como motor de la inversión

Más allá de los indicadores macroeconómicos, el empresario sostiene que las expectativas desempeñan un papel decisivo en el comportamiento de la economía.

A su juicio, un entorno caracterizado por reglas claras, seguridad jurídica y estabilidad institucional incentiva a empresarios e inversionistas a desarrollar nuevos proyectos, ampliar operaciones y generar más oportunidades laborales.

«La confianza mueve la economía. Si existe un ambiente favorable para invertir, las empresas responden con crecimiento, innovación y nuevas oportunidades laborales», señala.

Desde su experiencia en el sector agropecuario y empresarial, considera que Colombia mantiene un importante potencial para atraer inversión tanto nacional como internacional, siempre que se consolide un escenario competitivo y predecible.

Disciplina fiscal e inversión privada para fortalecer el crecimiento

José Jorge Monsalvo Gnecco también enfatiza que la solidez económica del país estará estrechamente ligada al manejo responsable de las finanzas públicas.

En ese sentido, plantea que el control del gasto innecesario del Estado, una mayor eficiencia en el recaudo tributario y la implementación de políticas que estimulen la inversión constituyen elementos esenciales para consolidar un crecimiento económico sostenible.

Asimismo, resalta que la inversión privada continúa siendo uno de los principales impulsores del empleo, la productividad y el dinamismo de las economías regionales.

«El crecimiento sostenible no depende únicamente del Gobierno; también requiere empresarios dispuestos a invertir y un entorno que les brinde seguridad para hacerlo», afirma.

Sectores estratégicos requieren un entorno estable

Para el empresario, actividades fundamentales como la ganadería, la agricultura, la minería, el comercio y la industria necesitan condiciones estables que les permitan desarrollar proyectos con visión de largo plazo.

En ese contexto, considera que departamentos como Cesar y La Guajira cuentan con un amplio potencial productivo para aportar al crecimiento económico nacional, siempre que existan condiciones que favorezcan el desarrollo empresarial.

Igualmente, destaca la importancia de fortalecer la competitividad mediante inversiones en infraestructura, mejoras logísticas, mayor acceso al crédito y el impulso a la innovación dentro de los distintos sectores productivos.

Un escenario favorable para consolidar la economía

José Jorge Monsalvo Gnecco concluye que Colombia enfrenta una coyuntura que puede transformarse en una oportunidad para fortalecer la confianza de los mercados y consolidar una economía más competitiva.

En su análisis, controlar la inflación, preservar la estabilidad macroeconómica, incentivar la inversión privada y fortalecer el diálogo entre el Gobierno y el sector productivo serán factores determinantes para impulsar el desarrollo económico del país en los próximos años.

«La confianza, la disciplina y la inversión siempre terminan generando crecimiento. Cuando esos factores trabajan juntos, gana el empresario, gana el trabajador y gana Colombia», concluye.

A pocos días del cambio de Gobierno, el panorama de nuestro país en diferentes ámbitos no es el más alentador. El deterioro fiscal, el rezago económico en diferentes campos, la inoperancia y el descalabro financiero del sistema de salud, y la inseguridad desbordada en todo el territorio nacional a manos de grupos armados y bandas delincuenciales, son algunos de los incendios que el nuevo Presidente deberá atender para que la “Patria Milagro” que prometió en campaña, empiece a materializarse. La amenaza latente de un racionamiento de energía por causa del fenómeno de “El Niño” y proyectado para el 2027, es otra de las crisis que desde hace meses inició un recorrido sin retorno, y que también le tocará encarar al nuevo mandatario.

Según el informe Coyuntura y Perspectivas de la Economía colombiana de la Universidad EAFIT, socializado en mayo del presente año, el país enfrenta un momento económico marcado por tensiones internacionales, presiones fiscales internas y un crecimiento que sigue mostrando señales de fragilidad. La incertidumbre derivada de los conflictos en Medio Oriente y las consecuencias de estas confrontaciones bélicas sobre los mercados internacionales, reflejadas en el alza de los precios del petróleo y otras materias primas, ha conllevado a una desaceleración de las economías más poderosas como la de los Estados Unidos -nuestro “principal” aliado comercial-, con el que debemos recomponer nuestras relaciones diplomáticas.

Desde que asumieron como mandatarios, el relacionamiento entre Donald Trump y Gustavo Petro ha estado marcado por la distancia ideológica y las posturas radicales frente a asuntos como: el conflicto en Gaza, el régimen arancelario, la batalla contra el narcotráfico, la crisis política en Venezuela, las políticas migratorias, entre otros. Si bien sus diferencias se zanjaron durante el encuentro “relámpago” que sostuvieron en febrero de 2026 en Washington, el clima de “aparente” armonía y cordialidad afronta hoy una nueva tensión tras la imposición reciente de un arancel del 12,5% a un tercio de las exportaciones colombianas, medida adoptada por la administración estadounidense por la falta de controles efectivos contra el trabajo forzoso.

Como si fuera poco las finanzas del país penden de un hilo por causa del déficit fiscal enorme generado por el desmedido gasto público frente a los ingresos del Estado, el aumento de la deuda y el encarecimiento del financiamiento soberano, grilletes que nuestra economía ha tenido que arrastrar en el último tiempo. Según un análisis de The Economist, Colombia tendrá el tercer mayor déficit fiscal entre 43 economías en 2026, alcanzando el 6,6% del PIB, situando al país con el tercer mayor desbalance presupuestario a nivel global (solo por detrás de Brasil (7,3%) y Polonia (7%), superando la meta oficial del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para los expertos, un plan de choque es inaplazable, sin olvidar la reactivación inmediata de sectores que puedan generar divisas.

El Ministro de Hacienda entrante, Miguel Gómez, advirtió que el recorte del gasto público de 60 billones de pesos, será una de las medidas urgentes a tomar para afrontar una de las crisis fiscales más complejas de los últimos años. La reducción del déficit al 3% del PIB mediante austeridad y la reducción real del tamaño del Estado, deben ser los otros escenarios a tener en cuenta por el Gobierno entrante para empezar con el saneamiento de las finanzas públicas. Si bien el DANE reportó que el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) creció un 4,1% en mayo de 2026, impulsado por actividades como: el comercio, el transporte y los servicios, sectores como: la agricultura, la construcción, la industria y la minería, siguen a la espera de los estímulos y el reconocimiento que nunca recibieron por parte del Gobierno saliente.

Reflexión de Ulises Redondo Cienfuegos

En ningún país de mundo existe el voto absolutamente libre, limpio. Propongo que examinemos las características de las formas como cada ciudadano ejerce su “derecho” al sufragio, en Colombia. He encontrado nueve formas:

1- El voto libre, de consciencia. 2- El voto relativamente libre. 3- El voto de «opinión». 4- El voto por amistad. 5- El voto emocional. 6- El voto «amarrado». 7- El voto coaccionado. 8- El voto manipulado. 9- El voto ficticio.

No obstante no se puede hacer una medición de los votos por cada ítem, pues no existen datos, precisos y confiables, por lo tanto encontrarán en esta reflexión la utilización de verbos conjugados en tiempo condicional simple, como: PODRÍA, HABRÍA, SERÍA, etc.

Según datos del CNE, el Pacto Histórico tiene 114.000 afiliados registrados, mientras que el Centro Democrático tiene 650.000 afiliados registrados. Las demás colectividades políticas importantes: Partido Conservador, Partido de La U., Partido Liberal y Cambio Radical, no publican una cifra oficial fija y actualizada de su padrón total de militantes activos.

Esto significa que nunca sabremos con certeza los resultados reales, de una votación por militantes afiliados a los partidos que no tienen registros, en favor de los candidatos que disputan una elección popular, cualquiera que está sea.

EL VOTO LIBRE, DE CONSCIENCIA. Es el voto seguro que solo lo decide un militante afiliado a su partido. Sería el ideal para hacer la medición que indique cuántos ciudadanos votan por ideologías.

Pero el problema se agrava si preguntamos: ¿Cómo sabemos si están convencidos de los postulados de la ideología de la cuál son militantes? ¿Conocen medianamente la doctrina neoliberal? ¿Conocen medianamente los principios de la izquierda? ¿Han estudiado el capitalismo? ¿Han estudiado el surgimiento y fracaso del socialismo «real»? La lógica me lleva a una hipótesis: si conocen las tesis ideológicas de un lado y del otro, entonces son minorías (la izquierda los llama «cuadros», la derecha, dirigentes, directores), por circunstancias de preparación académica o de militancia consecuente.

VOTO RELATIVAMENTE LIBRE. Serían muchos más los ciudadanos que se encuentran en este ítem en comparación con los que votan a conciencia. Pero son minorías en comparación con otras franjas de la población votante. Son simpatizantes no ideologizados, Pero no sé sabe cuantos son.

EL VOTO DE «OPINIÓN». Es el voto que se genera por algún impacto social: proceso de paz, lucha contra la corrupción, una medida económica o reforma social a favor o en contra de la sociedad, etc.

EL VOTO POR AMISTAD. Este voto tiene aspectos que pudieran ser considerados negativos o positivos, peligrosos o llenos de ingenuidad. No está prohibido votar y ayudar a elegir a un amigo, pero y ¿si es un criminal? Aquí no funciona por antiética la solidaridad automática con el amigo. Por otro lado el voto por amistad puede representar una vario pinta de significados. Es el voto de contacto humano, el voto de confianza por alguien que representa un símbolo de «amistad». El voto que se va cosechando con el «cuidar» a los «amigos», aunque no se tenga con ellos una amistad directa. Es el «amigo» que recorre los pueblos no específicamente en busca de votos.

EL VOTO EMOCIONAL. No se sabe cuántos votan afectados negativa o positivamente por emociones como: miedo, enojo, esperanza, seguridad e indiferencia. Pero indudablemente son muchos, en un país que se mueve entre el miedo y el enojo, la esperanza y el no-futuro y un neutro que es la indiferencia.

Algunos «analistas» cercanos a Cepeda dicen que faltó marketing electoral. Vender el producto, podría ser, pero, ¿hasta dónde honestidad, esperanza, confianza, solidaridad, ética, humanismo son susceptibles de transformarlas en mercancías o productos intangibles?

EL VOTO «AMARRADO». Es el voto clientelista al que ha recurrido tradicionalmente la vieja clase política. Es el que se cambia por dinero o especies (materiales de construcción, becas, contratos) o por burocracia (nombramientos). Este representaría el voto mayoritario. En términos de la llamada maquinaria estatal, habría también que hacer una medición para elecciones presidenciales, en cuanto a recursos y votantes. ¿Quién tiene mayor maquinaria, las gobernaciones y alcaldías o el gobierno nacional? Eso depende, también, de quién es el candidato que representa los intereses de unos y otros. Puede que el poder nacional y el local coincidan o puede que no.

EL VOTO COACCIONADO. Generalmente ejercido por grupos armados al margen de la ley, principalmente paramilitares. En la época de la violencia: «chulavitas», «pájaros», recientemente: las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Son votos forzados en sectores rurales. Pero también pueden ejercerlo agentes del Estado y dueños de empresas privadas para presionar a sus empleados sobre la base de amenazar con la pérdida del empleo o del contrato laboral (OPS).

EL VOTO MANIPULADO. Es manipulación de conciencias. En este entramado participan las iglesias, el marketing electoral, los medios de comunicación y las encuestas.

EL VOTO FICTICIO. Es el que pone o quita la Registraduría dependiendo del interés en elegir a unos y perjudicar a otros. Ésta es una mala práctica consuetudinaria, el típico fraude electoral. Jorge Eliécer Gaitán hacia 1946, hizo muy famosa la frase: “el que escruta, elige” para referirse a que la gente votaba hasta las 4:00 p.m., pero luego «votaba» la Registraduría. En 1970, el candidato presidencial Gustavo Rojas Pinilla fue despojado del triunfo mediante fraude. Existen quejas de ciudadanos sobre la alteración de los formularios E-14. Entre tanto, el Presidente Petro ha expresado que “la Registraduría no permite auditar el software electoral.

Si dividiéramos los ítems de votos en dos columnas, en la que la columna A represente los ítems: 1. voto libre por conciencia, 2. voto relativamente libre, 3. voto de opinión, 4. voto por amistad, por un lado y, por otro lado la columna B, represente los ítems: 5. voto amarrado, 6. voto coaccionado, 7. voto manipulado, 8. voto ficticio, ¿Cuál de las dos columnas sumaría más votos?
No se podría tener certeza de que la izquierda creció ideológicamente en relación con su votación. Tampoco se puede afirmar que la derecha ganó limpiamente.

Por otro lado, es imposible que un partido aglutine a millones de militantes adoctrinados-disciplinados-uniformados que sean conscientes de la ideología por la cual votan, sea de izquierda o derecha.

¿A quién le pertenecen los votos? ¿Al ciudadano o a los partidos? ¿El voto comprado es, auténticamente, de quién lo compra? ¿Si existiese una subasta en el mercado «negro» electoral, el voto no iría cambiando de manos de acuerdo al mejor postor? ¿El voto que se agrega como fraude, existe? El voto que se quita o resta como parte del fraude es real, pero ¿Es posible ocultarlo, esconderlo o negarlo? ¿Los votos fraudulentos le pertenecen al tramposo? ¿A quién le pertenece el voto de opinión?

Conclusiones:

-De los 12.959.542 millones de votos que obtuvo De La Espriella, la absoluta mayoría no son de él, ni de la derecha. De los 12.708.712 que obtuvo Cepeda, la absoluta mayoría no son de él, tampoco de la izquierda.

El país parece dividido en dos bandos que no tienen certeza sobre la cuantificación de un electorado propio. Ojalá estuviera dividido en cuatro, cinco, diez o cien desde la perspectiva de las ideas, los intereses socio-económicos y de la diversidad cultural. Que las opciones fueran muchas, que hubiese pluripartidismo real con partidos fuertes y liderazgos diferentes.

No sé puede hegemonizar las diferencias, es un insulto a la inteligencia.

Pensar diferente no es un delito, porque somos exactamente eso, diferentes. Que la derecha quiera criminalizar la diferencia, es diferente. Ahora, los que no son de derecha no tienen el mismo derecho a preguntar: ¿Tú, o ustedes, por qué son de derecha? La diferencia está en la diferencia misma de percibir e interpretar el mundo y esa no es razón para criminalizar a nadie.

De La Espiella anuncia la comisión de varios crímenes si llegase a ser presidente: Extraditar al actual presidente y destripar a la izquierda. Entre sus propuestas de gobierno está: suprimir el 40% de los cargos de servidores públicos; construcción y privatización de diez mega cárceles; plantea una especie de “Plan Colombia II”, retomar los bombardeos y permitir el regreso de bases militares estadounidenses a Colombia; eliminar la JEP; implantar elementos del modelo de justicia de EE.UU., tales como: promover un modelo importado de Estados Unidos que busca castigar a periodistas y columnistas independientes (a los que laboran en los medios tradicionales, no, porque ellos ya están alineados) y activistas mediante millonarias demandas de responsabilidad civil por difamación; promueve el reemplazo o subordinación de procedimientos de la justicia colombiana a los de la justicia estadounidense, impulsando incluso la extradición de nacionales colombianos (incluyendo a exmandatarios) a EE. UU. Ha propuesto retirar a Colombia de organismos internacionales como la ONU y la CIDH y dolarizar de la economía. La dolarización tiene ventajas y desventajas. Entre las desventajas está: la destrucción de la industria local y por lo tanto la generación de empleo; provoca mayor volatilidad e inestabilidad económica; mayor vulnerabilidad de la economía; la banca central sería suma mente restringida; distorsión en los sistemas de precios internos, haciendo que los países que la adoptan se vuelvan más caros para su propia gente.

Aún no es presidente, pero desde ya se proyecta hacia el futuro como alguien
sin autoridad, es decir recurrirá a la violencia indiscriminada. Sabemos que la autoridad excluye la violencia, se usa cuando la autoridad fracasa. La autoridad fracasa cuando se desprecia la justicia, cuando se piensa, como Bukele, peligrosamente, que la justicia es él, que puede fungir como juez y parte al mismo tiempo, sin ninguna diferencia.

Si llegase a ser presidente, será capaz de cerrar el congreso, convocar a una constituyente, guiada por él, que le confiera poderes excepcionales permanentes, para concentrar todos los poderes públicos; eliminar el multipartidismo y el bicameralismo, y fundar un partido monopolizador y así evitar el control social. Un partido único que propale el principio del liderazgo fuerte y, finalmente, el uso del terror como método para silenciar a los opositores y el uso de la violencia indiscriminada y extrema contra el individuo como recurso para mantener el poder. En fin, un Estado policial, porque la ley es él, contra los derechos ciudadanos. Del pensamiento a la acción podría estar a un solo paso. De La Espriella no estará lejos de poner en práctica un autoritarismo o dictadura extrema. No quiero, siquiera, imaginarme el regreso del Estatuto de Seguridad en tiempos de Turbay Ayala o la aplicación del Estado de Conmoción Interior permanente o el regreso triunfante de las AUC, los falsos positivos, los asesinatos políticos y las fosas comunes. El proyecto de “Estado de terror” que no concluyó Uribe porque fuerzas institucionales, como la Corte Suprema de Justicia, del momento, se lo impidieron. De La Espriella va a repotenciar, a encender los motores del proyecto de muerte.

Él no entiende de diferencias. Solo sabe que quien no está con él, está contra él. Si llegase a ser presidente y llegase a recurrir a la violencia, el sería, también, diferente a un jefe de Estado que representa la unidad nacional para convertirse en un criminal.

No duden que lo hará, porque desprecia toda diferencia, no solo a sus opositores políticos, sino también a los electores de clase media y baja que ahora lo apoyan. Votar por el verdugo confeso es eutanasia política, es hacerse el harakiri…¡Eche…tú lo que quieres es que te coma ”El Tigre”!

Lo sabrán cuando pase. Porque, para muchos, un anuncio de amenaza solo lo es hasta cuando se concreta. Para los que somos más cautos, sabemos que un anuncio de amenaza depende de quién lo lance. De La Espriella no está jugando. Habla en serio. Está apostando por el futuro de la mafia. Esa apuesta representa el riesgo de perder fortunas si el azar falla, si no se acierta en la ruleta del constreñimiento electoral. Cómo abogado ha sido defensor de mafiosos, como presidente sería el defensor de la mafia organizada transnacional. De La Espriella tuvo vínculos con la Fundación, no gubernamental, Iniciativas por la paz, la cuál financió a grupos paramilitares y de la cuál él era su presidente. También se le señala de ser, supuestamente, reclutador de los grupos paramilitares y mediador entre sectores universitarios y estos grupos terroristas. Se le señala de ser misógino (odio a las mujeres), de ateo (señalamiento falso, porque él cree en el diablo) y un sinnúmero de presuntos delitos, así como faltas a la ética y la moral.

De La Espriella es el reemplazo de Uribe con la diferencia que el alumno supera al maestro con creces. Uribe era el aliado del diablo, en cambio, De La Espriella es el “hijo del diablo”, el “príncipe de las tinieblas”.

En la eventualidad de que llegase a ser presidente, hasta Uribe debería tener miedo. No vaya a ser que lo extradite si pretende cogobernar con el cuero de “El Tigre”. Una prueba de lealtad a EE.UU., podría ser que el tigre extradite a Uribe. Igual, que como prueba de lealtad, Uribe extraditó a los cabecillas del para militarismo para salvarse él. Y eso puede pasar, porque el Departamento de Justicia de EE.UU. ya tenía en la mira al cucho, por violación a los derechos humanos, pero en 2010, el entonces presidente J.M. Santos se atravesó y le dio inmunidad diplomática. Uribe dejó muchos cabos sueltos y esa es una deuda pendiente. Así pues, que sí el diablo queda presidente, es mejor que el cucho se atrinchere en el Ubérrimo a criar a sus nietos.

Si llegasen los primeros fogonazos del infierno, sería el anuncio de que ‘El Tigre” no es como lo pintan.

Por eso debemos desobedecer a quienes lo impulsan, a Uribe, Duque, Trump, Marcó Rubio, Netanyahu y María Elvira Salazar, la congresista republicana que apoya a De La Espriella y quién es de la idea (ella) de incluir en la lista OFAC a dirigentes de izquierda y sus familiares y retirarles la visa si, supuestamente, según ella, sabotean las elecciones haciendo fraude. La extrema derecha internacional quiere intervenir en los asuntos de Colombia, vulnerando su soberanía. Desobedecer la promesa de su propia «autoridad» amenazante, odiante de las diferencias, revanchista. No dejemos que pase, no dejemos que sea real. No permitamos que asuma el poder ejecutivo alguien más extraño a Colombia que a EE. UU., y al él gobierno de Trump, por su nacionalidad estadounidense en cuyo juramento, se compromete a: “Renunciar a cualquier lealtad a su país de origen y apoyar y defender la Constitución y las leyes estadounidenses”, entre otros. Que no llegue el tirano, aquel que manda según su voluntad e interés propios. “El tirano es el señor que gobierna como uno contra todos y los todos a los que oprime son todos iguales en cuanto a carencia de poder”. (Hannah Arendt. Qué es la autoridad). El tirano no ve diferencias. Para él la diferencia solo está en la acumulación cada vez mayor de capital lícito o ilícito, para él no hay diferencia.

Si se mata las diferencias, se mata la vida.

La autoridad, siempre ha sido objeto de cuestionamientos, Pero, hoy, más que nunca con el avance de las tecnologías de comunicación, es un tema en crisis. Podríamos hablar del quiebre total de la autoridad.

¿De dónde viene la autoridad? ¿Quién tiene autoridad? ¿A quién debemos creer y obedecer? La religión, la verdad, la moral, la ética y en última instancia, la fuerza, pueden considerarse como fuentes de autoridad.

Son conocidas las expresiones: “quién tiene conocimiento tiene poder”, “La información es poder”, “quien tiene poder económico tiene poder político”, y consideramos sabio, doctor, erudito a tal o cuál persona al expresar: “tiene autoridad en tal materia”.

Los padres tienen la capacidad (poder) de producir o ampliar resultados en favor de sus hijos. Pueden producir (trabajo) y reproducir (vida), es un poder justo, porque les brindan a sus crías, con excepciones, lo justo para sobrevivir. Es una autoridad justa y por tanto legítima. ¿Quien puede proteger mejor a sus hijos, con excepciones, sino sus padres? Los hijos-niños, en estado de indefensión, hasta entrar a la mayoría de edad más o menos, reconocen esa autoridad justa, se sienten seguros, y la obedecen, con excepciones.

Cuando la organización social fue tribal, el líder de la tribu asumía ciertas responsabilidades. El padre no era capaz él solo de garantizar la sobrevivencia de las crías por muchas circunstancias. El líder, por su fuerza física, sabiduría o carisma, era investido de autoridad.

Platón y Aristóteles se basaron en ejemplos de relaciones humanas tomados del gobierno doméstico y de la vida familiar de Grecia, para introducir el tema de la autoridad en la política. Esas relaciones pre políticas experimentadas en el oikos (casa, vivienda o familia), donde se administraba el hogar. ¿Un oikos tomado como núcleo de una autoridad justa no puede ser modelo para una sociedad? La casa del ciudadano pasa, en esta interpretación, a ser la ciudad y un ciudadano a quien no le es permitido tomar decisiones es un extranjero en su propia tierra.

En cualquier caso, la autoridad excluye la violencia, excepto cuando se trata de un bien supremo que es mayor a todos y a cada uno de nosotros. Nos trasciende. Se usa la fuerza cuando la autoridad fracasa.

Ahora, pensemos, por un momento en un escenario en donde ya no hay ningún tipo de autoridad, y en donde surge un hombre “libre”, que es lo que ocurre en la modernidad y postmodernidad. ¿Quién tendrá la capacidad de cuidar su vida, si no es el hombre adulto, desde su mayoría de edad hasta que su fuerza física y mental, ya en la vejez, se hayan agotado? Ese individuo es soberano de su propia vida, de su cuerpo, de su mente, de su pensamiento. Solo a él le pertenecen y es lo único que le pertenece. Porque es único. Él ordena su vida para sobrevivir y en consecuencia le ordena a su cuerpo disponerse para tal efecto. Se manda a sí mismo, obedece a sí mismo, piensa por sí mismo, el es su propia autoridad sobre su vida, cuerpo y mente, no cede el dominio de su cuerpo y mente a extraños, a no ser que esté enajenado por causa de alguna droga o, sufra de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, autismo nivel 2 y 3, abulia, o sean estúpidos, bobos, tontos, ingenuos e ignorantes. La estupidez o el Efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo, según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un efecto de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas, midiendo incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Este sesgo, es atribuido a una inhabilidad meta-cognitiva del sujeto de reconocer su propia ineptitud.

«La ignorancia, frecuentemente, proporciona más confianza que el conocimiento» (Charles Darwin).

También puede haber un acondicionamiento y acomodamiento a los comportamientos descritos, entonces, asumimos el rol de idiotas e ignorantes, por situaciones laborales (mejor paso por idiota e ignorante ante el jefe, para no hacerlo quedar como idiota e ignorante) sociales, (nos acomodamos al tipo promedio para no entrar en discusiones estériles). ( Si mis amigos son ignorantes, porqué no fingir que yo también lo soy, para no lastimarlos).

Los individuos también ceden la autoridad sobre su cuerpo y mente por dinero (emeretrices); por dependencia económica (esclavos); por placer (drogadictos); entregan el dominio sobre sus cuerpos y mente los sicarios y mercenarios que matan por dinero, los que venden la conciencia.

Los hombres «libres» tendrán que ser esclavos de su propia «libertad» si quieren asumir la tarea de libertarios.

Antes de Petro las fuerzas del pueblo estaban adormecidas, temerosas. Después, el crecimiento ha sido vertiginoso. Lo que pienso es que hubo desobediencia civil contra la autoridad instituida que no los representa ya. Lo que buscan esas fuerzas individuales es respeto a la dignidad, un trato justo. Si recurriremos a un tipo de “ideología” para encasillar a esas personas, no encuentro otro distinto al respeto, al reconocimiento como personas, al respeto por la diferencia… ¡Justicia! Pero la justicia no es izquierda ni de derecha, es un derecho universal. Solo hay que tener voluntad y autoridad legítima para aplicarla. Porque aunque no lo crean esas personas representan su propia autoridad, su propia vida, su propio cuerpo y mente. Cada una tiene su propia historia familiar y social y, cada historia detrás de ellos es diversa, singular, única. No quieren ser tratados como deshecho de la sociedad o como excremento de la política…¿Recuerdan el “Estallido social”?… ¿Recuerdan lo que decían los grafitis durante esa conmoción social?…»Nos han quitado todo que nos han quitado hasta el miedo»….¿Recuerdan las expresiones populares en la plaza pública, en apoyo a Petro”: “No vinimos porque nos trajeron, vinimos porque quisimos». ¿Recuerdan la toma de las calles, pacíficamente, y los murales del arte popular? Los manifestantes sentían que los bienes públicos y el inmobiliario de la nación también les pertenecía porque o todos somos nación o ninguno lo es. Esas son expresiones de una desobediencia civil espontanea, de ciudadanos «libres» en el entendido de opuestos a la autoridad de las instituciones que han perdido todo crédito. Converso, casi todos los días, con gente humilde, sin que medie en ese diálogo posturas ideológicas, lo único que exigen es respeto y reconocimiento. Pero ocurre que la autoridad instituida, siempre se fuga con la autoridad ajena, toma como propia la autoridad de cada uno de esos individuos. Y creen que esa autoridad ajena los faculta para reprimir a la fuente misma de esa autoridad. ¿Alguien en sus cabales, puede autorizar a otro a que lo esclavice, lo empobrezca o lo mate? ¿Que tipo de eutanasia política sería esa? Ni siquiera, el que vende el voto espera que el poder instituido lo aplaste, aunque eso ocurre a menudo.

A esa gente humilde no les interesa los cálculos milimétricos del poder en las elecciones, ni los privilegios, ni el reparto burocrático. No anhelan que los uniformen en un esquema cerrado de partidos políticos ni que los incluyan en un modelo hegemónico de organización política. La hegemonía suena a escándalo aún para la gente humilde. Y es que definitivamente no se puede hegemonizar a las diferencias, excepto por coacción o engaño. Los símbolos pueden lograr un vínculo más fuerte que las ideas: abrasar da esperanza, estrechar la mano da confianza, escuchar, más que hablar, da reconocimiento mutuo, ver directo a los ojos inspira sinceridad.

Descender del Olimpo a la cueva terrenal de los humanos es un acto de reconocimiento entre iguales. Pero, ¿Iguales en qué? Apartando las diferencias. Iguales en equipamiento natural ( vida, cuerpo, pensamiento, autonomía) La igualdad es proporcionalmente directa a la diferencia. Somos iguales por el valor, magnitud, capacidades, virtudes o potencias de cada una de nuestras diferencias.

En inter pares se presupone que no hay diferencias y por consiguiente no hay oposición, no hay contradicción.

La gente quiere un referente de desobediencia, no de insurrección y la desobediencia no tiene profundidad ideológica; la insurrección sí. Lo vieron en Bolívar, en Gaitán, en Galán y en Petro. Hay cosas que son más sencillas de lo que parecen. Muchas veces nos cegamos en buscar soluciones en la profundidad de las ideas, cuando esas mismas soluciones se encuentran en la superficie, en la llanura.

Incluso, las autoridades deben, en acto de humildad, desobedecer sus propias ordenes, reconsiderarlas, corregirlas si estás han sido injustas o producto del error.

La soberbia parece una “enfermedad” contagiosa en las esferas del poder. Las élites de derecha, antes, y la casta intelectual de izquierda, ahora, desprecian al ciudadano humilde, lo ven como “esclavo” y luego se jactan diciendo que son hombres libres. Nadie puede ser libre mientras se mueva entre esclavos.

La época de la violencia entre liberales y conservadores terminó cuando dirigentes de ambos partidos pactaron el Acuerdo de Benidorm. Consistió en la alternancia en el poder y paridad burocrática. Por muy connotado que fuera el acuerdo las denotaciones se caían por lo explícito: repartición del poder y paridad de la burocracia. La marrana se la repartirían cada cuatro años.

Después de 30 años de violencia interpartidista, a Lleras Camargo, jefe del partido Liberal, se le ocurrió una genialidad que compartió con alguien un poco menos inteligente, Laureano, presidente de Colombia líder conservador. La talentosa propuesta era por demás sencilla: «bueno es robar y matar», pero terminarían por eliminarse físicamente sus «ciegos» seguidores. Los líderes, intocables, no, por supuesto. Y ya no habría justificación para robar y matar, “ideología” que por muy chambona que fuera era el sustento lúcido de ambas colectividades. Entonces porque no ponerse de acuerdo solo en robar. Aunque no hay honor entre ladrones, no era mala la idea compartir solidariamente el botín. Además, la propuesta de Lleras, cerebro maestro, era una solución momentánea, por 16 años, al menos.

Un amigo septuagenario casado con una mujer muchísimo más joven que él, me dijo un día: “Es mejor compartir mi mujer que quedarme sin nada”. Seguro murió feliz, fiel a su credo de consentir la infidelidad. La tregua pudo ser una estrategia que daba chance a cada partido para cuadrar caja. Ínterin, un intruso, el General Rojas Pinilla, había llegado como ladrón en la noche para quedarse con el botín y no quedaba otro remedio que defenestrar al huésped incómodo. No podían quedarse con el pecado y sin el género.

A la luz pública se lanzó un simbolismo que marcó el alma del pueblo analfabeto: Ambos partidos dejaban de matarse por dos colores que al parecer era la única diferencia, lo único que los dividía en ese enfrentamiento cruel en el cuál moría mucha gente defendiendo intereses ajenos. ¡Qué culpa tienen los colores!, diría el ingenuo con alguna lógica sin conocer los detalles del intríngulis consensuado que se urdía intramuros. Cierta lógica, la violencia no era por los colores que dejó un reguero de 300 mil cadáveres por gran parte de la geografía nacional. La violencia trascendía los umbrales del nulo nivel de entendimiento de la montonera. Cierta lógica, solo el horario para asistir a misa, los domingos, era la diferencia. Los dirigentes del trapo azul comulgaban el cuerpo y la sangre de Cristo a las 7 a.m., en tanto los del trapo rojo lo hacían a las 9 a.m.

Así pues que se lavaron las manos, y las entrelazaron en una unión marital política de hecho.

Los santanderistas se jactaban de que tras el trágico episodio de la Conspiración Septembrina en 1828, durante el cuál se intentó asesinar a Bolívar, en Bogotá, dándole al Libertador un merecido escarmiento, la naciente República aristocrática de la Gran Colombia no era territorio abonado para las dictaduras militares. Es cierto. La aristocracia siempre tiene como referente de poder al rey, la gran colombiana nunca abandonó la idea de ser súbditos directos del poder real, sin intermediarios: virreyes, resentantes de la Real Audiencia, etc. Hoy, al verdadero rey no lo personifica nadie. Es el capital. Bolívar fue el primero que intentó una dictadura para poner orden a una nación en ebullición y no pudo. Bolívar valoraba la autoridad militar como garantía de estabilidad de la independencia del imperio, recién lograda.

En 1952, el presidente designado Urdaneta, ante la enfermedad del titular Laureano Gómez, nombró a Rojas Pinilla comandante general de las Fuerzas Armadas. Durante ese periodo se acrecentaron las disputas entre los partidos, lo que llevó al descontento social hacia el presidente y profundizó la crisis política. El 13 de junio de 1953 Rojas Pinilla dio un golpe militar pacífico, sin el previo ruido de los sables, a Gómez, quien intentaba retomar el poder tras la renuncia de Urdaneta.

Rojas Pinilla fue acusado de imponer una dictadura para perpetuarse en el poder. Al final, entregó sus credenciales a una junta militar. El General fue utilizado como un comodín “apaga fuego” por el expresidente liberal Ospina Pérez y varios líderes conservadores para desactivar la violencia sin control auspiciada por ellos mismos.

Seriamente enojado por la conspiración frente nacionalista que le propinó un contragolpe, Rojas Pinilla planeó su venganza y seguro de que las masas lo seguirían, postuló su nombre a la presidencia en las elecciones de 1970 para truncar el último periodo del Frente Nacional, con Misael Pastrana como su elegido. La noche del 19 abril de 1970 las emisoras daban por ganador al General Pinilla, por una diferencia cercana a los 113.000 votos. Fue entonces cuando el Gobierno, en cabeza del ministro Augusto Noriega, prohibió los boletines radiales y él mismo dio los resultados oficiales hasta ese momento: Rojas aventajaba a Pastrana por algo más de 9.000 votos. Entre tanto, el presidente Lleras Restrepo decretó el toque de queda y a la mañana siguiente había volteado la arepa. Pastrana tenía una ventaja de 2.617 votos sobre el General, que al final fueron de 63.557 de diferencia.

El acuerdo frente nacionalista sirvió para varias cosas: 1. Para desactivar la violencia y seguir robando sin sobresaltos. 2. Para hacerle creer al pueblo que la violencia era de origen partidista. 3. Para dar un contragolpe a un golpista colocado como comodín, pero que vio la oportunidad de quedarse con todo el poder. Toda la mentira posible para robar, todo el poder para robar. Todo el poder de la mentira para robar y matar. Todo EL DERECHO A ROBAR, como si se tratara de un derecho hereditario. O como si el rey Fernando VII les hubiera otorgado el título de ladrones vitalicios, título extensible hasta la muerte del último heredero de la última generación.

Paradójicamente, el alcalde que llegó con cuestionadas decisiones judiciales que lo favorecieron, podría irse también en medio de otras decisiones judiciales en contra.

Nos referimos a los dos casos abiertos que Pinedo tiene en la Fiscalía y los cuales podrían despedirlos como alcalde de Santa Marta.

Los dos frentes principales abiertos en la Fiscalía son los casos de Aremca y Don Jaca. Ambos están en etapa de investigación preliminar o recolección de pruebas, sin imputaciones formales reportadas hasta ahora.

Los dos procesos siguen en desarrollo y pueden tener novedades en los próximos meses, especialmente el del cartel Aremca, que es de alto perfil nacional.

Como se recordará, el Contrato con Aremca ($15.684 millones) – Pre-ICFES, forma parte del escándalo mayor del “cartel de contratos a dedo con Aremca” (direccionamiento de contratos con recursos de Regalías, desfalco estimado en más de medio billón de pesos a nivel nacional).

Pinedo aparece como la autoridad que expidió el decreto que autorizó el convenio en febrero de 2024.
Estado: Recolección de pruebas e interceptaciones. Hay capturados en el caso general, pero hasta ahora no hay imputación ni llamado a indagatoria formal contra Pinedo. La investigación sigue avanzando.

Por su parte, el caso de Don Jaca por presunta estafa, falsedad y concierto para delinquir, se remonta a cuando Pinedo era inspector de policía. Las supuestas víctimas, unas familias de Medellín, denunciaron que les vendió lotes con supuestos documentos falsos o problemas de titularidad.

La denuncia penal se formalizó alrededor de 2024. Sin embargo, la fiscal original salió pensionada y se asignó un nuevo fiscal para “desempantanar” el caso. Hasta la fecha pública disponible, no hay imputación ni llamamiento a indagatoria reportado. El proceso ha sido lento y ha generado críticas por las demoras.

Además, Pinedo ha sido denunciado políticamente por opositores por presuntos nexos con grupos armados. Sin embargo, él, solo aduce que son denuncias de sus contradictores políticos.

La reciente ratificación de la condena contra el exgobernador ‘Kiko’ Gómez —más de 31 años de cárcel por el homicidio del concejal Luis Gregorio López— debería ser un triunfo para la justicia colombiana. Sin embargo, en el país de lo absurdo, este triunfo se diluye cuando observamos el escenario donde estos personajes purgan (o deberían purgar) sus penas. La pregunta que flota en el ambiente tras analizar la gestión del Ministerio de Justicia durante la era de Andrés Idárraga es obligatoria y dolorosa: ¿Por qué La Picota se convirtió en una cumbre de capos y no en un centro de reclusión?

La confluencia en un mismo recinto penitenciario de figuras de la talla criminal de ‘Kiko’ Gómez, ‘Marquitos’ Figueroa, ‘Paul’ Corrales y los hermanos Prada no es un accidente geográfico; es el síntoma de una patología estatal. Ver cómo el sistema penitenciario permite que jefes de estructuras criminales, cuyos tentáculos de violencia y corrupción han desangrado regiones enteras, convivan bajo el mismo techo, es una bofetada a las víctimas.

Condenado ‘Kiko’ Gómez a más de 31 años de prisión por homicidio en La Guajira

Se nos ha dicho, ad infinitum, que el problema es la infraestructura. Que Colombia carece de cárceles de «supermáxima seguridad» y que, por ende, el INPEC se ve limitado a centralizar a los «pesos pesados» en Bogotá, cerca de los juzgados y las altas cortes. Pero esa excusa se agota cuando la realidad supera la ficción. La gestión ministerial, bajo el mando de Idárraga, pareció más interesada en la administración burocrática del caos que en la implementación de una política de aislamiento efectivo.

Cuando un Estado no tiene la capacidad de segregar a sus criminales más peligrosos, no solo está fallando en su deber de custodia; está, tácitamente, facilitando una «gobernanza criminal». La cercanía física entre estos personajes es el caldo de cultivo perfecto para alianzas, coordinaciones de economías ilegales y el fortalecimiento de redes de poder que, desde el patio de una cárcel, siguen operando con una impunidad que desafía cualquier lógica.

¿Fue acaso desidia, negligencia o, peor aún, una connivencia silenciosa que permitió que La Picota se transformara en un despacho de operaciones? El silencio ministerial frente a estas coincidencias criminales es ensordecedor. No basta con sentenciar a un político corrupto si, una vez condenado, se le garantiza un entorno donde puede seguir ejerciendo su influencia.

La justicia no termina con la lectura de una sentencia. La justicia se completa con la ejecución de la pena en condiciones que aseguren la resocialización, pero, sobre todo, la neutralización del peligro. Mientras el Ministerio de Justicia siga permitiendo que La Picota sea el «club» de quienes han destruido la democracia regional, la sentencia contra un ‘Kiko’ Gómez será apenas un papel más en un archivo, mientras el verdadero poder criminal sigue, imperturbable, tras las rejas, pero con las manos libres.

Es hora de que el Estado recupere el monopolio del control carcelario. Si la infraestructura no da abasto, la voluntad política debería ser el muro de contención. Lamentablemente, hasta ahora, los muros de La Picota han sido, más bien, una puerta giratoria para la impunidad.