La intervención fue adelantada por funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental, en coordinación con la Policía Nacional, luego de una investigación que se extendió durante tres semanas y que se inició tras una denuncia ciudadana que alertó sobre actividades médicas irregulares en el inmueble.

Durante la inspección, las autoridades encontraron una sala acondicionada como quirófano, así como diversos elementos utilizados en intervenciones quirúrgicas, entre ellos cánulas, jeringas, bisturíes y otros instrumentos especializados. Según el reporte oficial, las personas que atendían a los pacientes no contaban con la formación profesional ni con las autorizaciones exigidas por la normatividad sanitaria vigente.

Uno de los hallazgos que más preocupación generó entre los funcionarios fue que la vivienda no disponía de servicio de agua potable, condición indispensable para garantizar la asepsia y prevenir infecciones durante cualquier procedimiento médico o estético.

Ante esta situación, personal de Salud Pública, del área ambiental y de la oficina jurídica de la Secretaría de Salud concluyó que el establecimiento representaba un grave riesgo para la integridad de quienes acudían al lugar, debido a la posibilidad de contraer infecciones severas, sufrir complicaciones permanentes o incluso perder la vida como consecuencia de procedimientos realizados en condiciones inadecuadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar que cualquier tratamiento estético o quirúrgico sea realizado en instituciones debidamente habilitadas y por profesionales certificados, con el fin de evitar poner en riesgo la salud y la vida.

Asimismo, indicaron que continuarán fortaleciendo los controles en distintos municipios del departamento para combatir la prestación ilegal de servicios de salud y proteger a los usuarios frente a este tipo de prácticas clandestinas.

Las autoridades de Santa Marta adelantan un amplio operativo para localizar a varios reclusos que escaparon durante la noche del jueves de un centro de detención transitorio de la ciudad.

Tras conocerse la fuga, unidades de la Policía desplegaron acciones de búsqueda en distintos sectores de la capital del Magdalena con el fin de dar con el paradero de los internos y evitar que abandonen la jurisdicción.

De manera paralela, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer cómo se produjo la evasión, establecer posibles fallas en los protocolos de seguridad y determinar el número exacto de personas que lograron escapar.

Hasta el momento no se han entregado detalles oficiales sobre la identidad de los fugados ni sobre las circunstancias que facilitaron su salida del centro de reclusión. Las investigaciones continúan en desarrollo.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 0663 del 2 de junio de 2026, entregada por la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, durante un acto realizado en Bonga, donde participaron representantes de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.

Con esta medida, queda prohibida la realización de nuevas actividades de exploración y explotación minera e hidrocarburífera dentro de la zona protegida, garantizando la conservación de los ecosistemas estratégicos, las fuentes hídricas, la biodiversidad y los sitios sagrados que hacen parte del territorio ancestral indígena.

La ministra Vélez destacó que la decisión responde al compromiso del Gobierno Nacional con la protección de la naturaleza y el fortalecimiento de los derechos territoriales de las comunidades originarias.

“Esta reserva representa una apuesta por la vida, la biodiversidad y el agua. Decimos sí a las economías sostenibles y no a los modelos extractivos que ponen en riesgo los ecosistemas y las comunidades”, afirmó la funcionaria.

Las autoridades ambientales explicaron que la declaratoria no limita actividades productivas sostenibles ni proyectos relacionados con agricultura, turismo, vivienda, salud, educación, infraestructura comunitaria, servicios públicos, conectividad, investigación científica o gestión del riesgo, siempre que se desarrollen bajo criterios de protección ambiental y respeto por los valores culturales del territorio.

Por su parte, la Confederación Indígena Tayrona celebró la decisión y la calificó como el resultado de años de diálogo, concertación y defensa permanente de la Sierra Nevada, uno de los ecosistemas más importantes de Colombia y del mundo.

La medida fortalece las acciones de conservación en una región considerada estratégica para el equilibrio ambiental del Caribe colombiano y representa uno de los mayores avances en materia de protección territorial y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los últimos años.

La medida fue implementada por la Concesión Santa Marta Paraguachón S.A., luego de completar la entrega de tarjetas electrónicas a 810 vehículos previamente inscritos por las comunidades beneficiarias.

El descuento favorece principalmente a comerciantes, campesinos, emprendedores y empresarios turísticos que residen en sectores como Guachaca, Buritaca, Calabazo, Cañaveral, Mendihuaca y Quebrada Valencia, entre otras poblaciones ubicadas a lo largo del corredor vial.

El líder social Romualdo Macías destacó que el beneficio representa un importante alivio económico para las comunidades que diariamente deben transitar por la zona para desarrollar sus actividades productivas.

La iniciativa surgió tras el colapso del puente de Mendihuaca ocurrido en febrero de este año, situación que generó múltiples dificultades de movilidad y motivó a los habitantes a solicitar la suspensión o reducción del cobro del peaje mientras se normalizaban las condiciones del corredor.

El proceso contó con el acompañamiento de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, la Personería, la Defensoría del Pueblo y organizaciones comunitarias como Asocomunales, Asoelectropiedras y Asojuntar, que participaron en las mesas de diálogo con el Ministerio de Transporte para lograr la aprobación del beneficio.

Los líderes comunitarios calificaron la medida como una victoria de la organización ciudadana y esperan que contribuya a fortalecer la economía local y el desarrollo turístico de la región.

La jornada representó una inversión superior a los 36.800 millones de pesos y fue financiada con recursos del Presupuesto General de la Nación, en el marco de los procesos de Justicia y Paz y las medidas impulsadas por el Fondo para la Reparación de las Víctimas.

La directora de la entidad, Alix Aguilar, destacó que estas indemnizaciones buscan reconocer los daños ocasionados por la violencia y contribuir a la reconstrucción de los proyectos de vida de miles de personas afectadas por el conflicto.

Más de 42.000 indemnizaciones durante el actual Gobierno

Según cifras oficiales, durante la administración del presidente Gustavo Petro se han realizado 42.698 giros de indemnización judicial, beneficiando a 21.141 víctimas en todo el país, con una inversión cercana a los 811.398 millones de pesos.

En el departamento del Atlántico, la Unidad reportó 2.815 indemnizaciones judiciales entregadas durante el actual Gobierno, favoreciendo a 1.666 víctimas por un valor aproximado de 67.507 millones de pesos.

Por su parte, en Magdalena se han efectuado 7.547 giros, que han permitido indemnizar a 4.257 víctimas del conflicto armado, con recursos que superan los 197.152 millones de pesos.

La entidad reiteró que estas acciones hacen parte de la política de reparación integral del Estado colombiano y buscan garantizar el reconocimiento de los derechos de las víctimas, así como apoyar su recuperación económica y social tras años de afectaciones derivadas de la violencia.

De acuerdo con información preliminar suministrada por fuentes militares, el material hallado habría sido neutralizado por equipos antiexplosivos, evitando riesgos para la población civil de la zona. Las autoridades continúan con la verificación del origen del arsenal y su posible relación con estructuras armadas ilegales.

En paralelo, organismos de seguridad analizan denuncias de posibles presiones o constreñimiento a comunidades en áreas rurales, especialmente en lo relacionado con la participación electoral. Estas denuncias, que han sido reportadas por líderes comunitarios, están siendo evaluadas por las autoridades competentes para establecer su veracidad y alcance.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han reiterado que se mantienen operativos de seguridad en distintas regiones del país con el objetivo de garantizar el desarrollo de los comicios sin alteraciones del orden público ni interferencias de actores armados.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial que permita afirmar la existencia de directrices electorales de grupos armados ilegales ni una afectación generalizada al proceso democrático.

El hecho ocurrió en una estación Primax ubicada en la vía a Gaira, en el acceso al Estadio Sierra Nevada, cuando la víctima se disponía a abastecer su motocicleta.

De acuerdo con versiones preliminares, sujetos armados llegaron hasta el lugar, lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata.

Tras el ataque, los agresores huyeron del sitio, mientras testigos alertaron a las autoridades.

La Policía Metropolitana de Santa Marta llegó al lugar para acordonar la zona, realizar la inspección técnica del cadáver y recolectar material probatorio que permita avanzar en la identificación de los responsables.

Las investigaciones continúan para establecer los móviles del crimen y determinar si la víctima era objetivo específico del ataque o si fue un hecho relacionado con otras dinámicas delictivas en la zona.

La decisión fue anunciada por la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, y tiene como objetivo fortalecer la conservación, restauración y protección de uno de los ecosistemas más estratégicos y biodiversos del país.

La medida establece que dentro del área protegida no podrán otorgarse nuevos títulos mineros, contratos de exploración o explotación de hidrocarburos, ni licencias ambientales para actividades extractivas. Con esto, el Gobierno busca evitar intervenciones que afecten la integridad ecológica del territorio.

No obstante, la resolución aclara que las restricciones no aplicarán a los títulos y concesiones que ya se encuentren vigentes al momento de la declaratoria.

Un territorio clave para el equilibrio ambiental del Caribe

La Sierra Nevada de Santa Marta es considerada un importante regulador hídrico y climático de la región Caribe, además de ser fuente de múltiples ríos que abastecen comunidades, actividades productivas y ecosistemas estratégicos.

En ese sentido, la declaratoria busca garantizar la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental a largo plazo.

Reconocimiento a los pueblos indígenas

La decisión también resalta el valor cultural y espiritual del territorio para los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, quienes reconocen la Sierra Nevada como el “Corazón del Mundo”, un espacio sagrado donde confluyen naturaleza, cultura y espiritualidad.

Actividades permitidas en la zona

El Ministerio de Ambiente precisó que la creación de la reserva no restringe actividades como la agricultura, la ganadería, el turismo, el ecoturismo, ni el desarrollo de proyectos comunitarios.

También se permitirán obras de infraestructura relacionadas con vivienda, salud, educación, saneamiento básico, servicios públicos y mejoramiento de vías, siempre que estén orientadas al bienestar de las comunidades.

De igual forma, la medida no afecta la propiedad privada ni limita procesos de formalización de tierras o la constitución de zonas de reserva campesina.

Con esta decisión, el Gobierno busca consolidar un modelo de protección ambiental que combine la preservación de la biodiversidad con el respeto por los derechos de las comunidades que habitan este territorio considerado uno de los más importantes del país.

La detención fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) mediante orden judicial por el delito de acceso carnal violento.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el capturado se desempeñaba como mototaxista y, al parecer, aprovechaba esa actividad para acercarse a sus víctimas. Según la hipótesis de los investigadores, les ofrecía supuestos servicios espirituales o rituales con el fin de ganar su confianza y posteriormente conducirlas a lugares apartados donde presuntamente cometía los abusos.

Las autoridades indicaron que, además de utilizar engaños para someter a las víctimas, el hombre presuntamente las intimidaba para evitar que denunciaran los hechos ante los organismos judiciales.

La Policía Metropolitana de Santa Marta informó que alias “El Brujo” registra antecedentes judiciales por delitos sexuales y que incluso había cumplido una condena por hechos de características similares, situación que fue tenida en cuenta dentro del proceso investigativo.

Tras su captura, el señalado fue presentado ante un juez competente, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, reiteró el compromiso institucional en la protección de las mujeres y en la persecución de quienes atenten contra la libertad e integridad sexual de las personas.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con violencia sexual o conductas que pongan en riesgo la seguridad de mujeres, niñas y adolescentes, utilizando la línea de emergencia 123 o los canales oficiales de atención.