Un total de $70.550 millones destinados a la construcción y adecuación de escenarios deportivos en Colombia está bajo cuestionamiento por los retrasos en las obras. Según información entregada por el Ministerio del Deporte, nueve convenios recibieron el 100 % de los recursos comprometidos, pero ninguno alcanza el 50 % de ejecución física.

El caso más llamativo está en Uribia, La Guajira. Allí, el Ministerio destinó $8.500 millones para construir un escenario deportivo mediante el convenio 634-2025, firmado con el municipio y cuya ejecución comenzó el 14 de julio de 2025.

Pese a que el dinero ya fue girado en su totalidad, la construcción todavía no ha comenzado. El plazo contractual está previsto hasta el 30 de noviembre de 2026 y la entidad continúa reportando el convenio como «en ejecución».

Otros municipios también presentan retrasos

La situación se repite en diferentes regiones del país. Entre los casos identificados aparecen:

• Taminango, Nariño: recibió $8.126 millones y registra un avance del 39,9 %. El plazo venció el 12 de octubre de 2026.

• Montería, Córdoba: recibió $6.525 millones para construir un polideportivo en la Universidad de Córdoba. La obra registra apenas un 13,4 % de avance.

• San Antero, Córdoba: recibió $6.151 millones para una pista de atletismo, que presenta un avance del 9,5 %. Su plazo contractual vence el 31 de octubre.

• Aguachica, Cesar: recibió $12.000 millones, el convenio de mayor valor entre los nueve identificados. La obra registra un avance del 32,9 %.

En total, tres de los nueve convenios corresponden a municipios de Córdoba.

Solo 206 de 421 convenios aparecen terminados

El panorama general también genera interrogantes sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a infraestructura deportiva.

El Ministerio identificó 421 convenios firmados durante 2023, 2024 y 2025 para construir, ampliar o adecuar escenarios deportivos. De ese total, 206 figuran como terminados.

Los restantes presentan diferentes situaciones:

• 115 continúan en ejecución.

• 66 de esos convenios registran 0 % de avance físico o no tienen progreso reportado.

• 13 permanecen activos pese a que sus plazos ya vencieron.

• 86 están suspendidos.

• 11 fueron terminados anticipadamente.

La entidad también informó que ha girado $335.939 millones a los 115 convenios que todavía aparecen en ejecución.

La explicación del Ministerio

Frente a los cuestionamientos, la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte aclaró que el giro total de los recursos no significa, por sí mismo, que se trate de obras definitivamente inconclusas o incumplidas.

También explicó que la suspensión de un convenio no constituye automáticamente una declaratoria de incumplimiento contractual, pues puede obedecer a circunstancias técnicas, administrativas, financieras o climáticas.

Los datos fueron entregados por el Ministerio del Deporte en respuesta a un derecho de petición relacionado con la ejecución de los convenios.

Mientras tanto, los registros muestran una brecha entre los recursos públicos desembolsados y el avance físico de varias construcciones. En Uribia, por ejemplo, los $8.500 millones ya fueron girados, pero la obra sigue sin comenzar.

Para los conductores de Barranquilla, el galón de gasolina seguirá en $15.964 y el de ACPM en $11.291 durante noviembre.

La Fiscalía General de la Nación hizo un llamado de atención a los involucrados en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez para que se abstengan de divulgar información del expediente y respeten la reserva sumarial.

La decisión también incluye un requerimiento al abogado Miguel Ángel del Río, representante de la parte civil, quien tendrá cinco días hábiles para responder a las quejas presentadas por la defensa del exmandatario.

La actuación se originó en dos memoriales radicados el 9 de septiembre y el 28 de octubre de 2026 por Jaime Enrique Granados Peña, abogado principal de Uribe, quien denunció posibles vulneraciones a la reserva del proceso por parte de Del Río.

Las inconformidades están relacionadas con la divulgación de información sobre las declaraciones de los exparamilitares conocidos como alias ‘Don Berna’ y ‘Jhon Bolívar’, quienes han intervenido en el expediente.

Mediante la decisión, la Fiscalía ordenó trasladar las quejas a Miguel Ángel del Río para que presente sus explicaciones y aporte las pruebas que considere pertinentes dentro del plazo establecido.

También dispuso la apertura de un cuaderno incidental para tramitar el asunto, garantizando los derechos de defensa, contradicción y debido proceso.

Advertencia para todos los involucrados

La Fiscalía recordó a todos los sujetos procesales que deben mantener bajo confidencialidad la información relacionada con el expediente y evitar su difusión por cualquier medio de comunicación.

El despacho advirtió que el incumplimiento de esta instrucción podría dar lugar a medidas correccionales contempladas en el artículo 144, numeral 2, de la Ley 600 de 2000, además de las eventuales sanciones disciplinarias correspondientes.

Por ahora, el requerimiento a Del Río busca que explique los señalamientos formulados por la defensa de Uribe. La decisión no representa una declaración de responsabilidad sobre las presuntas irregularidades denunciadas.

Un enfrentamiento armado entre policías y dos presuntos delincuentes terminó en tragedia este viernes en el barrio Villa San Pedro III, en el suroccidente de Barranquilla. Un joven de 19 años murió al ser abatido por los uniformados, mientras que un adulto mayor de 75 años perdió la vida tras ser alcanzado por una bala perdida.

La balacera también dejó dos personas heridas: uno de los presuntos asaltantes, quien fue capturado, y un adolescente de 13 años que resultó alcanzado por otro proyectil.

La víctima mortal fue identificada como Gabriel Isaías Lobo De La Hoz, de 75 años. Por su parte, el joven abatido respondía al nombre de Libardo Andrés Berrio Brieva, de 19 años, mientras que el capturado fue identificado como Eder De Jesús Rodríguez Escobar, de 25 años.

De acuerdo con el reporte de la Policía, los dos presuntos delincuentes venían siguiendo un vehículo repartidor de alimentos, al parecer con la intención de cometer un atraco. La situación derivó en un intercambio de disparos con las patrullas que intervinieron.

Las autoridades informaron que Berrio Brieva registraba cinco anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Rodríguez Escobar, por su parte, tenía un antecedente judicial por porte ilegal de armas.

Durante el procedimiento fue incautada una pistola traumática.

La muerte del adulto mayor y las heridas sufridas por el adolescente quedaron como saldo trágico de un enfrentamiento armado que terminó afectando también a personas ajenas al presunto intento de atraco.

“Me quieren matar”. Con esta advertencia, Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de Magangué e hijo de la fallecida empresaria Enilce López Romero, pidió protección a las autoridades y anunció que está dispuesto a entregar pruebas sobre las circunstancias que, según afirma, estarían detrás de las amenazas contra su vida.

En un video grabado el 30 de octubre, mientras permanecía internado en un centro asistencial, Alfonso López manifestó que las amenazas estarían relacionadas con una negociación que habría realizado su madre con varios empresarios.

“Me quieren matar por una negociación que hizo mi madre Enilce López Romero con unos empresarios”, afirmó.

Durante su declaración señaló a Raúl Montes Flórez, José Isaac Ureña Torres y Jorge Abisambra González, a quienes vinculó con la situación que denunció.

Además, aseguró que tiene material para respaldar sus afirmaciones y expresó su disposición de entregarlo a las autoridades.

“Estoy dispuesto a entregar pruebas documentales, de audio y fílmicas de todo lo ocurrido y por qué quieren asesinarme”, sostuvo.

La grabación se conoció un día después de que la Fiscalía General de la Nación capturara al exmandatario, el 29 de octubre, por su presunta responsabilidad en el homicidio del líder sindical Guillermo León Montero Carpio.

Un antecedente de violencia

El temor expresado por Alfonso López se conoce después de un grave atentado del que fue víctima el 23 de mayo de 2024, cuando un comando de aproximadamente 12 hombres armados, vestidos con uniformes de la Policía, habría intentado asesinarlo.

En ese ataque, el exalcalde salió ileso, pero dos integrantes de su esquema de seguridad fueron asesinados.

Ahora, tras su reciente captura y sus nuevas denuncias, las autoridades deberán establecer el alcance de las amenazas que asegura estar recibiendo y verificar las pruebas que anunció entregar.

El empresario Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como ‘Juancho Kily’, deberá ser trasladado a la Cárcel Distrital El Bosque, en Barranquilla, luego de que un juez ordenara medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso penal que enfrenta por el presunto delito de acto sexual violento agravado contra una adolescente de 17 años.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, después de que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el representante de víctimas solicitaran conjuntamente que el procesado fuera enviado a un centro carcelario.

Álvarez Torres, de 60 años, fue capturado el pasado 20 de octubre en el norte de Barranquilla durante un operativo realizado por unidades del CTI y la Policía Metropolitana.

De acuerdo con la investigación, los hechos denunciados habrían ocurrido en un inmueble ubicado en el sector de Pradomar, en Puerto Colombia, donde funciona el establecimiento Kilymandiaro.

La denuncia sostiene que la adolescente habría sido conducida por la fuerza hasta una oficina del establecimiento, donde presuntamente se habrían cometido los actos de índole sexual.

Entre los elementos probatorios presentados por la Fiscalía figuran testimonios, informes técnicos y registros audiovisuales de cámaras de seguridad.

El proceso judicial comenzó con audiencias preliminares el 23 de octubre. Durante estas diligencias, ‘Juancho Kily’ no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Tras varios aplazamientos solicitados por la defensa, el juzgado resolvió imponer la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. El empresario permanecerá recluido mientras continúa el proceso judicial.

La investigación sigue en curso y la responsabilidad penal del procesado deberá establecerse mediante una sentencia judicial.