El sujeto es señalado de desempeñarse como coordinador del narcotráfico internacional de la subestructura “Efrén Vargas Gutiérrez”.

Unidades de la Fuerza Naval del Caribe, a través del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 16 y la Estación de Guardacostas de Urabá, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura de un sujeto conocido con el alias de “Cantante”, quien era requerido mediante notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

La operación se desarrolló gracias a labores de inteligencia y seguimiento especializado que permitieron establecer la ubicación del presunto integrante de la organización criminal en el sector costero de la vereda Triganá, en zona rural del municipio de Acandí, Chocó.

Una vez localizado, se desplegó de manera articulada un dispositivo conformado por tropas de Infantería de Marina, Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas y efectivos de la Policía Nacional, quienes realizaron el cierre del perímetro y posteriormente efectuaron la captura del individuo.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes, alias “Cantante” se desempeñaría como coordinador del narcotráfico internacional de la subestructura “Efrén Vargas Gutiérrez” del grupo armado organizado “Clan del Golfo”. Presuntamente, estaría encargado de articular la salida de cargamentos de estupefacientes mediante rutas marítimas con destino a Centroamérica y los Estados Unidos.

Con este resultado se afecta de manera contundente la estructura de mando y logística delictiva del “Clan del Golfo” en esta región del país, al neutralizar las coordinaciones relacionadas con el envío de estupefacientes hacia el exterior, una de las principales fuentes de financiación de esta organización criminal.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.
La Armada Nacional reafirma su compromiso de continuar desarrollando operaciones ofensivas y sostenidas, orientadas a la desarticulación de los grupos armados organizados y a garantizar la seguridad, soberanía y tranquilidad de las comunidades del Caribe colombiano.

La creadora de contenido fue vista esposada y encadenada mientras era conducida desde el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Picaleña, hasta los juzgados ubicados en el sector de Los Arrayanes.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran a la influencer bajo custodia de varios guardianes del Inpec durante el traslado. Barrera Rojas llevaba un buzo blanco, jeans de color azul y tenis.

Permanece recluida en Picaleña

‘Epa Colombia’ se encuentra actualmente privada de la libertad en el complejo penitenciario de Picaleña, luego de haber permanecido durante cerca de un año en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

Antes de ese traslado, la creadora de contenido estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

Su traslado a Ibagué hace parte de las medidas adoptadas dentro de su situación penitenciaria, mientras continúa cumpliendo la condena impuesta por la justicia.

Condena por hechos ocurridos durante el estallido social

Daneidy Barrera fue condenada a 5 años y 2 meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público.

La condena está relacionada con los hechos ocurridos durante el estallido social de noviembre de 2019, cuando Barrera protagonizó actos vandálicos contra una estación de TransMilenio en Bogotá y posteriormente difundió las imágenes a través de sus redes sociales.

El caso generó una amplia controversia nacional debido a la difusión que tuvieron los videos y a la posterior decisión de la justicia de imponerle una pena privativa de la libertad.

Ahora, las imágenes de su traslado en Ibagué volvieron a generar reacciones en redes sociales, especialmente por el nivel de custodia utilizado por el Inpec para llevarla hasta la diligencia judicial.

La decisión se fundamenta, según el Ejecutivo, en la falta de resultados concretos en materia de paz, desarme, desmovilización y sometimiento efectivo a la justicia.

La medida alcanza procesos relacionados con diferentes grupos armados, entre ellos el ELN, estructuras disidentes y organizaciones criminales que han mantenido presencia y capacidad de violencia en distintos territorios de Colombia.

Desde el Gobierno se cuestionó que estos escenarios no hubieran producido avances suficientes frente al objetivo de lograr el abandono de las armas y el sometimiento a la institucionalidad.

Quienes quieran dejar las armas deberán someterse a la justicia

La nueva postura del Ejecutivo establece una línea más estricta frente a las organizaciones armadas. El Gobierno indicó que las puertas de la institucionalidad permanecerán abiertas para quienes realmente tengan la intención de abandonar las actividades criminales.

Sin embargo, esa voluntad deberá traducirse en hechos concretos y en un proceso de sometimiento ante la justicia.

La administración De La Espriella sostiene que no se mantendrán indefinidamente mesas o espacios de negociación con estructuras que continúen delinquiendo mientras participan en conversaciones con el Estado.

“Se acabó la falsa paz”

La decisión representa un cambio frente a la política de diálogo implementada durante el Gobierno anterior, que abrió diferentes mesas y mecanismos de negociación con grupos armados y organizaciones criminales.

El actual Ejecutivo considera que esos procesos no cumplieron con las expectativas planteadas y que, en algunos casos, pudieron terminar siendo utilizados por las estructuras ilegales para ganar tiempo, mantener su presencia territorial o fortalecer sus actividades criminales.

Por eso, la nueva política plantea una separación clara: quienes quieran abandonar las armas deberán acudir a la justicia, mientras quienes persistan en la violencia serán enfrentados mediante operaciones de la Fuerza Pública.

Fuerza Pública tendrá vía libre contra quienes continúen en el crimen

El Gobierno también advirtió que las estructuras que decidan continuar con acciones violentas, extorsiones, narcotráfico, secuestros, homicidios u otras actividades criminales serán enfrentadas con todas las capacidades disponibles del Estado.

La determinación marca así un endurecimiento de la estrategia de seguridad y busca cerrar los espacios de interlocución que, a juicio del Ejecutivo, no produjeron resultados verificables.

La administración De La Espriella apuesta ahora por una política en la que cualquier eventual salida de las organizaciones armadas pase por el desarme y el sometimiento a la justicia, mientras que quienes permanezcan en la ilegalidad serán considerados objetivos de la ofensiva de seguridad del Estado.

El operativo se desarrolló en el barrio La Concepción, donde unidades de investigación criminal ubicaron al sospechoso cuando se movilizaba en un vehículo. La acción hizo parte de la estrategia ‘Sin Tregua al Delito’, implementada por la Policía Metropolitana para reforzar los operativos contra la delincuencia.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en poder del capturado un revólver de fabricación industrial, calibre 38, junto con cinco cartuchos. También fue incautado un teléfono celular, elemento que podría resultar de interés dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades.

Lo investigan por robos de prendas de oro

Más allá del arma encontrada, la captura tiene como trasfondo una investigación relacionada con varios casos de hurto registrados en reconocidos sectores del norte de la ciudad.

Según la información entregada por la Policía, alias ‘Chucho’ sería presuntamente uno de los integrantes de una estructura dedicada al robo de prendas de oro a ciudadanos.

La hipótesis de los investigadores apunta a que el capturado tendría un supuesto papel en la intimidación de las víctimas. Presuntamente, mediante el uso de armas de fuego, habría amenazado a ciudadanos para despojarlos de sus pertenencias.

Las pesquisas lo relacionarían, preliminarmente, con al menos cinco hurtos violentos ocurridos en los barrios La Concepción, Villa Country y El Prado.

Estos hechos son materia de investigación y será la autoridad judicial la encargada de establecer si existe responsabilidad penal del capturado en cada uno de los casos.

Ya tendría tres anotaciones judiciales

De acuerdo con los registros consultados por la Policía, alias ‘Chucho’ tendría tres anotaciones judiciales relacionadas con los delitos de porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales.

Ahora, tras su captura en flagrancia por el arma que presuntamente portaba, deberá responder ante las autoridades por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

El caso fue dejado a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación jurídica y determinar el alcance de las investigaciones en su contra.

Policía promete mantener la ofensiva

El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que este tipo de procedimientos hacen parte de la ofensiva institucional contra el hurto y de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad y convivencia en la capital del Atlántico.

La institución aseguró que continuará utilizando sus capacidades de inteligencia, investigación criminal y operativas para identificar y capturar a quienes estén relacionados con hechos delictivos.

Mientras tanto, las autoridades hicieron un llamado a posibles víctimas o testigos de los hechos investigados para que aporten información que permita esclarecer los casos.

Las denuncias pueden realizarse a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 5523 o la línea de emergencia 123, bajo reserva.

Resultados operacionales de las últimas 24 horas

Balance general

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Vegeta’, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de las redes de apoyo de esta estructura armada.

La operación representa una afectación a las capacidades logísticas y operativas de la organización, especialmente por la incautación de armamento, vehículos y equipos de comunicación que, según las autoridades, estarían relacionados con sus actividades ilegales.

Fusiles, granada y nueve vehículos

Durante el procedimiento, las tropas incautaron dos fusiles, una pistola, una granada y munición, además de nueve vehículos y ocho teléfonos celulares.

Los elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar en las investigaciones para establecer su posible relación con las actividades de la estructura Dagoberto Ramos.

La presencia de vehículos y dispositivos de comunicación también será materia de análisis, con el propósito de determinar las funciones que presuntamente cumplían los capturados dentro de la organización.

Alias ‘Vegeta’, entre los detenidos

Uno de los resultados que más destaca el Ejército es la captura de alias ‘Vegeta’, señalado como cabecilla de las redes de apoyo de la comisión urbana Santiago Díaz.

Las autoridades consideran que este tipo de redes cumplen funciones fundamentales para las estructuras armadas, al facilitar actividades logísticas y de apoyo en las zonas donde tienen presencia.

Con estas ocho capturas, el Ejército busca afectar la capacidad de operación de las disidencias en el norte del Cauca, una región donde las autoridades mantienen operaciones contra diferentes grupos armados ilegales.

Ahora será la Fiscalía la encargada de avanzar en el proceso judicial y determinar la responsabilidad individual de cada uno de los detenidos. Mientras tanto, todos deberán ser considerados presuntos integrantes de la estructura armada y se mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial en firme.

La decisión comenzaría a aplicarse desde este lunes, luego de que la entidad adelante los respectivos estudios de seguridad para establecer si existen amenazas concretas o circunstancias asociadas al cargo que hagan necesario mantener escoltas, vehículos u otras medidas de protección.

La revisión se produce después de que la UNP comenzara a retirar esquemas asignados a algunos activistas cercanos al expresidente Petro que ya no desempeñan funciones relacionadas con el Estado.

Juliana Guerrero ya fue notificada

Entre los casos que han generado atención está el de Juliana Guerrero, a quien la UNP le habría comunicado oficialmente que ya no continuará con el esquema de seguridad.

La decisión también alcanzaría a varios exministros y exdirectores de entidades que dejaron sus cargos durante el anterior Gobierno.

De acuerdo con la información conocida, uno de los primeros exfuncionarios que podría perder el esquema sería Edwin Palma, exministro de Minas, así como las exministras que estuvieron al frente de las carteras de Deporte, Ciencia y Tecnología y Vivienda.

La determinación, sin embargo, no se tomaría únicamente por haber dejado el cargo. El criterio central será el nivel de riesgo individual que establezcan los estudios realizados por la entidad.

¿Quiénes pueden mantener protección?

La UNP tiene entre sus funciones evaluar las condiciones de seguridad de personas que, debido a sus actividades políticas, públicas, sociales o humanitarias, entre otras circunstancias, puedan enfrentar un riesgo extraordinario o extremo.

Los estudios pueden determinar diferentes niveles de riesgo y, con base en sus resultados, definir si una persona requiere medidas como esquemas de escoltas, vehículos de protección, elementos de seguridad o mecanismos de comunicación de emergencia.

Por eso, la salida de un funcionario del Gobierno no significa automáticamente que pierda la protección. La continuidad del esquema dependerá de las condiciones particulares establecidas en cada evaluación.

La UNP revisará caso por caso

La entidad busca establecer una diferencia entre quienes realmente enfrentan amenazas y quienes ya no tendrían circunstancias que justifiquen el uso de recursos públicos para mantener un esquema de seguridad.

La revisión podría generar nuevas decisiones durante los próximos días, especialmente entre exfuncionarios que dejaron sus cargos y cuya situación de riesgo haya cambiado.

El proceso también pone sobre la mesa el debate sobre el uso de los recursos destinados a protección: mientras la UNP debe garantizar la seguridad de quienes se encuentren en riesgo extraordinario o extremo, también debe evitar que estos esquemas permanezcan de manera indefinida cuando las condiciones que los originaron hayan desaparecido.

La decisión definitiva para cada exfuncionario dependerá de los resultados de los estudios de seguridad y de las determinaciones que adopte la UNP en cada expediente.

Durante el procedimiento fueron encontrados 20 teléfonos celulares, 23 cargadores, 11 tarjetas SIM y 18 armas blancas, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades para ser sometidos a diferentes análisis.

La investigación busca establecer si los teléfonos eran utilizados desde el centro de detención para contactar e intimidar a personas mediante llamadas telefónicas y videollamadas, con el propósito de exigirles dinero.

La millonaria renta que estaría detrás de las llamadas

Según los elementos recopilados por los investigadores, la estructura presuntamente habría logrado recaudar cerca de $96 millones mensuales mediante los cobros extorsivos.

Las autoridades analizan ahora el contenido de los dispositivos incautados para identificar números telefónicos, conversaciones, contactos, posibles víctimas y movimientos relacionados con los recursos que supuestamente habrían sido obtenidos mediante las extorsiones.

La hipótesis investigativa apunta a que parte del dinero habría terminado financiando otras actividades ilegales, entre ellas homicidios, tráfico de armas y tráfico de estupefacientes.

No obstante, estos señalamientos hacen parte de la investigación y deberán ser sustentados ante las autoridades judiciales correspondientes.

También investigan a alias ‘Edwin’

El operativo se conoce en medio de otra investigación contra la estructura ‘Los de la M’. En las últimas horas, la Policía del Magdalena Medio reportó la captura de un hombre identificado con el alias de ‘Edwin’, señalado de pertenecer a esta organización delincuencial.

La captura se produjo mediante orden judicial en el barrio Las Malvinas Altas, en la comuna 5 de Barrancabermeja.

Según la Policía, el detenido es investigado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, debido a elementos que presuntamente lo relacionarían con cuatro asesinatos ocurridos entre 2025 y 2026.

Uno de los hechos bajo investigación ocurrió el 19 de octubre de 2025, cuando dos personas murieron y otra resultó herida en un episodio que posteriormente fue incorporado al proceso.

Las autoridades sostienen que ‘Edwin’ llevaría varios años vinculado presuntamente a actividades delincuenciales y que habría cumplido diferentes funciones dentro de la organización.

Tras su captura, fue dejado a disposición de la Fiscalía y un juez ordenó su medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.

El análisis de los 20 celulares y las 11 tarjetas SIM incautadas en el centro de detención podría ser determinante para establecer si existía una estructura organizada dedicada a la extorsión desde el interior del establecimiento y, eventualmente, identificar a otras personas involucradas.

Durante la operación fueron encontrados 55 dispositivos explosivos improvisados, los cuales, de acuerdo con la información oficial, se encontraban almacenados y listos para ser utilizados en acciones violentas.

Las tropas localizaron el depósito durante labores de inteligencia y operaciones militares desplegadas en esta zona del departamento. El material fue posteriormente neutralizado de manera controlada, evitando que pudiera ser empleado contra la población civil o contra la Fuerza Pública.

Evitan posibles atentados

El hallazgo representa un golpe a la capacidad logística de la estructura armada, especialmente por la cantidad de artefactos encontrados y las condiciones en las que estaban almacenados.

Las autoridades señalaron que los explosivos presuntamente serían utilizados para adelantar acciones terroristas en la región, aunque serán las investigaciones correspondientes las que permitan establecer con precisión su procedencia, responsables y posibles objetivos.

El Ejército destacó que la operación permitió anticiparse a una eventual utilización del material explosivo, reduciendo el riesgo para las comunidades que habitan en el área rural de El Tambo.

Las operaciones militares continuarán en el Cauca con el propósito de localizar depósitos clandestinos, armamento y otros elementos que puedan ser utilizados por estructuras armadas ilegales para afectar a la población y a la Fuerza Pública.