Durante una entrevista, el representante por el Valle del Cauca se refirió a las dificultades que enfrenta el trámite del proyecto, entre ellas las discusiones de procedimiento, la conformación de los ponentes y el poco tiempo disponible en el calendario legislativo.

Garcés consideró necesario ampliar la representación de los congresistas encargados de presentar las ponencias, en medio de las diferencias que han surgido alrededor de la iniciativa.

El legislador manifestó que espera que el proyecto consiga el respaldo suficiente para avanzar y defendió la necesidad de encontrar una salida a la situación económica del país.

“Soy optimista que se apruebe la ley de rescate económico, no hay otro camino”, afirmó.

El debate se desarrolla en medio de las discusiones sobre el alcance de la propuesta y sus posibles efectos económicos y tributarios. El calendario legislativo también representa un desafío para que el Congreso estudie y decida sobre el articulado dentro de los plazos disponibles.

Del total, US$155.779 millones corresponden al sector público, que representa el 30,5 % del PIB. Las obligaciones del sector privado sumaron US$98.991 millones, equivalentes al 19,4 % del producto interno bruto.

El informe también muestra que la mayor parte de los compromisos tiene vencimientos de largo plazo. En esa categoría se registraron US$216.117 millones, mientras que US$38.654 millones corresponden a obligaciones de corto plazo.

Entre julio y agosto, la deuda externa de largo plazo disminuyó US$1.613 millones. También bajaron los intereses asociados a estas obligaciones: en agosto sumaron US$812 millones, frente a los US$1.102 millones registrados en julio. De ese total, US$465 millones correspondieron al sector público y US$347 millones al privado.

El Gobierno general concentra buena parte de la deuda pública

Dentro del sector público, el Gobierno general registró títulos de deuda por US$81.525 millones. De esa cantidad, US$34.512 millones fueron emitidos en mercados internacionales y US$47.013 millones corresponden al mercado local.

A esos compromisos se suman préstamos por US$35.628 millones, uno de los rubros de mayor peso dentro de las obligaciones del Gobierno general.

Por su parte, el Banco de la República reportó una deuda de US$3.713 millones, de los cuales US$3.699 millones corresponden a compromisos de largo plazo.

En cuanto a la composición por monedas, la deuda pública de largo plazo mantiene una mayor exposición al dólar estadounidense, con US$62.966 millones. Le siguen las obligaciones denominadas en pesos colombianos, por US$56.721 millones, y en euros, por US$13.689 millones.

Las cifras permiten observar el peso de las obligaciones externas del país y su distribución entre el sector público y privado, así como los plazos y las monedas en las que están pactadas.

La captura hace parte de las diligencias adelantadas por la Fiscalía para esclarecer las presuntas irregularidades relacionadas con la entidad, que habría recibido durante el gobierno de Peña millonarios recursos de instituciones públicas, entre ellas cinco cajas previsionales.

La Superintendencia de Bancos, dependencia del Banco Central del Paraguay, tiene a su cargo la vigilancia y regulación de las entidades financieras del país. La detención de Insfrán amplía el alcance de las investigaciones sobre los controles ejercidos alrededor de Ueno Bank.

El caso provocó una crisis institucional. Según la información suministrada, Peña fue destituido por el Senado el pasado 6 de noviembre, luego de ser declarado responsable de mal desempeño de funciones. Tres días antes se había conocido el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, entidad que reportaba 2,94 millones de clientes.

El exmandatario fue detenido después del juicio político. La Fiscalía le imputó presunta lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. Por estos cargos, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.

Por su parte, Carlos Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno antes de asumir la dirección del Banco Central en 2023, renunció al cargo y posteriormente se entregó a las autoridades. Es investigado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

Mientras avanzan las investigaciones, el Banco Central informó que todos los clientes cubiertos por la garantía estatal ya recibieron un anticipo de la devolución de sus recursos. La medida se aplica hasta un límite de 40 salarios mínimos.

La entidad también estableció como plazo hasta el próximo lunes para completar los pagos a los usuarios con depósitos congelados de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a unos 228,3 millones de guaraníes, cerca de 36.616 dólares.

La situación judicial de los investigados y las circunstancias de la captura de Insfrán deberán precisarse conforme avancen las actuaciones de las autoridades paraguayas.

La colectividad fijó su posición frente al Proyecto de Ley 477 de 2026, denominado Ley de Rescate Económico, y anunció que presentará modificaciones durante el debate en el Congreso. Aunque reconoció la necesidad de atender las dificultades fiscales del país, pidió revisar la distribución de las cargas tributarias y evaluar cómo las medidas propuestas repercutirían en los hogares y la actividad productiva.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la propuesta de aplicar una tarifa del 19 % de IVA, a partir de enero de 2028, a alimentos que actualmente están excluidos del impuesto o tienen una tarifa reducida del 5 %.

Entre los productos que podrían quedar gravados aparecen las lentejas, los fríjoles, los garbanzos, la sal, el tomate, la cebolla, la zanahoria, algunas frutas, el café tostado, el azúcar, las harinas, las pastas y el chocolate de mesa.

Alertan por mayores costos para el sector agropecuario

El Partido Liberal también cuestionó los cambios propuestos para los insumos utilizados en la producción agrícola, entre ellos fertilizantes, abonos, semillas y plaguicidas.

Según la colectividad, modificar su tratamiento tributario podría elevar los costos de producción y trasladar esos incrementos al precio final de los alimentos. El efecto, advierte, podría alcanzar tanto a los productores como a los consumidores.

La preocupación incluye a los pequeños comerciantes y distribuidores. Los liberales consideran que los cambios en los impuestos a la cerveza y a las bebidas endulzadas podrían repercutir en los precios de venta y en los ingresos de las tiendas de barrio, que dependen parcialmente de la comercialización de esos productos.

Por eso, solicitaron al Gobierno explicar cómo incidirían los nuevos gravámenes en el consumo, las ventas y la actividad comercial, sin desconocer los objetivos de salud pública que sustentan algunos de esos impuestos.

Cuestionan reducción de impuestos a las empresas

Otro de los puntos que genera reparos es la reducción gradual del impuesto de renta empresarial contemplada en el proyecto. La tarifa general pasaría del 35 % actual al 33 % en 2027 y al 31 % en 2028.

Para el Partido Liberal, antes de trasladar nuevas cargas tributarias al consumo de los hogares, el Gobierno debería revisar esos beneficios empresariales y las modificaciones previstas para la tributación mínima y el impuesto al patrimonio.

La colectividad presentó cálculos preliminares según los cuales mantener las condiciones actuales de tributación empresarial, mínima y al patrimonio permitiría preservar cerca de 11 billones de pesos anuales, en promedio, entre 2028 y 2030. Sin embargo, aclaró que esas estimaciones deben ser verificadas con el Ministerio de Hacienda y la DIAN.

Dudas sobre la devolución del IVA a los hogares vulnerables

Los liberales también expresaron inquietudes frente al mecanismo EfectIVA, propuesto por el Gobierno para devolver parte del impuesto a determinados hogares de menores ingresos.

La preocupación está relacionada con los requisitos de focalización, los límites de devolución y la dependencia de la facturación electrónica. Según el partido, estas condiciones podrían dificultar que la compensación llegue a tiempo a familias que compran sus alimentos en plazas de mercado y tiendas de barrio, donde no siempre existe acceso a esos sistemas.

La colectividad considera que el Gobierno debe demostrar que el mecanismo garantizará una devolución suficiente y oportuna para quienes resulten afectados por los nuevos gravámenes.

El Partido Liberal llevará propuestas al Congreso

La Dirección Nacional y la bancada liberal anunciaron que participarán en la discusión legislativa con propuestas de modificación respaldadas por análisis jurídicos, económicos y fiscales.

El pronunciamiento se conoce en medio de las conversaciones entre el Gobierno y las bancadas del Congreso para revisar los artículos más controvertidos de la Ley de Rescate Económico. La iniciativa contempla medidas para aumentar los ingresos del Estado y ajustar las finanzas públicas, pero varios sectores políticos han manifestado reparos frente a los impuestos que recaerían sobre productos de consumo cotidiano.

La discusión deberá definir si se mantienen los cambios tributarios propuestos, si se introducen excepciones para determinados alimentos e insumos o si el Ejecutivo acepta alternativas de recaudo planteadas por los partidos.

Por ahora, la posición liberal deja abierta la negociación de la reforma, pero plantea una condición central: revisar el impacto de los nuevos impuestos sobre los hogares, el comercio y la producción nacional antes de avanzar con su aprobación.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una variación mensual del 0,20 %, mientras que el acumulado entre enero y octubre alcanzó el 5,94 %.

Entre las divisiones que registraron los mayores aumentos anuales aparecen restaurantes y hoteles, con 9,39 %; educación, con 7,44 %; salud, con 7,37 %; alimentos y bebidas no alcohólicas, con 7,31 %; y muebles y artículos para el hogar, con 6,60 %.

Uno de los incrementos más pronunciados se presentó en la papa, cuyo precio aumentó 98 % frente a octubre de 2025. También registraron alzas las frutas frescas (15,90 %), la carne de res y sus derivados (13,31 %), el transporte urbano (10,65 %) y las comidas en establecimientos de servicio a la mesa (9,47 %).

El impacto fue mayor en los hogares vulnerables, que registraron una inflación anual del 6,39 %, seguidos por los hogares pobres, con 6,34 %. Para la clase media fue del 6,32 %, mientras que los hogares de ingresos altos tuvieron una variación del 6,20 %.

Las cifras reflejan que el costo de vida continúa presionando especialmente los gastos de alimentación, educación, salud y consumo fuera del hogar.

Barranquilla cerró cuatro días de actividad comercial alrededor del sector automotor con los resultados de Autofest 2026, feria que registró cerca de 11.100 visitantes y una proyección superior a los 1.500 vehículos vendidos.

El evento, organizado por Fenalco y Corferias, reunió a más de 50 marcas, 24 concesionarios y nueve entidades financieras, que presentaron diferentes alternativas para quienes buscaban comprar un vehículo, comparar modelos o acceder a financiación.

Las cifras entregadas por los organizadores reflejan el movimiento comercial que tuvo la feria y el interés de los compradores por conocer las nuevas opciones disponibles en el mercado automotor de la región Caribe.

Yilda Castro, directora ejecutiva de Fenalco Barranquilla, destacó los resultados y señaló que la proyección de ventas evidencia la respuesta del público y la actividad de las empresas participantes.

Híbridos, eléctricos y vehículos de alta gama

Una de las principales características de esta edición fue la presencia de automóviles híbridos y eléctricos, segmentos que ocuparon un espacio importante en la exhibición.

Los visitantes pudieron conocer modelos con nuevas tecnologías de movilidad, comparar sus características y recibir información sobre sus prestaciones y alternativas de adquisición.

También tuvieron protagonismo los vehículos de alta gama, con propuestas enfocadas en diseño, comodidad, tecnología y rendimiento.

Autofest estrenó salón de camiones y utilitarios

Otra de las novedades fue la incorporación de un espacio dedicado a camiones y vehículos utilitarios, dirigido especialmente a empresarios, comerciantes y transportadores.

De acuerdo con Lorena Núñez, jefe de proyectos de Corferias Caribe, este salón contó con más de ocho marcas representadas por cinco concesionarios.

La ampliación de la oferta permitió incluir vehículos destinados al transporte de carga y a diferentes actividades productivas, extendiendo el alcance comercial de la feria más allá de los automóviles particulares.

Lanzamientos y actividades para los visitantes

Durante los cuatro días también se realizaron presentaciones de nuevos modelos y lanzamientos de marcas. La programación incluyó simulaciones de conducción y espacios de conversación con especialistas en los stands.

Los asistentes recibieron información sobre las tendencias del mercado, las diferencias entre tecnologías híbridas y eléctricas y las características de los vehículos exhibidos.

Con cerca de 11.100 visitantes y una proyección de más de 1.500 unidades comercializadas, Autofest 2026 terminó su programación como una de las principales vitrinas comerciales del sector automotor en Barranquilla y el Caribe colombiano.

La medida quedó establecida en la Resolución 000033 del 30 de octubre de 2026, mediante la cual se modificaron las obligaciones de reporte de información tributaria.

Entre los datos que deberán suministrar los obligados a reportar figuran la identificación del prestamista y del deudor, la modalidad del crédito, los desembolsos realizados durante el año, los intereses cobrados, las comisiones, los abonos a capital y el saldo pendiente al cierre del periodo fiscal.

La información también incluirá datos de codeudores y terceros que respalden las obligaciones financieras.

¿Desde qué monto se deben reportar los préstamos?

La obligación de reporte se activa cuando los desembolsos acumulados durante el año o el saldo pendiente superen las 24 Unidades de Valor Tributario (UVT) por cada prestatario.

Para cumplir con este requisito se utilizará el Formato 1026, versión 7.

Sin embargo, la disposición tiene un alcance específico: no significa que todos los colombianos deban ingresar a la plataforma de la DIAN para registrar los préstamos que realizan o reciben.

La responsabilidad recae sobre personas naturales, empresas y entidades que estén obligadas a presentar información exógena y cumplan las condiciones establecidas por la regulación.

Tampoco se crea un nuevo impuesto sobre el dinero prestado ni una obligación individual adicional para quienes reciben créditos.

¿Cuándo comenzará a regir la medida?

Los nuevos requisitos corresponden al año gravable 2027. Esto significa que las operaciones realizadas durante ese periodo deberán reportarse en 2028, dentro de los plazos que establezca la DIAN.

Con esta modificación, la autoridad tributaria contará con más información para cruzar datos sobre préstamos, movimientos de capital y obligaciones financieras, con el propósito de identificar posibles inconsistencias tributarias.

La medida también permitirá tener mayor trazabilidad sobre operaciones de préstamo entre personas y empresas, especialmente cuando los recursos y las deudas no coincidan con la información declarada ante la autoridad fiscal.