La fortaleza, construida hace más de 170 años para proteger la entrada a la antigua bahía de Sabanilla, es considerada Patrimonio y Bien Cultural de la Nación. Sin embargo, el paso del tiempo, las condiciones ambientales y las dificultades para ejecutar intervenciones autorizadas han generado preocupación por el futuro del inmueble.

El colapso de una de las paredes volvió a poner sobre la mesa una pregunta que preocupa a habitantes y defensores del patrimonio: ¿podría el Castillo de Salgar terminar corriendo la misma suerte que el antiguo muelle de Puerto Colombia?

Castillo de Salgar: cuando la lluvia nos recuerda que el patrimonio también necesita protección

Un residente del sector cuestionó que el deterioro sea atribuido únicamente a las lluvias y señaló que, en su opinión, la falta de acciones oportunas de las diferentes administraciones también habría contribuido al estado actual de la estructura.

La Gobernación reconoce la gravedad

Jorge Ávila Pareja, gerente de Proyectos Urbanos de la Gobernación del Atlántico, reconoció que la situación del Castillo es “crítica” y explicó que durante la administración anterior existieron dificultades para intervenir el inmueble debido a los permisos requeridos por el Ministerio de las Culturas.

Según el funcionario, durante aproximadamente un año se adelantaron gestiones para obtener el acompañamiento y las autorizaciones necesarias para desarrollar las obras de recuperación.

La Gobernación sostiene que ahora se trabaja con asistencia técnica del Ministerio para estructurar un nuevo proceso especializado de consolidación de las ruinas y recuperación de las fachadas y exteriores, siguiendo las recomendaciones formuladas por expertos.

Más de $3.300 millones para iluminación

Mientras se define la intervención estructural, la administración departamental informó que ya fue contratado, a través de Puerta de Oro, un proyecto para ejecutar obras eléctricas destinadas al mantenimiento y adecuación del sistema de iluminación interior y exterior del Castillo.

La inversión anunciada asciende a $3.363 millones, y contempla trabajos sobre la red de media tensión, una subestación eléctrica, una planta de respaldo, redes de baja tensión y sistemas de puesta a tierra.

También se contempla la renovación de la iluminación de la fachada, los parqueaderos y los jardines del inmueble.

Las obras serán ejecutadas por Alumbrado Público del Atlántico S.A.S., una sociedad de economía mixta, y comenzarán una vez sea contratada la interventoría correspondiente.

Fuertes lluvias provocan daños y colapso de una pared del Castillo de Salgar

Recuperación por etapas

La Gobernación plantea que la recuperación del Castillo se desarrolle de manera progresiva. El primer objetivo será garantizar la estabilidad de las estructuras existentes y recuperar fachadas y espacios exteriores.

Posteriormente, se buscaría vincular a inversionistas y operadores privados para intervenir los espacios interiores y devolverle al inmueble una función activa como escenario cultural, gastronómico y de eventos.

El proceso vuelve a poner en discusión la necesidad de proteger oportunamente el patrimonio histórico del departamento. Mientras avanzan los trámites y se estructuran las nuevas obras, el deterioro de la estructura mantiene abierta la preocupación entre habitantes y defensores del patrimonio.

La gran pregunta ahora es si las intervenciones llegarán a tiempo para evitar que el Castillo de Salgar termine convertido en otro símbolo del patrimonio perdido del Atlántico.

Las fuertes lluvias que recientemente azotaron al departamento del Atlántico volvieron a poner frente a nuestros ojos una realidad que no podemos seguir ignorando: el deterioro y la vulnerabilidad de nuestro patrimonio arquitectónico.

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En Puerto Colombia, una de las paredes del histórico Castillo de San Antonio de Salgar colapsó como consecuencia de las intensas precipitaciones, generando preocupación entre habitantes, visitantes y quienes hemos dedicado parte de nuestra labor a conocer, proteger y divulgar el patrimonio cultural de nuestro territorio.

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Más allá de la imagen de una pared caída, lo sucedido debería llevarnos a una reflexión: ¿qué estamos haciendo para garantizar que nuestros bienes patrimoniales puedan sobrevivir al paso del tiempo, a las condiciones ambientales y a los fenómenos naturales?

El Castillo de Salgar no es una edificación cualquiera. Es un Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, declarado mediante la Resolución 799 del 31 de julio de 1998. Forma parte de la memoria construida que permite comprender la historia de Sabanilla, Puerto Colombia, el comercio, la navegación y las transformaciones económicas y territoriales del Atlántico.

Por eso, cuando una de sus paredes colapsa, no solamente se pierde un elemento físico de una construcción histórica. También se deteriora una parte del relato que hemos heredado.

Restaurar no es suficiente

Durante los últimos años se han realizado diferentes esfuerzos institucionales alrededor del Castillo. En 2011, la Gobernación del Atlántico entregó el inmueble en comodato a Comfamiliar con el propósito de recuperar y restaurar la edificación y convertirla en un atractivo turístico. Posteriormente, en 2022, se adelantaron trabajos de mantenimiento y restauración, además de estudios y diseños para su recuperación y funcionamiento como espacio turístico y cultural. También fue aprobado por el Sistema General de Regalías un proyecto por más de $1.615 millones.

Es decir, el Castillo no ha estado fuera de la agenda pública. Precisamente por eso, el reciente colapso debe servir para preguntarnos qué sigue.

En materia de patrimonio no basta con restaurar una edificación una vez. La conservación debe entenderse como un proceso permanente que incluya mantenimiento preventivo, monitoreo, estudios técnicos, manejo del entorno y un modelo de gestión sostenible.

El clima, la humedad, el viento, el salitre, las lluvias intensas y la erosión son factores que deben ser considerados integralmente. El propio diagnóstico ambiental del territorio ha advertido procesos relacionados con erosión costera y movimientos en masa en el sector. Por ello, cualquier intervención debe mirar más allá de los muros del Castillo y comprender también el paisaje que lo rodea.

Del monumento al territorio

En este contexto adquiere importancia una propuesta para recuperar el Castillo mediante un modelo de comodato. Convertirlo en un espacio cultural, turístico y accesible, con museo histórico, centro de interpretación, salas de exposición, espacios para artistas, gastronomía y recorridos patrimoniales.

También integrarlo a rutas como “Del Ferrocarril al Castillo”, además de recorridos naturales, paisajísticos y artísticos.

Esta visión permite entender algo fundamental: el Castillo no debe ser visto como un monumento aislado, sino como parte de un territorio patrimonial.

Llegar al Castillo debería significar también conocer la historia de Sabanilla, la Batería, el antiguo sistema ferroviario, Puerto Colombia, su muelle y la transformación de este territorio como puerta de entrada y salida del Caribe colombiano.

Como guía turístico profesional considero que un recorrido patrimonial no consiste solamente en señalar edificios y contar fechas. Consiste en establecer conexiones entre arquitectura, paisaje, comercio, navegación, infraestructura, inmigración, ferrocarril y desarrollo urbano.

El visitante no debería limitarse a contemplar el paisaje desde el acantilado. Debe poder comprenderlo.

Una oportunidad para hacer las cosas de otra manera

La propuesta debe contemplar además un componente de accesibilidad universal, con rampas, señalización táctil, Braille, pictogramas, materiales audiovisuales y formación de guías en Lengua de Señas Colombiana. El patrimonio debe ser, ante todo, un derecho cultural accesible para todos.

Sin embargo, cualquier proyecto que se adelante en el Castillo debe partir de una condición fundamental: su valor patrimonial debe estar por encima de cualquier modelo de explotación comercial.

La actividad turística, gastronómica, artística o de eventos puede contribuir a la sostenibilidad económica del inmueble, pero debe estar subordinada a su conservación, a sus valores históricos y arquitectónicos y a las autorizaciones y criterios técnicos correspondientes para un Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.

El turismo debe ayudar a conservar el patrimonio, no convertirlo en una víctima del turismo.

La pared que cayó debe convertirse en una señal

Hoy la pared caída del Castillo puede convertirse simplemente en una noticia que desaparezca cuando terminen las lluvias. O puede convertirse en una señal de alerta.

Una señal que nos recuerde que el patrimonio necesita mantenimiento permanente; que los estudios deben convertirse en obras; que las obras necesitan seguimiento; que la restauración debe estar acompañada de gestión y que la comunidad debe ser parte activa de ese proceso.

El Castillo de Salgar tiene la posibilidad de convertirse nuevamente en uno de los grandes referentes culturales y turísticos del Atlántico. Pero para lograrlo no basta con recuperar su apariencia. Hay que recuperar su significado.

Conservar el patrimonio no significa congelarlo en el tiempo. Significa permitir que siga hablando con las nuevas generaciones.

El reciente colapso de una de sus paredes debe servirnos para actuar antes de que otra parte de nuestra historia desaparezca.

El Castillo de Salgar necesita una nueva oportunidad, pero sobre todo necesita una visión de largo plazo, en la que arquitectura, patrimonio, cultura, turismo, medio ambiente y comunidad trabajen juntos.

Las intensas precipitaciones que azotan este lunes a Barranquilla y su área metropolitana representan un examen crítico para las megaobras en ejecución en el departamento. En particular, la atención se concentra en la actualidad del deprimido de la Unidad Funcional 2 en la denominada Gran Vía, un punto neurálgico donde las alertas de la ciudadanía están a la orden del día.

A medida que el fuerte aguacero avanza sobre la zona, el clamor generalizado entre los usuarios de la vía y los habitantes del sector resume el temor latente ante cada temporal: esperemos que funcionen los desagües.

Uno de los hechos que mayor preocupación generó ocurrió el pasado sábado en el histórico Castillo de Salgar, donde una de las paredes de la emblemática edificación colapsó, aparentemente como consecuencia de las intensas precipitaciones.

El fortín, considerado uno de los principales referentes patrimoniales y turísticos de Puerto Colombia, presentó afectaciones que deberán ser evaluadas por las autoridades para determinar el alcance de los daños y las medidas necesarias para evitar un mayor deterioro.

La situación cobra relevancia debido a que la estructura ya estaba contemplada dentro de los planes de intervención de la Gobernación del Atlántico. Días atrás, el secretario general de la administración departamental, Pedro Lemus, había señalado que se adelantarían acciones para recuperar y proteger el histórico monumento.

Tras el colapso, la Alcaldía de Puerto Colombia y la Gobernación del Atlántico adelantan la evaluación de las afectaciones y analizan las acciones que permitan acelerar los trabajos de recuperación y conservación del Castillo de Salgar.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en la protección de este patrimonio histórico frente al paso del tiempo, el deterioro de sus estructuras y los efectos de las condiciones climáticas.

Una jornada de pesca que quedará en la memoria de una familia de tradición pesquera en Puerto Colombia, Atlántico, terminó con la captura de un imponente ejemplar de wahoo, una de las especies más veloces y apreciadas por los pescadores deportivos del océano.

El histórico momento ocurrió este 27 de septiembre en el Bajo del Darién, reconocido durante generaciones como uno de los principales caladeros y una de las despensas pesqueras tradicionales de Puerto Colombia.

De acuerdo con el relato de Luis Jaime Marimón, la captura tuvo un significado especial para la familia, pues habían transcurrido casi 20 años desde la última vez que consiguieron capturar un wahoo en estas aguas.

La especie es conocida por su velocidad, fuerza y comportamiento durante la pesca, características que la convierten en uno de los grandes trofeos para quienes practican la pesca deportiva.

Y esta vez, la hazaña no ocurrió en algunos de los puntos que tradicionalmente son mencionados por los pescadores de la zona. El escenario fue el legendario Bajo del Darién, un lugar ligado a la historia pesquera de Puerto Colombia y a generaciones de hombres que han encontrado en el mar su sustento.

La captura representa mucho más que un ejemplar de gran valor para la pesca deportiva. Para sus protagonistas, es también un homenaje a los ancestros pescadores porteños y a una tradición que continúa pasando de generación en generación.

Después de casi dos décadas de espera, el wahoo volvió a convertirse en protagonista de una jornada que la familia difícilmente olvidará. Un auténtico trofeo de campeonato pescado en aguas del Caribe colombiano.

Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo en la vía Oriental, en jurisdicción del municipio de Santo Tomás, Atlántico, dejó un saldo de dos personas muertas.

De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, el siniestro involucró una motocicleta y un motocarro, vehículo que terminó incinerado luego de la colisión.

Las víctimas fueron identificadas como Ángel Alfredo Truyol Caballero, de 58 años, y Víctor Enrique Muñoz Arévalo, de 22 años, ambos residentes en el municipio de Palmar de Varela.

Tras el accidente, unidades de la Policía Nacional brindaron apoyo al personal de Tránsito Municipal, que se desplazó hasta el lugar para realizar los actos urgentes y adelantar los procedimientos correspondientes.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente las causas exactas que provocaron el choque ni las posibles responsabilidades de los conductores involucrados.

La investigación quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer cómo ocurrió el siniestro y determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia vial en la vía Oriental.

La mujer permanecía internada en el centro asistencial por complicaciones asociadas a tuberculosis. Según relató su madre, Carmen Mujica, la dejó hospitalizada durante la noche del martes y recibió una llamada en la mañana del miércoles informándole que su hija había sido encontrada muerta fuera del hospital.

La institución informó que puso a disposición de las autoridades el material probatorio y las grabaciones de seguridad requeridas para avanzar en la investigación.

“Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, la E.S.E. ha adelantado las actuaciones administrativas correspondientes para recopilar, verificar y analizar la información del caso, en constante respeto del debido proceso y sus competencias institucionales”, señaló el hospital.

La entidad agregó que fueron activados los mecanismos internos y convocados los comités correspondientes para realizar las verificaciones necesarias y determinar las actuaciones que procedan de acuerdo con los resultados.

Por su parte, Carmen Mujica pidió esclarecer cómo su hija pudo salir del centro asistencial y terminar en una zona enmontada.

“Yo dejé a mi hija amarrada de manos y de pies en el hospital de Malambo porque ella no podía caminar y se quitaba el oxígeno. La tenía hospitalizada por tuberculosis”, relató la mujer.

Según su testimonio, un policía la contactó para pedirle que acudiera a reconocer un cuerpo. Inicialmente, la madre manifestó que no podía tratarse de su hija porque, según aseguró, ella no podía caminar. Sin embargo, al llegar al lugar confirmó que se trataba de Dayana.

Ahora, las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que la mujer salió del hospital, cómo llegó hasta el sitio donde fue encontrada y las causas exactas de su muerte.

El Hospital de Malambo aseguró que continuará colaborando con las autoridades y atendiendo los requerimientos que sean formulados dentro de la investigación.

Triple A informó que sus equipos técnicos trabajan en la atención de la emergencia y realizan las labores necesarias para normalizar la operación del sistema.

En Barranquilla, la suspensión del servicio afecta sectores como San Isidro, Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Loma Fresca, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, La Victoria, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, El Santuario, La Alboraya, Recreo, El Ferry, Pasadena, La Chinita, Simón Bolívar, Universal I y II, Los Laureles, Bella Arena, Villa Blanca, Buenos Aires, Las Palmas, El Limón, Tayrona, El Parque, San Nicolás, José Antonio Galán, La Magdalena, El Campito, Alboraya y El Milagro.

También se encuentra afectada la calle 30, en la acera par, entre las carreras 2 y 8, de acuerdo con el reporte de la empresa prestadora.

En Soledad, la interrupción comprende sectores como Bella Murillo, la calle 30 entre la carrera 36 y la Circunvalar, Ciudadela Metropolitana —en un sector—, Costa Hermosa, Los Cusules, El Parque, El Río, El Tucán, Estadio, Hipódromo, La Arboleda, La Inmaculada, La Rivera, Las Ferias, Las Gaviotas, Las Margaritas, Las Moras, Las Trinitarias, Los Arrayanes, Los Balkanes, Los Laureles, Los Mangos, Primero de Mayo, Puerta de Oro, Salamanca, Santa Inés, Simón Bolívar, Sitio Hermoso, Soledad 2000 —en un sector— y el Terminal de Transportes.

La afectación también alcanza a Urbanización Villas Las Moras, Victoria, Villa Zalamar, La Aragón, Villa Cecilia, Villa Las Moras, Villa Severa, Vista Hermosa, Normandía, Ciudad del Puerto, Ferrocarril Calle 30, Nuevo Éxito, Río de Aguas Viva y Urbanización Los Puertos.

Triple A señaló que, una vez sea normalizada la operación del sistema de bombeo, el servicio de acueducto comenzará a restablecerse de manera gradual en las zonas afectadas.

Mientras avanzan las labores técnicas, la principal recomendación para los usuarios es mantenerse atentos a los canales oficiales de Triple A para conocer la evolución de la situación y el proceso de recuperación del servicio.

Esta vez, la discusión gira alrededor de una pregunta concreta: ¿quién tiene actualmente la responsabilidad de intervenir la estructura?

La Alcaldía de Soledad sostiene que la respuesta está en documentos oficiales que, según la administración municipal, identifican el puente como una infraestructura a cargo del departamento.

De acuerdo con el inventario correspondiente a la entrega de infraestructura realizada en 2008, el denominado “puente peatonal (INEM)” aparece registrado expresamente como “a cargo del departamento”.

La administración municipal también cita el Acta ANI-INVIAS del 24 de julio de 2024, documento en el que se habría dejado constancia del avanzado deterioro de la estructura y de que esta no hizo parte de la infraestructura entregada, precisamente por tratarse, según ese registro, de un bien departamental.

A esto se suma un radicado de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), fechado el 9 de junio de 2026, mediante el cual, según la Alcaldía, se reiteró que el puente no hacía parte de la concesión 008 de 2007.

Una estructura que lleva años en deterioro

El puente tendría más de tres décadas de construido y en diferentes momentos ha sido objeto de cierres preventivos.

Desde junio de 2024, inspecciones realizadas por la Secretaría de Obras Públicas de Soledad habrían advertido condiciones como corrosión en elementos de acero, pérdida de concreto y deterioro general de la infraestructura.

El problema no se limita al estado físico del puente.

Con el paso peatonal inhabilitado, estudiantes, trabajadores y demás usuarios se han visto obligados a cruzar la calle 30 directamente por la calzada, en un corredor caracterizado por un elevado flujo vehicular.

La situación adquirió mayor preocupación el pasado 17 de septiembre, cuando un menor resultó atropellado mientras intentaba cruzar la vía, según lo reportado por las autoridades locales.

La Secretaría de Educación de Soledad ha señalado, además, que más de 8.500 estudiantes de al menos cuatro instituciones educativas, entre ellas el INEM y el ITIDA, se movilizan diariamente por este sector.

El plantón que volvió a poner el problema en primer plano

Este lunes 21 de septiembre, padres de familia y miembros de la comunidad realizaron un plantón que ocasionó el cierre temporal de la calle 30 en ambos sentidos.

Los manifestantes reclamaron la reconstrucción del puente y pidieron que las autoridades pasen de los anuncios y estudios a una solución concreta.

La protesta también generó afectaciones en la movilidad hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz, poniendo nuevamente en evidencia que el deterioro de la estructura no es solamente un problema de infraestructura, sino también de seguridad vial y movilidad.

Gobernación y Alcaldía mantienen posiciones diferentes

La controversia, sin embargo, no termina con los documentos presentados por la Alcaldía.

Desde la Gobernación del Atlántico se ha señalado previamente que existen estudios y diseños para intervenir el puente y que se vienen estructurando mecanismos presupuestales para ejecutar el proyecto.

Al mismo tiempo, desde la administración departamental se ha planteado que la estructura se encuentra ubicada sobre una vía de carácter nacional cuya responsabilidad estaría relacionada con Invías.

La Alcaldía de Soledad sostiene una posición diferente y considera que la documentación oficial individualiza la responsabilidad sobre el puente como departamental.

Por eso, el debate no parece estar únicamente en quién tiene la razón, sino en determinar qué dicen exactamente los actos administrativos, inventarios, actas y competencias vigentes sobre la estructura.

Las preguntas que siguen sin una respuesta clara

Mientras las entidades discuten las competencias, la estructura continúa cerrada y los estudiantes siguen expuestos al riesgo de cruzar una vía de alto tráfico.

Y allí aparecen varios interrogantes que reclaman respuestas oficiales:

Si desde 2008 el puente aparece registrado como infraestructura a cargo del departamento, ¿por qué después de tantos años continúa sin una intervención definitiva?

Si en 2024 ya se había documentado una condición extrema de deterioro, ¿qué acciones concretas se adoptaron desde entonces?

¿Qué entidad tiene actualmente la competencia legal y presupuestal para reconstruir el puente?

Si existen estudios y diseños, ¿en qué estado se encuentra el proyecto y cuál es el cronograma real para su ejecución?

¿Qué ocurrió con la etapa precontractual que, según la Alcaldía, se habría adelantado en 2025?

Y mientras Gobernación, Alcaldía, ANI e Invías determinan responsabilidades, ¿quién responde por la seguridad de los miles de estudiantes y peatones que deben atravesar la calle 30?

La discusión administrativa puede continuar, pero para las familias que utilizan diariamente este corredor el problema es inmediato: el puente está cerrado, la vía sigue operando con alto flujo vehicular y todavía no existe una solución estructural terminada.

El reto ahora está en que las entidades involucradas hagan públicos los documentos que sustentan sus respectivas posiciones y definan, sin más dilaciones, quién debe ejecutar la intervención y bajo qué recursos.

Porque más allá de la disputa sobre competencias, queda una pregunta que la comunidad mantiene sobre la mesa: ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar el puente del INEM para volver a ser una ruta segura para los estudiantes?

Entre los grupos con presencia e influencia política en la región aparece la familia Torres, una estructura con raíces en Puerto Colombia y con integrantes que han ocupado cargos de elección popular, posiciones administrativas y espacios de representación en el Congreso.

La trayectoria de esta familia ha sido documentada durante años por medios nacionales. Euclides Torres es un empresario y uno de los integrantes con mayor peso económico, mientras que su hermano Dolcey Torres ha desarrollado su carrera política en la Cámara de Representantes. La estructura familiar también incluye al exalcalde de Puerto Colombia Camilo Torres, a la exrepresentante y exalcaldesa Martha Villalba y a Karina Llanos Torres, actual gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico.

En el actual gobierno departamental, una de las figuras que aparece en el centro de esta discusión es Pedro Lemus Navarro, secretario general de la Gobernación.

Lemus no es un recién llegado a la administración pública ni al entorno político de Eduardo Verano. El propio archivo oficial de la Gobernación registra que fue secretario privado durante anteriores períodos de Verano. En 2017, incluso, asumió temporalmente como gobernador encargado mientras Verano se encontraba fuera del país.

Para la actual administración, su papel es particularmente relevante. La Gobernación lo presentó en 2024 como secretario general, destacando su formación en planeación y desarrollo urbano y su experiencia en el sector público. Documentos oficiales recientes también registran su participación como secretario general en actuaciones administrativas del departamento.

Es precisamente esa posición la que, según versiones políticas recogidas para esta radiografía, convierte a Lemus en una figura clave dentro de la estructura administrativa del gobierno departamental.

La lectura política que circula en el Atlántico sostiene que, aunque Lemus mantiene una relación de confianza construida directamente con Eduardo Verano desde administraciones anteriores, también tendría cercanía con la casa Torres y sería una de las figuras de ese sector dentro de la administración departamental.

Esa afirmación, sin embargo, corresponde a una interpretación política y no a una designación oficial de la Gobernación como representante de determinada casa política.

Torres, Villalba y una estructura con presencia en el Atlántico

La relación familiar y política de los Torres y los Villalba ha sido ampliamente reseñada.

Camilo Torres Romero, hermano de Euclides Torres, fue alcalde de Puerto Colombia y posteriormente tuvo participación en la política departamental. Su esposa, Martha Villalba, también fue alcaldesa de ese municipio y representante a la Cámara por el Atlántico.

La siguiente generación amplió la presencia política de la familia. Karina Llanos Torres, sobrina de Euclides Torres, fue diputada del Atlántico durante los períodos 2016-2019 y 2020-2023 y desde 2024 ocupa la Gerencia de Capital Social de la Gobernación. Ese vínculo institucional está confirmado por la propia administración departamental.

Otro nombre relacionado con esta estructura es Pedro Flórez, esposo de Karina Llanos Torres y quien llegó al Senado mediante la lista cerrada del Pacto Histórico en las elecciones de 2022.

Medios como La Silla Vacía y El Espectador han documentado las relaciones políticas y familiares alrededor de esta estructura.

La familia también mantiene una nueva generación en la política. Camilo Torres Villalba, hijo de Camilo Torres y Martha Villalba, fue elegido senador de la República en las elecciones legislativas de 2026 y ha sido presentado por medios nacionales como heredero de esta estructura política y familiar.

Pedro Lemus, el punto de conexión dentro de la Gobernación del Atlántico

En este escenario, el nombre de Pedro Lemus adquiere especial importancia por el cargo que ocupa.

La Secretaría General es una posición estratégica dentro de cualquier administración departamental por su participación en la coordinación institucional y en diferentes procedimientos administrativos.

Pero existe un elemento adicional: Lemus ha acompañado a Eduardo Verano durante varios períodos de gobierno.

Los archivos oficiales muestran su presencia como secretario privado de Verano desde 2011 y nuevamente durante el segundo mandato iniciado en 2016. En ese período también llegó a ejercer como gobernador encargado.

Por eso, cualquier lectura sobre sus vínculos políticos requiere considerar dos dimensiones: su relación directa y documentada con Eduardo Verano y, por otra parte, las versiones que lo ubican dentro del espacio de influencia de la casa Torres.

¿Quiénes aparecen alrededor de esta estructura?

La radiografía política incluye varios nombres que han tenido vínculos familiares, electorales o administrativos con los Torres y Villalba:

Euclides Torres:

Empresario y hermano de Camilo y Dolcey Torres. Su nombre ha sido relacionado durante años con negocios de alumbrado público y contratación, asuntos que han sido objeto de investigaciones y publicaciones periodísticas. Las afirmaciones sobre eventuales irregularidades deben entenderse como asuntos investigados o denunciados cuando así corresponda, no como condenas.

Dolcey Torres:

Representante a la Cámara por el Atlántico y uno de los principales integrantes de la familia en la política nacional.

Él mismo ha rechazado públicamente que Euclides Torres sea su jefe político.

Camilo Torres:

Exalcalde de Puerto Colombia, es hermano de Euclides y Dolcey Torres. Casado con la excongresita, Martha Villalba y padre de camilo Torres Villalba.

Martha Villalba:

Exalcaldesa de Puerto Colombia y exrepresentante a la Cámara por el Atlántico. Es esposa de Camilo Torres, padres de Camilo Torres Villalba,

Karina Llanos Torres:

Actual gerente de Capital Social de la Gobernación del Atlántico y exdiputada departamental.

Pedro Flórez:

Esposo de Karina Llanos y senador de la República, cuya llegada al Congreso en 2022 fue ampliamente relacionada por medios con la estructura política de los Torres.

Pedro Lemus:

Actual secretario general de la Gobernación y antiguo funcionario de confianza de Eduardo Verano, con presencia en varias administraciones del gobernador.

La composición muestra, en todo caso, que la política del Atlántico no puede analizarse únicamente desde los cargos formales. Las relaciones familiares, alianzas electorales y trayectorias compartidas también hacen parte del mapa de poder regional.

La pregunta que queda abierta es hasta dónde llegan actualmente esas alianzas dentro de la administración departamental y cuáles son sus efectos concretos en las decisiones políticas y administrativas de la Gobernación.

Para responderla con rigor sería necesario revisar nombramientos, hojas de vida, contratos, ordenadores del gasto, procesos de selección, convenios y demás documentos oficiales, diferenciando siempre entre una relación política documentada y una atribución de cuotas burocráticas que requiera pruebas adicionales.