La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes le pidió formalmente a la Fiscalía General de la Nación entregar el expediente que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con la masacre de El Aro, ocurrida en 1997.
La solicitud fue enviada este miércoles 26 de agosto por el presidente de la Comisión, Carlos Cuenca, a la fiscal general Luz Adriana Camargo, luego de que el organismo aprobara por unanimidad plantear un conflicto de competencia.
El movimiento se originó en una petición presentada por la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, quien sostiene que la Comisión debería asumir el conocimiento de los hechos que eventualmente se habrían presentado durante el periodo en que el expresidente ocupó la Presidencia de la República.
El argumento está relacionado con una investigación por el delito de concierto para delinquir agravado, cuya presunta actividad habría continuado hasta 2003. Para la Comisión, esto abriría la posibilidad de que algunos de los hechos investigados correspondan a su competencia, debido a que para ese momento Uribe ya era presidente.
En la carta enviada a la fiscal Camargo, Cuenca solicitó que el expediente sea remitido a la Comisión. También advirtió que, si la Fiscalía no acepta la petición, la actuación podría ser enviada a la Corte Constitucional para que determine cuál autoridad debe continuar con el proceso.
La controversia jurídica se produce mientras la Fiscalía avanza en la investigación contra Uribe y después de que fuera reprogramada su diligencia de indagatoria para el próximo 4 de septiembre.
El caso está relacionado con las investigaciones sobre los presuntos vínculos del expresidente con estructuras paramilitares y hechos asociados al Bloque Metro, organización que operaba en Antioquia.
La defensa de Uribe ha cuestionado elementos probatorios incorporados al proceso y ha advertido sobre testimonios que considera desacreditados.
Por ahora, la decisión está en manos de la Fiscalía, que deberá pronunciarse sobre la solicitud de la Comisión y, eventualmente, sobre el conflicto de competencia que podría terminar en manos de la Corte Constitucional.